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¿Qué país deja la izquierda uruguaya a la nueva coalición de Gobierno?

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

EFE

Montevideo —

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Un país con una economía estable pero con un 5 % de déficit fiscal y un desempleo de 8,9 %; con avances en derechos sociales pero con conflictividad sindical a la vuelta de la esquina y problemas de seguridad interna que preocupan a la población. Así es el Uruguay que recibe el nuevo Gobierno.

Este domingo culminó un ciclo de 15 años ininterrumpidos de la izquierda en el poder de la mano del Frente Amplio (FA). Esta fuerza política llegó al poder en 2005 después de más de un siglo de alternancia entre los tradicionales Partido Nacional (PN) y Partido Colorado (PC).

Ahora, una coalición de cinco partidos conservadores, encabezada por el nacionalista Luis Lacalle Pou, venció en las elecciones y deberá tomar el mando de un país muy diferente al que era 15 años atrás.

En aquel entonces, Uruguay estaba saliendo de la crisis económica más dura de su historia, en 2002, y una emergencia social por los altos índices de pobreza y de desigualdad.

Hoy, el país presenta una estabilidad política, social y económica que provoca la admiración de una región completamente caldeada, pero una difícil situación fiscal y altos índices de delitos hicieron que la población decidiera en las urnas un cambio de rumbo.

El Gobierno recién comienza y la atención está puesta en la futura Ley de Urgente Consideración (LUC), que se presentará próximamente a estudio del Parlamento y que buscará hacer los principales cambios para encaminar la gestión de los próximos años.

Con todo esto sobre la mesa, ¿qué país se encuentra el nuevo Gobierno?

DÉFICIT Y CRECIMIENTO

La economía uruguaya está en el ojo de la tormenta. Desde el FA aseguran que la gestión ha sido exitosa mientras que los líderes de la coalición argumentan haberse encontrado con una situación peor a la esperada.

Lo cierto es que hoy se prevé la necesidad de un ajuste fiscal pero aún no hay certezas sobre cuál será el camino que llevará adelante el Gobierno para solucionar esta dificultad.

Según detalla a Efe la gerente senior del Departamento de Asesoramiento Económico Financiero en Deloitte Uruguay, Florencia Carriquiry, en los 15 años de Gobierno frenteamplista el país ha tenido "un desempeño muy bueno" en materia económica aunque desde 2015 a esta parte mantuvo "un crecimiento muy magro".

"Hay una situación fiscal que es bastante problemática en sí misma, máxime en una economía que no está creciendo de manera firme como lo hacía hasta hace algunos años atrás. Estamos con un déficit fiscal de casi 5 puntos del PBI con una dinámica del gasto público que habrá que frenar y hay problemas de competitividad que habrá que atacar", señala la experta.

Aunque para Carriquiry la economía uruguaya ha tenido "un desempeño destacado" si se la compara con la región, no muestra un "crecimiento saludable" y está estancada.

En este sentido, la gerente senior considera que lo que tendrá que cambiar en los próximos años es la dinámica del gasto público para mejorar la situación fiscal.

Por otra parte, asegura que es necesario que el valor del dólar "supere a la inflación de manera sistemática" con devaluaciones de entre 10 % y 15 % por año.

EL DESEMPLEO Y LOS CONFLICTOS SINDICALES

La situación del empleo es una de las que se prevé va a estar en juego durante el próximo quinquenio. La idea de flexibilizar las condiciones laborales preocupa a la central sindical PIT-CNT, cuyos dirigentes ya aseguraron que están listos para manifestar su rechazo si los nuevos cambios los afectan.

El reclamo de los sindicalistas ha girado en torno a los Consejos de Salarios, restituidos por el FA (no habían funcionado desde la década de los 90) cuando llegó al Gobierno. Aunque la coalición de Gobierno asegura que se mantendrán, también expresaron que buscan "flexibilizarlos" y esto hace que la central sindical esté alerta a la espera de lo que suceda.

Además, la coalición considera que la ocupación de los lugares de trabajo no es una extensión del derecho a huelga y por ello pretende dejar de permitir esta práctica y esto despertó la molestia de los sindicalistas.

En esto será clave los cambios que proponga la LUC que todavía no fue llevada al Parlamento.

Si bien de momento no se prevén manifestaciones con la intensidad que han tenido en otros países como Chile, habrá que esperar a que comience la gestión para ver qué nivel de diálogo existirá entre trabajadores y Gobierno.

LOS DERECHOS SOCIALES QUE NO PUEDEN TOCARSE

Durante la campaña electoral muchas voces de la izquierda aseguraron que si ganaban los conservadores iban a verse afectados derechos obtenidos durante estos 15 años.

El matrimonio igualitario, la marihuana legal, el aborto y la ley integral para personas trans son algunos ejemplos de estas leyes que integran la denominada "Agenda de derechos".

Tanto Lacalle Pou como el resto de los integrantes de la coalición han afirmado que se prevén cambios a estas leyes pero los colectivos de las diferentes minorías aseguran inminentes protestas si perciben que esto sucede en algún momento.

SEGURIDAD, EL TALÓN DE AQUILES DE LA IZQUIERDA

En estos 15 años de Gobiernos de izquierda, pese a los avances sociales y la reducción de la desigualdad, los delitos han ido en aumento y la población lo considera una gran preocupación.

Uruguay registró en 2019 30.650 rapiñas (2,5 % más que 2018), 139.623 hurtos (4,3 % menos que el año anterior) y 391 homicidios (6 % menos que 2018).

La importancia de la seguridad para el nuevo Gobierno quedó marcada desde la primera jornada, cuando Lacalle Pou se reunió con los jefes de Policía de todo el país y su ministro de Interior, Jorge Larrañaga.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Uruguay es uno de los países que presenta mayores tasas de femicidios de la región. Esta crisis hizo que el Gobierno de Tabaré Vázquez decretara estado de emergencia nacional en materia de violencia de género.

Según estiman las organizaciones feministas, en 2019 hubo 30 feminicidios y la preocupación ha ido en aumento.

Uno de los retos para la coalición será dotar de recursos a la Ley de Integral de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género, aprobada en 2017 pero sin recursos suficientes para impulsarla.

La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, ha sido una de las que más se ha preocupado por los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia durante su gestión parlamentaria.

Con este panorama comienza una gestión que tendrá un tinte ideológico diferente al de los últimos 15 años. Los desafíos y fortalezas de Uruguay están a la vista y ahora resta esperar por el trabajo de un Gobierno de una coalición sin precedentes -por los cinco partidos que la conforman- en la historia del país.

Federico Anfitti

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Publicado el
2 de marzo de 2020 - 23:50 h

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