El Congreso se resiste a dar nuevos pasos en materia de transparencia

El Congreso de los Diputados ya debería haber tomado medidas para adaptarse a la Ley de transparencia, que entró en vigor el miércoles, y ofrecer en su web mucha más información de la disponible actualmente. Mientras el Senado modificó su reglamento en junio para adaptarse a la nueva regulación, el Congreso, incumpliendo los plazos, aún se lo está pensando. En la Cámara Baja no hay intención de hacer grandes variaciones. El presidente, Jesús Posada, es un firme opositor a abrir la mano a la publicación de nuevos datos como el coste de asesores o el gasto en viajes.

El tema será estudiado en martes por la Junta de Portavoces en base a un informe de tres páginas elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara al que ha tenido acceso eldiario.es. En él se sugiere a los grupos del Congreso las vías que se podrían utilizar para que el Congreso se adapte a las obligaciones de publicidad y acceso a la información que fija la Ley de transparencia y buen gobierno. En principio, la ley establece que las Cámaras y los Parlamentos autonómicos deben regular este tema en sus respectivos reglamentos.

Precisamente, en el Congreso hay abierta desde hace varios meses una ponencia que trabaja en esa reforma. Pero en ninguna de sus reuniones se ha planteado el asunto del encaje en la Ley de transparencia. El motivo que argumentan fuentes de la Mesa, tanto del PP como del PSOE, es que creen que para ello “no es necesario modificar el reglamento” porque es algo que puede hacerse simplemente a través de una proposición de ley presentada por uno o varios grupos de la Cámara y ser aprobada posteriormente por el Pleno.

La última vez que el Congreso modificó su reglamento lo hizo por la vía exprés a través de un acuerdo ejecutivo del presidente del Congreso tras la polémica de los viajes de José Antonio Monago. Aquel acuerdo, impulsado por PSOE y PP, supuso la decisión de que los grupos publicarían de manera global su gasto en viajes cada tres meses.

El primero que parece tener poco entusiasmo por aumentar la transparencia es Jesús Posada, porque cree que la información que actualmente ofrece la web del Congreso en relación a la actividad parlamentaria es ya “muy amplia”. En declaraciones a eldiario.es, Posada reconoce que “habrá pocas novedades”. “En el Congreso estamos muy avanzados. Vamos por delante de la Ley de transparencia porque en la web lo publicamos todo: sueldos, presupuestos, gastos y contrataciones”.

Pese a ello, Posada sigue cerrándose en banda a que la Cámara ofrezca detalles del gasto en viajes de cada diputado. De hecho, en el acuerdo aprobado a mediados del mes pasado, la Mesa tan solo autorizó la publicación trimestral de un listado global de viajes y su coste, sin datos individualizados.

Los ciudadanos, pues, seguirán sin poder obtener esa información de la institución pese a la entrada en vigor de la ley. Solo la conocerán si el diputado en cuestión, a título particular, la quiere hacer pública. Igualmente, tampoco tendrán acceso a saber en qué gasta cada grupo las partidas millonarias que reciben como “subvenciones fijas” y “variables”. Ni se justificarán “los gastos de representación” y de “libre disposición” que cobran los parlamentarios que ostentan cargos en los órganos de las Cámaras.

Algunos diputados han solicitado al Congreso algunos de estos datos –como el de los viajes– para hacerlos públicos en sus fichas particulares o en las webs de sus respectivos grupos. “El presidente nos ha dejado claro, en privado, que no es partidario de que estas peticiones se generalicen. Primero, porque supone mucho trabajo. Y, segundo, para que no haya agravios comparativos y se establezca un ranking de quién es el que más viaja o el que más gasta”, desvela uno de los diputados que ha solicitado esta información personal.

Posada cree que después de que la Junta de Portavoces del martes concrete la fórmula de encaje en la Ley de transparencia, la web del Congreso podría añadir solo “algunas cosas más”. Como, por ejemplo, las nóminas que perciben los letrados de las Cortes y los asistentes de los grupos, unos datos hasta hora desconocidos y que al presidente no le parece que tengan “excesivo interés”.

O “conceptos que vinculen al Congreso con la Administración, no del Congreso como ente político”, como preguntas o informes que hayan solicitado los diputados. Aun así, el presidente de la Cámara Baja dice que está dispuesto a someterse al escrutinio que marque la ley. “Esta es una administración pequeña y se puede controlar mucho mejor que el INEM, por ejemplo”, afirma.

En el documento que va a estudiar el martes la Junta de Portavoces, los letrados parecen estar de acuerdo en buena medida con el presidente porque recuerdan que el Congreso ya ha ido publicando en los últimos años numerosos contenidos relacionados con la transparencia, al publicar el régimen económico de los diputados, los datos sobre su protección social y sus declaraciones de actividades y patrimonio. No obstante, indican que la Cámara, de todas formas, debe poner en marcha y concretar los contenidos del Portal de la Transparencia.

En este sentido, afirman que “se debe reconocer el derecho de todas las personas a acceder a la información pública que obre en poder del Congreso de los Diputados”. Datos “sobre las funciones y actividades de los órganos de la Cámara, grupos parlamentarios, diputados y administración parlamentaria”. Pero con un matiz: siempre y cuando esa información se refiera “a sus actividades sujetas a derecho administrativo, cualquiera que sea el formato o soporte de los contenidos o documentos”.

Los letrados, al igual que Posada, opinan que la Mesa de la Cámara es “el órgano más adecuado para resolver las solicitudes de acceso a la información pública”, para lo que podría contar “con un órgano de asesoramiento y preparación de sus decisiones”. Insisten en este sentido en que se debe determinar “un doble régimen en cuanto al límite del derecho de acceso a la información, diferenciando las solicitudes sobre la actividad parlamentaria de aquellas que se refieran a la actividad de la Cámara sujeta al derecho administrativo”.

Finalmente, en el documento, los letrados recomiendan “establecer un procedimiento para la tramitación de las peticiones que cursen los ciudadanos y para las eventuales impugnaciones y recursos”. El Congreso, como cualquier otro organismo e institución, estará sometido al escrutinio del Consejo de la Transparencia que acaba de constituirse, no sin cierta polémica.

Todas estas “recomendaciones”, a algunos de los portavoces de los grupos de la oposición consultados les parecen “humo”. “Vamos a seguir al arbitrio de lo que decida cada institución”, afirma el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, cuyo grupo ha sido pionero en hacer públicas las nóminas, agendas y gastos de sus viajes. El diputado lamenta que la ciudadanía vaya a tener tantas trabas a la hora de acceder a la información que considere interesante. “Hay informaciones que deberían ser obligatorias sin necesidad de que para conocerlas tengan que ser los propios ciudadanos quienes las pidan. En el Congreso, la información va a seguir siendo muy deficiente”, concluye.