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CRÓNICA

Almeida, del escaqueo a la carrera para ponerse la medalla

Almeida en una rueda de prensa el 27 de junio.
20 de julio de 2022 22:36 h

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A veces un comité de empresa negocia durante días, semanas o meses para conseguir un aumento de sueldo o mejores condiciones de trabajo. El martes los representantes de los trabajadores de limpieza de Madrid tuvieron que reunirse durante diez horas con la empresa concesionaria del servicio para no morir o no poner en peligro su salud. El capitalismo no te da nada gratis, diría un cínico. Un realista diría algo muy parecido.

La muerte del trabajador José Antonio González de 60 años el sábado por un golpe de calor sufrido el día anterior reveló que el personal estaba realizando su cometido como si este fuera un verano normal. Trabajaban en la calle durante las horas de más calor, bajo el sol y una temperatura cercana a los 40 grados en muchas zonas sin sombra y con un uniforme de poliéster que no transpira nada, lo que agrava su situación.

Ya hubo una ola de calor en el final de la primavera y nadie hizo nada. Ahora ocurrió la desgracia a la que es difícil calificar de accidente, porque tiene poco de accidental.

La primera reacción de José Luis Martínez Almeida fue quitarse el muerto de encima. Literalmente. Afirmó que era responsabilidad de la empresa privada a la que se subcontrató el servicio de limpieza de las calles de Madrid. “Otra de las ventajas de la privatización de los servicios municipales es la externalización de los muertos, que dejan de ser tuyos”, dijo el escritor Juan José Millás.

De hecho, Almeida se sentía tan ajeno a esa desgracia que ni siquiera habló de ella en Twitter para solidarizarse con la familia del fallecido y sus compañeros que trabajan en las calles de la ciudad de la que es alcalde. Tampoco para anunciar cambios que protegieran la salud de esos trabajadores.

El alcalde estuvo tres días desaparecido de la red social, no fuera que le recordaran el tema. Volvió a la actividad el lunes para felicitar a un cocinero por un premio. No pudo escaparse de las preguntas de los medios y ahí fue cuando optó por el escaqueo. Resulta que sí había una Administración que debería haber hecho algo, pero no era el Ayuntamiento de Madrid. “Si se ha producido alguna vulneración de la norma en prevención de riesgos laborales, es la Inspección de Trabajo quien tiene competencia para comprobarlo”, dijo a los periodistas.

Es curioso, pero los barrenderos llevan en su uniforme el logo del Ayuntamiento de Madrid. Será a efectos decorativos, porque el alcalde no se siente concernido por sus condiciones laborales.

La oposición le tuvo que recordar las responsabilidades de la institución que preside. “El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar y proteger la salud de las personas que trabajan para él, porque trabajan para tareas municipales, independientemente de con quién tengan el contrato”, dijo la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. “No podemos desentendernos de ninguno de ellos”, opinó la socialista Mar Espinar.

Almeida comentó que no hacía esas declaraciones con afán “incriminatorio”. Desde luego, alcalde, nadie piensa que el político que se pasó un año haciendo de portavoz nacional de su partido para atizar al Gobierno central se haya dedicado alguna vez a acusar a los demás de no cumplir con sus obligaciones.

El Ministerio de Trabajo envió una circular a las empresas del sector a principios de julio para que activaran medidas contra el calor y protegieran a sus trabajadores. El Ayuntamiento no mostró una preocupación especial. Quizá por esa razón existen las subcontratas. Son el método perfecto para desentenderse de las consecuencias.

Después de esas diez horas de reunión, trabajadores y representantes de Urbaser llegaron el martes a un acuerdo cuyos términos son bastante lógicos, en especial a la hora de cambiar horarios y evitar trabajar por las tardes durante las alertas por calor del nivel más peligroso. El objetivo es reducir el riesgo en la medida de lo posible. El tema de la falta de calidad de los uniformes quedó para una posterior negociación.

En ese momento, se produjo un milagro, un fenómeno sobrenatural en la reacción de Almeida. Ahora que ya había un acuerdo, de repente el alcalde que había pedido que si alguien estaba indignado con la muerte de un trabajador llamara a Yolanda Díaz pasaba a contar que había estado implicado en la búsqueda de una solución desde el primer minuto. Era la hora de ponerse las medallas.

Ningún representante del Ayuntamiento participó en la negociación entre empresa y sindicatos. Aun así, Almeida dijo que el Gobierno local había “instado” a las partes a que firmaran un acuerdo sobre el trabajo durante una ola de calor. “La desgraciada muerte que vivimos el pasado sábado no se puede volver a permitir”, escribió.

Mala redacción del tuit, le tendría que decir su director de comunicación. Da a entender que hasta ahora se ha permitido, lo que en términos de valoración de riesgos es muy probable que sea verdad.

Tuvo que morir una persona para que el alcalde lo tuviera claro. Otro trabajador sufrió el martes un golpe de calor y fue hospitalizado en estado grave.

Almeida es un paradigma del político que asume las maneras del fiscal implacable cuando se trata de dilucidar la responsabilidad de los demás, pero que se comporta como un huérfano desvalido al que no se le puede exigir mucho cuando se trata de las suyas. “Lo que tiene que hacer Pablo Iglesias es ocuparse de las residencias de ancianos como prometió”, dijo durante la pandemia. Sabía que las competencias correspondían exclusivamente a los gobiernos autonómicos, pero la prioridad era acorralar a los adversarios.

Como portavoz del PP, hizo responsable al Gobierno central de los problemas en el suministro de mascarillas por su ausencia o falta de calidad. El mayor escándalo es el que se está investigando en los juzgados sobre la venta a su Ayuntamiento de una partida que sirvió sobre todo para enriquecer a los imputados. Almeida se ha presentado en ese caso como la víctima. Al menos ha quedado probado lo fácil que es engañarle.

El caso del barrendero muerto es también una historia de precariedad. Contaba con un contrato de sólo un mes y se estaba desviviendo para que le renovaran. Había cambiado el turno con un compañero y asumido el horario vespertino, el peor del día. La subcontratación de servicios favorece la existencia de estas situaciones límite.

Un día antes de su muerte, durante una entrevista al alcalde en la Cadena SER, un trabajador entró en directo para explicar sus problemas por el calor. Contó que los sindicatos habían enviado una carta al concejal de Medio Ambiente a principios de junio reclamando cambios con los que reducir los riesgos para su salud. Fue inútil. “A día de hoy, las empresas no han tomado ninguna medida”, dijo.

Los cambios pactados en las condiciones de trabajo llegaron tarde para José Antonio González.

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