Jorge Fernández Díaz, el último ministro del PP salpicado por la corrupción

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Jorge Fernández Díaz, extitular de Interior durante el primer mandato de Mariano Rajoy, se sumó este viernes a la lista de miembros de Consejos de Ministros de gobiernos del PP salpicados por casos de corrupción. El instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, acordó citarlo como investigado para el próximo 30 de octubre en el marco de la pieza que investiga el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, una de las actuaciones del grupo de mandos policiales que integraban la brigada política.

El juez cita a declarar como imputado al exministro del Interior Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas

El juez cita a declarar como imputado al exministro del Interior Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas

La sombra de la corrupción alcanza a otros miembros del gabinete de Rajoy como Ana Mato, exministra de Sanidad entre 2011 y 2014, que fue condenada en 2018 a pagar 27.857 euros por beneficiarse de los regalos que su entonces marido, Jesús Sepúlveda, obtuvo de la trama Gürtel. También a María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa entre 2016 y 2018, que abandonó la política en noviembre de 2018 tras hacerse públicas unas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión. 

Esos audios demostraban que Cospedal se reunió en secreto con el policía en 2009 en la sede nacional del PP y que mientras era secretaria general encargó investigar a rivales internos como Javier Arenas o externos, como el hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba. De forma reciente, Anticorrupción ha pedido su imputación y la de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por el espionaje a Bárcenas aunque el juez esperará a la declaración judicial del ex número dos de Fernández Díaz, Francisco Martínez, para sopesar su citación.  

Los escuderos de Aznar

La lista de ministros del PP salpicados por la corrupción la completan otros nombres de los gobiernos de José María Aznar que también se han visto salpicados por escándalos. Es el caso de sus dos principales escuderos: Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. El primero se sentó el pasado año en el banquillo en la Audiencia Nacional por los desmanes en la salida a Bolsa de Bankia, de la que era consejero. En esa causa el principal imputado es Rodrigo Rato, quien fuera todopoderoso vicepresidente económico de Aznar, que ya tiene una condena a cuatro años de cárcel por apropiación indebida en la causa de las tarjetas black. En el caso Bankia, la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión para él y un año y medio para Acebes, que fue ministro durante la segunda legislatura de Aznar en las carteras de Administraciones Públicas, Justicia e Interior. 

Zaplana, ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno durante los dos últimos años del gobierno de Aznar, está siendo investigado desde mayo de 2018 por presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano en el marco del caso Erial. En los últimos tiempos Zaplana está usando todos los recursos legales a su alcance para que la investigación la continúe la Audiencia Nacional y no la jueza de instrucción de València, que ha sido la que le ha requisado ya más de seis millones de euros y quien lo mantuvo meses en prisión provisional para evitar la destrucción de pruebas.

Esperanza Aguirre, que fue ministra de Educación en la primera legislatura de Aznar, está imputada desde septiembre de 2019 en el caso Púnica. Ese sumario la sitúa indiciariamente como "supervisora" de la trama de financiación irregular del PP madrileño y de los cuatro mecanismos utilizados para inyectar al partido fondos ajenos al circuito legal: las partidas de publicidad de las consejerías para lo que se llegó incluso a cambiar la ley, los contratos del departamento de Transportes y Presidencia de Francisco Granados, las subvenciones a Fundescam y las licitaciones de las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II pilotadas por Ignacio González. Ese dinero habría servido al PP regional para ir dopado a las autonómicas de 2007 y 2011, en las que arrasó con mayoría absoluta. El mismo modus operandi se reproduciría a nivel local en las generales de 2008.

La corrupción también ha salpicado al que fuera vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, Francisco Álvarez- Cascos tras ser denunciado por Foro Asturias –el partido que fundó posteriormente– por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. Según la denuncia, Cascos tomaba como "préstamo" dinero del partido y además firmaba "contratos inexistentes" y se hacía con "videojuegos para sus vástagos" a cuenta de la formación. La titular del juzgado de instrucción número dos de Oviedo, Simonet Quelle, lo ha citado para el próximo 23 de septiembre. 

El primer ministro de Aznar que pisó la prisión fue Jaume Matas, que ocupó la cartera de Medio Ambiente entre 2000 y 2003. Ha sido juzgado diez veces y tiene a sus espaldas más de 50 años de inhabilitación y condenas que suman más de ocho años de cárcel. Se acaba de beneficiar recientemente del tercer grado tras cumplir la mitad de los cuatro años y tres meses a los que fue sentenciado en el caso Nóos, así como por las irregularidades en la adjudicación del hospital de referencia de Baleares. Son dos de las últimas causas por las que se sentó en el banquillo. Ya no le queda ningún juicio por delante. 

Matas también fue condenado a pagar 9.000 euros de multa por presionar a un hotelero para que pagara a su esposa 42.000 euros por un trabajo ficticio y a nueve meses de cárcel por la contratación irregular del periodista Antonio Alemany para que redactara sus discursos. El Alto Tribunal rebajó la pena de seis años que le había impuesto la Audiencia de Palma por este caso.  

Fernández Díaz no es el primer ministro del Interior que tendrá que rendir cuentas ante la Justicia. El socialista José Barrionuevo fue condenado en julio de 1998 a diez años de cárcel por el secuestro por parte de los GAL de Segundo Marey, un empresario al que confundieron con un dirigente de ETA. También fue condenado Rafael Vera, que era el secretario de Estado de Seguridad cuando se produjo el secuestro. En diciembre de ese mismo año el Gobierno de Aznar les concedió el indulto de dos tercios de su pena y el tercer grado para pasar la Navidad en casa. 

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19 de septiembre de 2020 - 22:03 h

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