Justicia avanza en la reforma procesal y en el plan de choque para reactivar los juzgados

El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma procesal para mejorar la eficiencia de los juzgados y su adaptación al mundo digital y avanza en el plan de choque de medidas organizativas, tecnológicas y normativas con el que confía evitar el colapso de esos órganos cuando concluya el estado de alarma.

El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presentado sus proyectos este viernes a los máximos representantes de los consejos generales de la abogacía, los procuradores y los graduados sociales, a quienes busca implicar en las reformas junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias.

Las medidas en estudio, apunta Justicia en un comunicado sin ofrecer detalles, buscan reactivar el sector tras el fin de las medidas de confinamiento, conscientes todos los operadores de que se registrará un importante incremento de casos por despidos, ERTE, concursos, impagos, desahucios, procedimientos de familia o sanciones impuestas por el confinamiento.

El Gobierno, de acuerdo con los decretos ya aprobados, tiene que tener listo el plan en un plazo de quince días tras el fin del confinamiento.

El objetivo es centrarse en los ámbitos social, contencioso-administrativo y mercantil, los órdenes jurisdiccionales que se van a ver más afectados por el parón de la actividad. “La Justicia ha de formar parte de la reactivación de la economía”, ha subrayado Campo.

En paralelo al plan de choque se trabaja en la reforma procesal con el objetivo de que pueda estar lista en lo próximos meses y que sea “ampliamente consensuada con el conjunto del sector”.

Campo se ha reunido ya con las asociaciones de jueces y ayer avanzó que la próxima semana se citará con las de fiscales -la Unión Progresista de Fiscales ha mostrado este viernes su “ más absoluta indignación” por no haber sido escuchados- y de letrados de la Administración de Justicia.

Por su parte, el CGPJ ha adelantado ya varias de sus propuestas para el momento en el que se reactive la actividad en los juzgados y ha planteado, por ejemplo, habilitar el mes de agosto, permitir dictar sentencias orales en determinadas circunstancias, o desincentivar los pleitos “sin fundamento” mediante el pago de las costas o la imposición de una multa en el orden civil.

El órgano de gobierno de los jueces ha puesto también sobre la mesa la necesidad de reforzar los órganos sobrecargados mediante el establecimiento de normas de reparto y especialización de los Juzgados, más allá, incluso, del ámbito territorial del partido judicial.

Las asociaciones de jueces y fiscales han recibido con recelo este plan, al estimar que, aunque es “bienintencionado”, no resulta realista y esconde una reforma integral de la Justicia que requiere tiempo.