Torres-Dulce pide una reforma que facilite las conformidades para descargar a los juzgados

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha propuesto hoy una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar conformidades que descarguen a los juzgados de lo Penal.

Esta es una de las propuestas planteadas por Eduardo Torres-Dulce en el Congreso de los Diputados, donde ha presentado la memoria anual de la Fiscalía General.

Eduardo Torres-Dulce ha explicado que los juzgados de lo Penal se encuentran saturados y que el vigente sistema de conformidades resulta insuficiente para aminorar su carga de trabajo.

El planteamiento de la Fiscalía es potenciar las conformidades permitiendo a los órganos judiciales convocar señalamientos para celebrar comparecencias para dar pie a contactos entre acusación y defensa con citación tan solo de las partes y de los acusados evitando gastos y molestias a testigos y peritos.

También ha propuesto introducir un nuevo artículo en el Código Penal que regule la suspensión de la ejecución de la pena de prisión en casos de multirreincidencia por delitos de conducción en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas y de conducción sin haber obtenido nunca permiso.

El fiscal general estima que hay que acentuar las alternativas reeducadoras del Código Penal en estos supuestos, ampliando las posibilidades de respuesta y ha recordado que la cifra de presos cuyo delito principal es contra la seguridad vial oscila en torno a los 800.

Otra de sus propuestas ha sido reformar la ley penal del menor para posibilitar la instrucción y enjuiciamiento conjunto de delitos de máxima gravedad en que concurran como imputados mayores y menores de edad, para evitar las disfunciones que se generan al practicarse por separado.

Torres-Dulce cree también que hay que modificar la ley sobre conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas para ampliar las posibilidades en las investigaciones penales de acceder a los datos conservados por los operadores, ya que actualmente están “injustificadamente restringidas”.

Ha advertido además de que conviene revisar la ley electoral general al haberse detectado en una causa penal la existencia de una laguna en la regulación del voto por correo que puede dar lugar a manipulaciones.

En cuanto a la actividad de la Fiscalía en el ámbito penal ha recordado que en 2012 se incoaron 5.132.101 procedimientos, un 3 por ciento menos de los que se incoaron en 2011, aunque solo un 10 por ciento generaron un procedimiento completo.

Para Torres-Dulce es significativo que el 57 por ciento de las diligencias previas incoadas responda a delitos contra el patrimonio y el 18 por ciento a delitos contra la vida y la integridad de las personas y que además estos últimos experimentaron un retroceso del 10 por ciento.

En 2012 se confirmó la tendencia menguante del peso específico del terrorismo en la actividad de la Fiscalía, con descenso de causas relacionadas con ETA y la estabilización del terrorismo yihadista, aunque hay un “incipiente activismo anarquista” y del independentismo gallego y en la Audiencia Nacional aumentaron las causas por criminalidad socio-económica organizada.

Ha comentado que se incoaron numerosas causas por delitos de corrupción -aumentaron un 17 por ciento en los tres últimos años-, que “constituye una de las cuestiones que más debilitan la sociedad” y ha asegurado que el Ministerio Fiscal comparte la preocupación de la ciudadanía.

Torres-Dulce ha asegurado que la Fiscalía no permanecerá impasible ante el problema social generado con las participaciones preferentes emitidas por entidades financieras, que han supuesto la “volatilización de ahorros de muchos ciudadanos”.

Respecto al “impacto social” creado por los niños robados ha asegurado que las fiscalías han agotado todas las líneas posibles de indagación y que si las investigaciones no han rendido frutos más prometedores no se ha debido a inactividad.