De los hospitales a las ITV: cuando la privatización de servicios públicos deriva en corrupción

La privatización de los servicios públicos se ha vuelto un terreno propicio para el trato de favor, las comisiones, la prevaricación y la malversación del presupuesto de las administraciones. El corrupto anida en los procesos de adjudicación, se nutre del dinero de todos y muta cuando la Justicia o el negocio obligan a buscar un nuevo servicio público al que parasitar. El propio diccionario de la Real Academia Española explica que la corrupción tiene lugar “en las organizaciones, especialmente en las públicas”. Diferentes sumarios que se han instruído durante los últimos años evidencian que corruptos y corruptores se abren camino en las administraciones públicas y que muchas veces el portal se abre durante un proceso de privatización. Es entonces cuando los adjudicatarios se lanzan a por una parte del pastel comunitario blandiendo muchas veces regalos y comisiones con los que agasajar a la agenda de contactos. La Justicia ya ha sentenciado casos como el del hospital Son Espases en Palma e investiga si pasó lo mismo con el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, las ITV de la Comunidad Valenciana y de Catalunya o la empresa de aguas Emalsa.

El sistema es siempre el mismo y se ha visto en decenas de casos como Gürtel, Púnica o Lezo. Un político o alto cargo público se corrompe y arrastra todo el proceso público de adjudicación para que un empresario se vea favorecido y empiece a gestionar un servicio público que antes era cosa de la administración. A veces el objetivo a la vista es que el proyecto salga adelante cuanto antes y favorezca la carrera política del máximo responsable de la operación. Una práctica compatible con que haya comisiones o dádivas en la sombra o cualquier otro botín menos honorable que el de subir en las encuestas. Las últimas décadas en la España de las privatizaciones han dejado sonoros escándalos, algunos ya juzgados en los tribunales y otros todavía a la espera de sentencia.

La primera piedra de Son Espases

En mayo de 2003, Jaume Matas dejó el Gobierno de José María Aznar y puso toda la carne en el asador para recuperar la presidencia de Balears que había perdido cuatro años antes. Y muchos de sus movimientos en esa campaña electoral han acabado en condena para él: la financiación de la campaña electoral, la promesa de construir el pabellón deportivo Palma Arena e incluso sus discursos en esa legislatura. Sobrecostes, adjudicaciones irregulares, comisiones y todo un catálogo de ilegalidades que le han convertido en uno de los políticos con mayor variedad de condenas de corrupción en su currículum. Su coordinador de campaña, Rodrigo de Santos, ha sido condenado recientemente por abusos sexuales.

Uno de los capítulos más abultados de la actividad corrupta del Partido Popular en Balears tiene que ver con una de esas promesas electorales: el Hospital Son Espases de Palma. Con el objetivo de desalojar al 'Pacte del Progrés' que le había sacado del Consolat de Mar, Matas anunció el final de la 'ecotasa' por dormir en hoteles, puso el foco en la calidad del turismo que llegaba a las islas y anunció que el antiguo hospital de Son Dureta sería sustituido por el de Son Espases.

La decisión de levantar este nuevo hospital, según la Justicia, ya había sido tomada “de antemano” por Matas antes de convertirlo oficialmente en una promesa electoral frente a la intención del Govern anterior de reformar Son Dureta con la empresa Dragados. Todo, incluso los terrenos donde se iba a levantar el hospital, estaba seleccionado previamente por el dirigente del PP. También el botín del adjudicatario una vez construido: la prestación y cobro de decenas de servicios no clínicos como la comida de los pacientes, la limpieza, la seguridad, la guardería y hasta las máquinas de vending. Hoy se sabe que la fallida adjudicación a la UTE liderada por OHL estaba decidida antes de que se reuniera la Mesa de contratación.

Un rosario de irregularidades relacionado con la puesta en marcha de un hospital en Baleares y con la salida al mercado de todos sus servicios no sanitarios. Una de las múltiples promesas electorales de Jaume Matas para recuperar el bastón de mando se tradujo en una condena firme de 10 meses de cárcel y una década de orden de alejamiento de cualquier cargo público. Levantar el hospital de Son Espases y privatizar toda su parte no sanitaria para beneficio económico ajeno y beneficio electoral propio se tradujo en delitos de prevaricación continuada, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

Comunidad Valenciana: procesos “a la carta” para privatizar

Un lustro antes de que el saqueo de Son Espases estuviera en marcha, el Partido Popular ya sabía cómo hacer caja con la privatización. Era 1997 y Eduardo Zaplana afrontaba la segunda mitad de su primera legislatura como president de la Generalitat Valenciana. Una legislatura en la que se afrontó la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que los ciudadanos con coche debían pasar una vez al año y que hasta entonces gestionaba la empresa pública SEPIVA. También se sacaron a concurso en esas fechas varios parques eólicos.

La jueza que ha investigado durante años este caso Erial describió en un auto de hace unas semanas cómo Zaplana y su entorno hicieron todo lo posible para que este servicio privatizado de ITV se convirtiera en el mejor negocio posible. “Concursos a la carta”, dice la jueza en su auto de procedimiento abreviado, previo pago de comisión.

Las empresas de Sedesa, grupo propiedad de la familia Cotino, se llevaron la adjudicación e hicieron un gran negocio con ella: años más tarde, en 2004, vendieron la concesión y ganaron 43 millones de euros, superando la ganancia total los 86 millones, según la jueza.

Los ciudadanos de la Comunitat, mientras tanto, veían como pagaban cada vez más por pasar la ITV. Mientras tanto también, según estas acusaciones, Eduardo Zaplana cobraba un botín de más de 15 millones de euros en comisiones a través de un testaferro.

Este caso Erial de corrupción en torno a la privatización de un servicio público está a las puertas de juicio. El pasado mes de junio la jueza procesó a Eduardo Zaplana, president de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002 y ministro de Trabajo con José María Aznar. Con él irán al banquillo su sucesor en el cargo, José Luis Olivas, y los hermanos José y Vicente Cotino, entre otras personas.

La jueza deja claro que, según su criterio, la maniobra para privatizar las ITV no respondía a ninguna causa económica, solo al enriquecimiento personal de Zaplana y su entorno. “No se ha encontrado en el expediente documento alguno que justifique y avale la privatización de las ITV, tampoco existe estudio económico”, dice la jueza. Solo un cuaderno con explicaciones.

La corrupción en torno a las ITV ya ha sido certificada también por una sentencia, pero en Catalunya. Hace cuatro años Oriol Pujol Ferrusola aceptó una condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales a cambio de favorecer a empresarios, entre otras cosas, en la adjudicación de los nuevos lotes de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Catalunya.

Majadahonda: un hospital en campaña

En la campaña electoral de 2003, Esperanza Aguirre hizo una de sus grandes promesas para asegurarse la presidencia de la Comunidad de Madrid: la construcción masiva de grandes hospitales por toda la región con una gestión mixta, como en Son Espases. La parte sanitaria corría a cargo del sector público y el resto era para las empresas concesionarias. Casi dos décadas después hay dos investigaciones judiciales distintas en torno a esta privatización sanitaria y la puesta en marcha del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Esta localidad madrileña de más de 70.000 habitantes llevaba para entonces varios años dominada por la corrupción. Fue en Majadahonda donde el alcalde Guillermo Ortega entregó la llave de la contratación pública a los cabecillas de la trama Gürtel y donde el Partido Popular se financió irregularmente con 133.628,48 euros.

Años después, ya en 2008, llegó el momento de poner en marcha este Hospital en una inauguración a la que acudieron incluso los reyes de España. Pero para entonces, según los jueces y la Fiscalía, ya se habían cometido varias irregularidades al calor de la parte que gestionaba el sector privado.

Una de ellas tenía que ver con las camas. Un juzgado de Madrid investiga si desde la Consejería de Sanidad se impuso una reducción masiva de camas para que varios cientos de habitaciones fueran individuales y no dobles. En esta causa la Fiscalía Anticorrupción intentó sin éxito que la propia Esperanza Aguirre fuera imputada para explicar si fue suya la orden de que se redujeran drásticamente y de forma irregular las camas de ese hospital. Por ahora otro juzgado ha certificado el agujero de millones de la operación y ha reconocido el derecho de la adjudicataria a cobrar 30 millones de euros por estas camas inexistentes.

Una segunda ramificación corrupta de la puesta en marcha de este hospital de gestión pública y privada se ha traducido en una petición de cárcel por parte de la Fiscalía para el entonces alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, por las licencias del centro hospitalario. Según el Ministerio Público, el hospital se puso en marcha con deficiencias en dos licencias necesarias y el consistorio no hizo nada por remediarlo. Para la Fiscalía, se trata de un posible delito contra la ordenación del territorio.

Las aguas de Las Palmas de Gran Canaria

Lunes 22 de marzo de 1993. Ese día empezó la privatización parcial de Emalsa, la empresa municipal de aguas de Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad perdió el control de la compañía y el consistorio se quedó con un 34% de las acciones. La situación se consolidaba en 2001, entonces con José Manuel Soria como alcalde. Ahora el caso está a las puertas de juicio porque, según la Fiscalía, los socios privados de la compañía usaron su puesto y su mayoría para imponer irregularidades en una veintena de contratos entre 2008 y 2011.

La fiscal del caso pide que 15 imputados sean condenados y que paguen entre todos 23 millones de euros a modo de indemnización. Son directivos, técnicos y miembros del Consejo de Administración de la empresa que gestiona el agua en la ciudad canaria.

Según la Fiscalía, muchos de estos contratos terminaron en manos de una filial de los socios privados de la empresa pública, lucrándose de manera supuestamente irregular y vulnerando “absolutamente” la normativa para amañar la adjudicación de estos contratos. Los métodos eran variados para lucrarse con este servicio privatizado: no publicar los pliegos para que otras empresas no pudieran presentar ofertas o publicarlos con errores. Entre los contratos irregulares figuran los de mantenimiento de la red de alcantarillado, el que ocasionó un mayor perjuicio a las arcas de la sociedad (más de 11 millones de euros), reparación de averías o transporte de lodos.

Un proceso de privatización no es algo ilegal por sí mismo, implicaciones políticas y sociales al margen. Lo dejaron claro los tribunales madrileños cuando en 2014 archivaron definitivamente una querella contra los responsables de la privatización sanitaria madrileña, entre otros los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes. Un auto de la Audiencia de Madrid en el que los jueces señalaron que “difícilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que, en realidad, no son sino discrepancias con criterios políticos o incluso administrativos en cuanto a la gestión de la Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero que difícilmente puede entenderse que revistan naturaleza jurídico-penal”.

No es delito poner en marcha un proceso de privatización sanitaria pero, como demuestran los casos ya sentenciados o bajo investigación, constituyen la oportunidad perfecta para que un corrupto haga negocio con las arcas públicas. Construir y gestionar un hospital, extraer de la gestión pública la Inspección Técnica de Vehículos o sacar al mercado la empresa municipal de aguas son oportunidades doradas para quienes, desde las instituciones o desde las empresas, están entrenados para oler la sangre de los procesos de contratación oscuros.