El Gobierno de Aguirre cambió la ley para facilitar el flujo de dinero negro hacia la caja B del PP

Esperanza Aguirre coloca la primera piedra del hospital de Valdemoro junto al consejero de Sanidad Manuel Lamela

Los investigadores han descubierto un nuevo sistema subterráneo de circulación del dinero negro con destino en la caja B del Partido Popular de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre. Ese sistema, según concluye la Guardia Civil en un informe del caso Púnica, incluía legislar para facilitar que el dinero público de la publicidad institucional atrayera otros fondos de empresarios en beneficio del partido y sus campañas electorales de 2003 y 2007. Según el procedimiento acordado, las empresas de Daniel Horacio trabajaban gratis para el PP y cobraban de empresarios adjudicatarios de la Administración autonómica.

Un informe de la Guardia Civil sitúa por primera vez a Esperanza Aguirre en reuniones de la trama Púnica

Un informe de la Guardia Civil sitúa por primera vez a Esperanza Aguirre en reuniones de la trama Púnica

"Con el objetivo de controlar desde la administración autonómica de la CAM los recursos destinados a la publicidad y las empresas adjudicatarias que realizarían esos trabajos, desde la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de la CAM, dependiente de la presidenta Esperanza Aguirre, se acutó sobre el marco normativo", recoge el informe ordenado por el juez a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En concreto, los agentes señalan la introducción de una disposición adicional en la Ley de Presupuestos para 2006 relativa a la Contratación de Publicidad, Promoción, Divulgación y Anuncios. El cambio otorgaba todo el control del proceso a la Vicepresidencia y Portavocía que ejercía Ignacio González, de tal forma que todos los organismos autónomos de la Comunidad de Madrid, incluida su radiotelevisión pública, deberían "solicitar autorización previa" de González para contratar publicidad y certificarle los "abonos correspondientes", al tiempo que le habilita para "desarrollar el procedimiento" como considerase. La propia Vicepresidencia de Ignacio González dictó una orden, la 4/2006, desarrollando el anterior texto legal.

Dicho y hecho, los agentes de la UCO plasman en su informe las reuniones consecuencia de aquel cambio legal. "Sin poder precisar la fecha exacta, se tiene constancia de la celebración de varias reuniones de trabajo donde participaron, entre otros, los cargos de la CAM, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados (consejero de Presidencia y Justicia), Alberto López Viejo (viceconsejero de Presidencia), Isabel Gallego (directora general de Medios), Manuel Lamela (al frente de Sanidad) y el empresario Daniel Horacio".

Sobre lo que se acordó en esas reuniones declaró Manuel Lamela ante el juez. Dijo que "se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a OVER (empresa de Horacio) en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación. Este testimonio coincide con el del propio empresario, quien en sede judicial afirmó que en esas reuniones se le trasladó que sus "esfuerzos" en las campañas electorales citadas "serían recompensados mediante la adjudicación de contratos públicos", recoge el citado informe.

González y Granados, añadió Horacio, lo redirigieron a distintos cargos de las consejerías de la Comunidad de Madrid para cerrar los contratos y que del asunto de los pagos se encargaría una de las figuras claves de la presunta financiación irregular del PP madrileño, su gerente entonces, Beltrán Gutiérrez. Más adelante, el empresario recibió instrucciones de quién pagaría las cuñas de radio, publicidad en cabinas y faldones de prensa elaborados por sus empesas: los pagadores serían "empresas constructoras adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid".

La declaración del propio Daniel Horacio resultó ilustrativa para los investigadores, que la reproducen en su informe. "La Ley les marca un límite (a la administración), entonces cuando les marca un límite en inversión, tienen que hacerlo por fuera, a este caso, factura a una empresa Pepito que lo pague, porque de esa manera ellos no pasan límite que les autoriza la ley para el gasto electoral. Pero nosotros el servicio lo hicimos para el PP de Madrid, sólo que le facturamos a un listado de empresas que ellos nos dieron, que son empresas conocidas de ellos".

La Guardia Civil se incautó de un pendrive en el domilicio de Beltrán Gutiérrez con los trabajos de los proveedores para el PP en 2007 y los más de 800.000 euros que se les debían. Un total de 88.708,68 correspondían a Over. En este punto ejerce la figura de David Marjaliza, el antiguo amigo de Francisco Granados sobre el que gira buena parte del sumario de la Púnica. Es él quien abona 87.878,16 euros a Over, la práctica totalidad de la deuda del PP con Daniel Horacio.

La publicidad de los hospitales de Aguirre

Otra línea de investigación de este sistema de financiación para el PP se centra en su consejería de Sanidad y en las obras de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Cuatro de las empresas de Horacio fueron contratadas para las campañas de publicidad y marketing para la construcción de esos hospitales y otros centros médicos, que cobraron de constructoras y adjudicatarias. "Se ha observado que los conceptos facturados, a juicio policial, no parecen ir derivados a la publicidad e información de la obra, sino más bien a encumbrar la gestión política que en materia de sanidad se estaba realizando desde la Consejería de Sanidad de la CAM", dice el informe.

En los contratos para la construcción o renovación de los edificios sanotarios se incluyó una cláusula en el presupuesto que establecía que hasta el 1% se debería abonar por parte del contratista en concepto de "publicidad e información de las obras del contrato. Los pliegos, declararon los técnicos que los redactaros, eran tipo y ya incluía la cláusula referida, procedentes de la Consejería de Sanidad. Las empresas publicitarias eran indicadas por Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"La cláusula es, a juicio policial, contraria a derecho y manifiestamente ilegal, y sirvió para el desvío de un porcentaje del presupuesto del contrato con destinio al pago de servicios impuestos desde la consejería de Sanidad", asegura la Guardia Civil.  Una de las constructoras, Dragados, ha admitido que la contratación de Over le "fue aconsejada" por la Comunidad de Madrid.

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26 de abril de 2019 - 23:01 h

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