El Congreso pide suspender la venta de armas a Yemen que puedan usarse para cometer “crímenes de guerra”

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados solicitó el miércoles al Gobierno que se paralice la venta de todas las armas que puedan acabar usándose para cometer “crímenes de guerra” en el conflicto armado del Yemen. La propuesta, de Unidas Podemos, obtuvo el apoyo de buena parte de los grupos (Cs, PP, ERC y Bildu) y los votos en contra del PSOE. La ultraderecha se abstuvo en la votación. 

La proposición supone un tímido paso adelante para frenar el uso de armamento español en ese conflicto, principalmente por parte de la coalición formada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. No se pudo aprobar, sin embargo, una resolución que pedía directamente la suspensión de la venta de armamento al régimen de Riad, en línea con lo que han decidido distintos gobiernos europeos durante los últimos años.

“La petición del Congreso supone un aldabonazo para el Gobierno”, señala Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional sobre comercio de armas. “Hasta ahora [el Ejecutivo] se ha empeñado en aplicar la política del avestruz en este tema y se ha negado a aplicar la prohibición de transferencias de armas para cometer atrocidades establecida en el Tratado del Comercio de Armas”.

El pasado abril, una investigación de elDiario.es reveló cómo soldados saudíes que después participan en el conflicto yemení acudieron a dependencias del Ejército español a recibir entrenamiento por parte de empresas privadas como la consultora Everis (ahora llamada NTT Data Spain). También se demostró cómo se ocultaron tanto a la ONU como al Tratado del Comercio de Armas algunas transferencias de material militar a este país. 

Más transparencia en la venta de armas

Otra de las peticiones al Gobierno aprobadas en la Comisión de Defensa del Congreso fue que se avance de una vez en la transparencia sobre la venta de armas españolas. El miércoles se aprobó una resolución en la que se pide al Ejecutivo “continuar avanzando” en la “transparencia en el comercio de armas” mediante la aprobación de una nueva Ley de Secretos Oficiales que “garantice” que las restricciones al derecho de acceso a la información “cumplan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

A día de hoy las deliberaciones y reuniones donde se decide aprobar o suspender la venta de material militar a países inmersos en guerras son secretas gracias a la Ley de Secretos Oficiales. Ni las ONG, ni la prensa ni siquiera los diputados pueden acceder a los motivos que llevan al Ejecutivo a aprobar o suspender un contrato de venta de armamento. 

Respecto a la guerra de Libia, la Comisión de Defensa aprobó una resolución en la que se pide al Gobierno que aplique el “protocolo de verificación” sobre el destino del material militar exportado a países como Irak, Egipto y Turquía ante el riesgo de desvío y/o uso en el conflicto libio. En agosto de 2020 este periódico reveló cómo empresas españolas prestan apoyo logístico a vuelos del ejército turco que trasladan mercenarios a la guerra de Libia con la aquiescencia del Gobierno.