La Audiencia Nacional abre causa contra el fabricante alemán y el distribuidor español del fármaco que causó ceguera

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha admitido una querella de la Fiscalía contra las tres empresas que fabricaron, comercializaron y vendieron el producto Ala Octa, un medicamento que comenzó a utilizarse hace una década en cirugías de retina y causó ceguera a más de un centenar de pacientes entre 2013 y 2015. La causa se dirige contra el laboratorio alemán Alamedics que fabricó el fármaco, el organismo del mismo país que lo validó —BSI Group— y el distribuidor español —W.M. Bloss—, a los que atribuye indiciariamente delitos delitos contra la salud pública y de lesiones graves.

En el auto, fechado este 5 de febrero, el magistrado indica que los delitos que se van a investigar son competencia de la Audiencia Nacional y que las víctimas son de nacionalidad española por lo que recae la competencia en este órgano judicial. En su resolución, el instructor solicita a la Agencia Española del Medicamento Productos Sanitarios (AEMPS) el listado de todas las personas afectadas en los casos notificados y que se han estudiado en el análisis clínico de ese organismo. 

Requiere también la indicación del centro sanitario donde a cada uno de esos pacientes se les aplicó el Ala Octa. De Jorge acuerda, además, remitir el informe de la AEMPS al médico forense para que elabore un dictamen sobre el tiempo máximo en el que puede considerarse que se ha producido la estabilización de las distintas lesiones con objeto de tener una primera valoración sobre el plazo de prescripción.  

La Fiscalía del tribunal especial abrió el 19 de octubre unas diligencias preprocesales para valorar la posible exigencia de responsabilidad contra las entidades responsables de la fabricación, comercialización, validación y/o utilización de este producto sanitario. Tras llevar a cabo unas primeras pesquisas, esas diligencias quedaron archivadas por la imposibilidad de ejercer la acción contencioso administrativa en este supuesto. Fue entonces cuando se inició una investigación preprocesal de carácter penal al entender que los hechos podían ser constitutivos de los citados delitos. Esas pesquisas se materializaron en una querella que ahora acaba de admitir el juez De Jorge.