Aplazada la declaración como investigado del jefe de la oficina de Puigdemont

Barcelona, 15 jul (EFE).- La juez ha aplazado hasta octubre próximo la comparecencia como investigados de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, y de la secretaria general de Presidencia, Meritxell Masó, por un viaje de 2018 al referéndum de Nueva Caledonia que pagó la Generalitat.

Según han informado fuentes jurídicas, debido a un error en la notificación, Alay no ha recibido la correspondiente citación en su domicilio para acudir a declarar como investigado, lo que su defensa ha alegado en un escrito ante el juzgado.

Ante esa situación, la Fiscalía ha pedido que se aplace la declaración de Alay y también la de Masó, que sí ha acudido esta mañana al juzgado, dispuesta a prestar declaración como investigada, al haber recibido correctamente la citación judicial.

La titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona, que investiga la querella de la Fiscalía por malversación y prevaricación contra Alay y Masó, ha acordado fijar ambos interrogatorios para el próximo 26 de octubre.

La Fiscalía acusa a ambos investigados de los delitos de malversación y prevaricación, por los 4.580 euros que la Generalitat pagó por un viaje de Alay al archipiélago de Nueva Caledonia para asistir como observador al referéndum de independencia celebrado en 2018, en el que los votantes rechazaron independizarse de Francia.

A Masó la acusa de autorizar de forma “manifiestamente arbitraria e injusta” los gastos por valor de 4.580 euros del viaje a Nueva Caledonia, pese a que aquella actividad no se encontraba entre las funciones que tenía atribuidas al frente de la oficina del expresidente catalán.

Josep Lluís Alay es una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando el expresident fue detenido en Alemania, en marzo de 2018, hechos por los que también fue investigado por la Audiencia Nacional, que acabó archivando la causa contra él.

Actualmente, el historiador dirige la oficina de Carles Puigdemont, figura prevista por una ley catalana de 2003 que regula el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalitat.