El TEDH abordará la queja contra España de jueces señalados por soberanistas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene pendiente de trámite una demanda contra España de dieciocho magistrados que consideran vulnerados sus derechos con un artículo del diario “La Razón” en el que se les señalaba como soberanistas y se les identificaba con sus fotos del DNI.

El tribunal informó hoy de que la denuncia por ese artículo titulado “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”, publicado en el periódico el 3 de marzo de 2014, se registró el 26 de abril de 2017.

Aparecían las fotos de DNI de algunos de los magistrados citados, que habían firmado días antes un manifiesto a favor del derecho a decidir en Cataluña.

La Audiencia Provincial de Madrid archivó en 2016 la causa emprendida contra el director del diario.

En el procedimiento en Estrasburgo abierto por Miriam de Rosa Palacio y otros 17 demandantes contra España, los firmantes invocan cuatro artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos referidos a un juicio justo, al respeto a la vida privada y familiar, a la libertad de expresión y a un recurso efectivo.

Según el TEDH, España tiene actualmente 227 casos pendientes, de los cuales 19 corresponden al proceso soberanista catalán.

Hay quince demandas de miembros del colegio electoral catalán creado para el referéndum independentista - declarado ilegal por el Constitucional español - del 1 de octubre de 2017, que se formalizaron entre el 9 de octubre de ese año y el 22 de junio de 2018.

Sobre este asunto, los jueces europeos rechazaron en octubre por “manifiestamente infundadas” las de Montserrat Aumatell i Arnau, que alegaba una violación de su derecho a un juicio justo al no recibir una notificación de la multa por ejercer como miembro del colegio electoral en la consulta del 1-O.

También está pendiente la demanda de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y de otros 75 diputados de Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot que reprochan a España la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlamento catalán del 9 de octubre de 2017.

Ese pleno se convocó para la comparecencia del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para valorar los resultados del referéndum y la declaración de independencia.

Los demandantes estiman que se infringieron los derechos a la libertad de expresión y de reunión recogidos en los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.