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El ‘caso Koldo’ revive el fantasma de la corrupción con el dinero público sin control en lo peor de la pandemia

Imagen de archivo del empresario Luis Medina a su llegada al Juzgado para prestar declaración

Alberto Pozas

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En el primer semestre de 2020 las estadísticas de fallecimientos dejaban cientos de muertos en España por la pandemia de coronavirus. Mientras los ciudadanos permanecían encerrados en sus casas y seguían con terror la evolución de la factura mortal del coronavirus, algunos comisionistas hacían otro tipo de cuentas: negocios millonarios a cambio de mediar con administraciones públicas en la compra de material sanitario. La operación Delorme investiga una supuesta operativa de sobrecostes y comisiones que se ha repetido en otros casos que investigan diferentes juzgados y tribunales: desde el caso Mascarillas del Ayuntamiento de Madrid revelado por elDiario.es hasta otro caso similar en Canarias que examina la Fiscalía Europea.

En todas causas abiertas, sin juicios ni sentencias de por medio todavía, el guion de la obra muy parecido. Un escenario de caos mundial con las administraciones públicas comprando material sanitario a la desesperada en el mercado persa de las mascarillas, los guantes de nitrilo y los trajes de protección. Cargamentos de millones de tapabocas que se quedaban atrapados en una aduana. Hospitales, centros de salud y residencias saturados. Y nadando en aguas turbulentas, los actores: expertos en comercio internacional y empresas del sector. Gente con contactos.

Algunos tenían experiencia y otros eran desconocidos hasta la fecha. Había empresas especializadas en la compra masiva de material sanitario y había empresarios cuyo mejor patrimonio era su agenda de teléfonos. El estado de alarma hizo posible que la compra de mascarillas y guantes con dinero público se hiciera por el procedimiento más rápido y urgente posible, con todo lo que eso acarrea: menos controles, adjudicaciones sin concurso ni publicidad y todo en un escenario en el que era difícil hasta saber si se estaba pagando una barbaridad o si el material que llegaba era el que se había comprado.

Es lo que investiga la Audiencia Nacional en la operación Delorme. Si Koldo García aprovechó su ascendencia en el Ministerio de Transportes, tras años siendo el hombre de confianza del ministro José Luis Ábalos, para facilitar que una empresa concreta, Soluciones de Gestión y Apoyo, consiguiera adjudicaciones millonarias de distintas administraciones centrales y autonómicas. Contratos con precios supuestamente inflados para poder sacar comisiones de las arcas públicas con las que enriquecerse, tanto los empresarios como los intermediarios. A veces, como en el caso de Balears, entregando un material distinto al que se había comprado.

Las mascarillas de Medina y Luceño

Es un guion que se repite en otras causas abiertas y pendientes de juicio. El más notorio es el destapado por elDiario.es: el caso Mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Luis Medina y Alberto Luceño, empresarios sin experiencia conocida en el mundo del material sanitario, llegaron a las tripas del consistorio de José Luis Martínez-Almeida tirando de contactos para ofrecer ayuda y mascarillas llegadas desde China. Primero pasaron por el primo del alcalde, luego por el alto cargo municipal que centralizaba las compras en medio del caos y, finalmente, llegaron al dinero público.

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de presidio para Alberto Luceño y nueve años y diez meses para Luis Medina. Al primero le atribuye delitos de estafa agravada, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. A su entonces socio solo estafa y falsedad. Porque según los investigadores inflaron los precios de tal manera que tuvieron tiempo hasta de engañarse de ellos por el botín de las comisiones. Después de presentarse como expertos en la materia movidos por el altruismo, la realidad demostró que Luceño “ni tenía experiencia significativa en negocios de importación, ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que no actuaba movido por ninguna intención altruista”.

El Tribunal de Cuentas certificó que algunas de las compras realizadas por el Ayuntamiento de Madrid a instancias de estos dos comisionistas fueron las peores que se realizaron en todo el país. Eran las más caras de España, en comparación con otros grandes consistorios. También consiguieron vender guantes y tests. Las mascarillas eran caras, los guantes no servían y los tests no tenían la sensibilidad necesaria. Además falsificaron, según la Fiscalía, documentación para aparentar ser los expertos que afirmaban ser. Todo para, finalmente, embolsarse varios millones de euros en comisiones. El caso está pendiente de juicio.

Las mascarillas de Canarias

Otro juzgado, este de Las Palmas de Gran Canaria, investiga desde julio de 2022 otro supuesto fraude en la compra de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. En este caso por la compra de un millón de mascarillas FFP3 a la empresa RR7 United por parte del Servicio Canario de Salud a cambio de cuatro millones de euros. Nuevamente por la vía de emergencia y nuevamente sin concurso público.

Una empresa del sector de la automoción, sin experiencia ninguna en el sector sanitario y sin capacidad técnica que se ofreció para surtir de mascarillas a los hospitales de las Islas. La mayor parte de las mascarillas nunca llegaron y las únicas que lo hicieron, 900.000 tapabocas procedentes de Etiopía, fueron destruidas en la aduana después de que la Agencia Tributaria Española confirmara con la marca fabricante 3M que eran falsas.

El caso se encuentra a día de hoy bajo investigación a caballo entre el juzgado que admitió a trámite la querella de Anticorrupción y la Fiscalía Europea, que entra en juego cada vez que hay la sospecha de que se vieron comprometidos fondos europeos. Por ejemplo, los Fondos FEDER con los que se sufragaron algunas de estas compras de urgencia. En este caso, en la nómina de acusados por la Fiscalía está el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez; la exdirectora de Recursos Económicos del organismo público Ana María Pérez, y el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7 United S.L. Prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.

Muchos contratos han sido analizados por el Tribunal de Cuentas, tanto en Canarias como en Madrid, un organismo que busca irregularidades contables y que compara precios pero que no puede detectar si hubo algún tipo de acuerdo ilegal o de comisión irregular debajo del mantel del contrato de emergencia. Tanto en el caso de las mascarillas de Madrid como en el caso de Canarias, el Tribunal de Cuentas ha rechazado exigir responsabilidades a nivel económico.

En los últimos días, un nuevo caso similar ha estallado en las islas con una nueva querella de Anticorrupción y una nueva causa en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, se investiga la compra de material sanitario a dos empresas madrileñas por parte del Servicio Canario de Salud por un valor de 22,9 millones entre 2020 y 2021. Según la Fiscalía, por el momento, se investigan posibles delitos contra la Hacienda Pública sin descartar la jueza el abanico habitual de delitos de corrupción.

Las empresas investigadas, según los primeros autos del juzgado, contrataron a una sociedad para hacer las gestiones de la compraventa: una sociedad que tiene como administrador único al presidente de la UD Las Palmas. Según el auto, el presunto delito fiscal del presidente de la UD Las Palmas radica en que Tabaiba habría dotado a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) de 2,37 millones de euros en 2020 y 2,5 en 2021 y que, tras compensar las bases negativas, las cuotas a pagar del Impuesto de Sociedades al beneficiarse de este incentivo fiscal habrían quedado reducidas a 109.000 y 120.000 euros. El auto agrega que los fondos recibidos por esta empresa tenían “únicamente como finalidad beneficiar a Ramírez para lucrarse del suministro de material”. 

Las comisiones del hermano de Ayuso

Tomás Díaz Ayuso trabaja desde hace años en el sector del material sanitario. También es hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En los primeros meses de pandemia cobró comisiones que sumaron 234.000 euros a cambio de su intermediación en la compra de mascarillas por parte de la administración regional madrileña: medió entre la Comunidad de Madrid y la empresa de un amigo de la familia.

El asunto, que a nivel político se tradujo en una guerra civil dentro del PP que terminó con la defenestración de Pablo Casado y la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido, fue investigado por la Fiscalía española y también por la comunitaria. Las dos, después de meses de indagaciones, decidieron archivar el caso sin presentar una denuncia: el precio no fue inflado, no hay pruebas de que las comisiones que cobró Tomás Díaz Ayuso fueran irregulares ni tampoco que hiciera valer su relación familiar con la presidenta para conseguir el contrato.

El archivo es el camino que han seguido algunas de estas causas, no solo la que afectó al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Un juzgado de Madrid archivó hace poco la causa que mantenía abierta desde hace más de un año, a instancias de Vox, contra varios exaltos cargos del Gobierno por varios contratos de emergencia durante el COVID. Su actuación, dijo el magistrado después de más de un año de diligencias, fue “plenamente” legal.

El PP también realizó una batería de denuncias, en respuesta a la investigación contra el hermano de Ayuso, contra empresas, contratos y avales de la pandemia a empresas que, de alguna forma, estaban conectadas con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, incluida la familia del propio Presidente del Gobierno. Todas estaban basadas en informaciones periodísticas y solo una prosperó: la relacionada con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, Koldo García y la hoy bautizada como operación Delorme.

El cobro de comisiones, también en una pandemia, es un trabajo que se mueve en los márgenes de la legalidad. Demostrar que una comisión es ilegal, aunque haya salido de un contrato público, no es tarea fácil para los jueces: tiene que haber existido alguna irregularidad en la adjudicación, existir pruebas de que se favoreció a una determinada empresa y que, en definitiva, el comisionista cobró su dinero por una actividad ilegal y no por una intermediación lícita.

Al igual que en el caso de Medina y Luceño, el caso Delorme indagará en si, en lo peor de las primeras olas de coronavirus, con cientos de ciudadanos muriendo cada día en hospitales, residencias y domicilios, empresarios y personas con contactos se pusieron de acuerdo para saquear las arcas públicas para enriquecerse a costa de la necesidad de material sanitario.

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