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Asociación Pro Derechos Humanos exige el fin de la represión en Nicaragua

EUROPA PRESS

MADRID —

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha reclamado este miércoles el fin de la "represión y hostigamiento contra la sociedad civil" y la inmediata liberación de todas las personas, opositores y defensores, encarcelados por ejercer sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, asociación, manifestación o movilización.

En un comunicado, esta asociación ha expresado su preocupación por la situación del país centroamericano, donde, desde que comenzaron las protestas en abril de 2018, se estiman en 350 las personas asesinadas y 2.000 las heridas y torturadas. Más de 80.000 personas han sido forzadas al exilio, y más de 160 personas encarceladas.

La asociación --cuyo presidente es el fiscal Carlos Castresana-- ha denunciado que el Gobierno de Nicaragua ha rechazado las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. La semana pasada, los Veintiocho adoptaron un marco que le permite imponer sanciones individuales --prohibición de viajar a la UE o inmovilización de bienes-- a los responsables de abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil.

Según sus cifras, a 9 de diciembre de 2019 permanecen en prisión 166 personas por haber manifestado su oposición al Gobierno de Daniel Ortega. Además señaña que los detenidos están compartiendo celdas con presos comunes, dado que no están reconocidos como presos políticos, en particular en la galera 16 en la prisión La Modelo de Managua. Asimismo, la asociación se ha hecho eco de denuncias de malos tratos hacia los presos, y falta de atención médica apropiada.

En esta situación, APDHE tiene claro que las medidas adoptadas en el ámbito nacional no han permitido resolver la crisis ni proteger los derechos humanos.

En concreto, señala que, tras el proceso de negociación entre la presidencia de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, las resoluciones judiciales de libertad emitidas a partir del 27 de febrero de 2019 no aclaran la figura jurídica sobre la cual fueron excarceladas las personas, "lo que conlleva importantes limitaciones para su vida jurídica, social y política". Además, el proceso no ha impedido que se produzcan nuevas detenciones arbitrarias y juicios a opositores.

USO TERGIVERSADO DE LA LEY DE AMNISTÍA

En cuanto a la Ley de Amnistía aprobada el pasado 10 de junio, APDHE denuncia que lo que ha hecho el régimen es cambiar los tipos delictivos en los procesos judiciales contra los opositores, de acusaciones de terrorismo a delitos comunes, como por ejemplo el tráfico de armas.

De esta forma, en este momento hay 13 personas con las que "se está utilizando esta ley como mecanismo de represión política, al aplicarla de forma tergiversada a quienes ya habían sido excarcelados". Se trata de personas que ya habían sido detenidas y liberadas anteriormente, como la líder estudiantil Amaya Coppens, detenida por segunda vez el pasado 14 de noviembre, junto a otras 12 personas, cuando acudían a la iglesia San Miguel Arcángel a llevar agua a familiares de presos políticos que llevaban siete días en huelga de hambre.

APDHE también ha denunciado "vulneraciones flagrantes del debido proceso" en algunos de estos casos, como el cambio de juzgado para que los casos recaigan en tribunales sobre los que pesan sospechas de afinidad al Gobierno de Ortega.

Por último, subraya que las personas encarceladas han manifestado a sus familiares y abogados que están sufriendo tratos degradantes y torturas psicológicas, como mantener las luces de las celdas encendidas durante 24 horas al día, falta de agua y alimentación adecuada, y registros corporales varias veces al día.

Así, recuerda que corresponde a los jueces velar por las garantías procesales y a las instituciones penitenciarias garantizar la integridad física y psicológica de las personas bajo su custodia.

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