La Audiencia Nacional avanza en una nueva vía de financiación ilegal del PP a través de la trama Púnica
Dentro del macrosumario de Púnica, un entramado de corrupción que ha sumado más de 250 millones de euros en contratos con distintas administraciones, muchos de ellos amañados a través de sobornos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha encontrado un hilo del que ha tirado para investigar otro presunto caso de financiación ilegal del PP. Aunque esta rama del caso, la pieza 14 del sumario Púnica, continúa secreta, fuentes de la investigación confirman que las pesquisas apuntan al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y a los sucesivos contratos que le permitieron explotar el restaurante de la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2013 a cambio de más de un millón de euros para su sociedad hostelera, Grupo Cantoblanco.
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han presentado este martes en la Cámara Regional para pedir los contratos. El consejero de Presidencia del Gobierno de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, se ha limitado a decir que los expedientes bajo sospecha rematan en 2013, precisamente el último ejercicio en que el Grupo Cantoblanco explotó el restaurante de la Asamblea, antes de renunciar a la concesión por sus dificultades económicas que derivaron en la quiebra del grupo.
El juez Velasco trata de saber si los contratos de la Asamblea de Madrid fueron amañados y si el PP regional, con mayoría en el Parlamento regional entre 2007 y 2013 recibió mordidas a cambio. El ovillo del que tiran los investigadores es una libreta incautada al cabecilla de la red, Francisco Granados, exmano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid y en el PP regional, con apuntes que recogen pagos por 1,4 millones de euros al entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez. La misma agenda lleva a los investigadores a pensar que otra parte del dinero, 690.000 euros, no llegó nunca a las arcas del partido porque se las repartieron el propio Granados y el alto cargo de OHL, Javier López Madrid.
Velasco ya apuntó hacia otro posible caso de financiación ilegal del PP cuando acordó el registro de la sede del partido en Madrid. El pasado junio en uno de sus autos, el juez adelantó que en la “ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital” que tiene en su poder hay “potentes indicios y datos objetivos” de que Granados recibió fondos para el Partido Popular.
La Guardia Civil busca también bucea en los contratos de la Cámara de Cuentas, el Registro de Fundaciones de la Comunidad, la Consejería de Economía y un protectorado de fundaciones de la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre a empresas de servicios en busca de contratos amañados a cambio de dinero negro. La tesis de los investigadores es que era Granados el que se encargaba de recaudar las mordidas.
La causa que instruye el juez Velasco es la última operación contra la corrupción en que ha llevado a los investigadores a bucear en la supuesta financiación ilegal del PP. Púnica se suma así a Gürtel, al llamado Caja B y a la operación Taula en Valencia que acaba de motivar la imputación de la exalcaldesa Rita Barberá y que hizo dimitir a la mayoría de su grupo de concejales, acusados de blanqueo. Un juez de Ourense indaga además sobre la confesión de un antiguo gerente del partido a sueldo de José Luis Baltar, quien también denunció la financiación irregular del partido. Y otro de La Rioja determinó que la sede del partido allí se pagó con dinero negro.
