El Defensor del Pueblo rechaza recurrir al Tribunal Constitucional el cálculo del cupo vasco

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, no recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de metodología del cupo vasco para el periodo 2017-2021, que fija un monto de 1.300 millones de euros anuales, al considerar que se ajusta a lo que marca la Carta Magna.

El Defensor del Pueblo ha emitido una resolución, a la que ha tenido acceso EFE, en la que rechaza la solicitud que le habían planteado el experto de la comisión para la reforma de la financiación, Alain Cuenca; el portavoz de la Plataforma Ahora, Gorka Maneiro; y el profesor universitario Víctor Gómez Frías para recurrir la norma ante el TC.

Los tres autores de las quejas sostenían que el método para calcular el cupo vasco vulnera la Constitución y rompe el principio de solidaridad entre territorios y el de igualdad de los ciudadanos de comunidades de régimen común y las forales -Euskadi y Navarra- en el acceso a los servicios públicos.

Fernández Marugán “no pone en duda” que el cupo y su plasmación legislativa suscitan “legítimas y generalizadas dudas sobre su constitucionalidad”, pero puntualiza que éstas “no pueden sostener la inconstitucionalidad por muy legítimas y generalizadas que sean”.

Aunque reprocha “la falta de transparencia” con que se aprobó la ley a finales del pasado año, el Defensor del Pueblo sostiene que “tampoco conduce a inconstitucionalidad que el cupo se haya negociado en un nivel exclusivamente político”, ni que “en el trámite parlamentario únicamente se contrastaran cifras dadas de antemano”.

De igual modo, Fernández Marugán señala que la ley no puede entenderse contraria a la Constitución “porque no haya habido ninguna justificación técnica de su cálculo, ni porque, antes de su tramitación como proyecto de ley, las administraciones responsables de la negociación bilateral no hayan publicado ningún detalle que permita su escrutinio”.

“Es sobre todo la tramitación parlamentaria el lugar y momento idóneos para el examen de la iniciativa legislativa, el lugar y ocasión más aptos para ese escrutinio”, argumenta el Defensor en su texto, fechado el pasado 27 de marzo, dos días antes de que concluyera el plazo para poder recurrir.

Sobre la queja de que se rompe la solidaridad entre territorios, Fernández Marugán no encuentra evidencias que demuestren que el cálculo del cupo “implica necesariamente sobrepasar el margen de diferencias aceptables entre territorios, ni se haya una ruptura del principio constitucional de igualdad”.

“La ley no contiene disposiciones que implican necesariamente desigualdad entre los españoles, ni falta de solidaridad del País Vasco con el resto de las comunidades autónomas”, zanja Fernández Marugán.

El cupo es la aportación que el País Vasco hace cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas, como infraestructuras (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), defensa y representación exterior.

La falta de consenso lo mantuvo congelado durante la anterior legislatura y fue el pasado año cuando se desbloqueó gracias al acuerdo entre el Gobierno central y el vasco por un importe de 1.300 millones de euros anuales.

En virtud de este convenio, que fue apoyado por todas las fuerzas excepto Ciudadanos y Compromís, el Gobierno vasco pagará al Estado 225 millones menos que hasta ahora.

El pacto de revisión del cupo entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el de Iñigo Urkullu se forjó en paralelo al acuerdo que llevó al PNV a apoyar los presupuestos generales del estado del pasado ejercicio.