Carmena se enfrenta a una crisis conocida por Colau: la gestión social del top manta

La muerte de Mame Mbaye, el senegalés de 35 años que se dedicaba a la venta ambulante y que murió este jueves tras un infarto, vuelve a poner el foco en las políticas públicas para mejorar la vida de los migrantes que se encuentran en España de manera irregular y especialmente en las llevadas a cabo por Madrid y Barcelona, lideradas por las alcaldesas Manuela Carmena y Ada Colau, en las que el colectivo de manteros denuncia que no se ha detenido la represión.

En estas capitales no es la primera vez que un conflicto desata la chispa y el reclamo de medidas urgentes que mejoren la situación del colectivo. Mientras desde los Gobiernos centrales y autonómicos se han desentendido y apuestan incluso por endurecer las leyes, la única esperanza pasa por los Gobiernos de estas ciudades en las aunque sea desde el discurso, se posicionan de su lado.

Precisamente el nacimiento del Sindicato de Vendedores Ambulantes en Barcelona, que en Madrid se está intentando copiar, no se puede desligar de la muerte de un mantero, en agosto de 2015, que cayó desde un balcón durante una redada policial en Salou (Tarragona). Pese a que hacía tiempo que se gestaba la organización, los manteros aseguran que fue la muerte de Mor Sylla lo que acabó de cohesionar el grupo, aunque la Justicia archivó la causa.

La crisis por la muerte de Mame Mbaye que ha derivado en manifestaciones y protestas vino en un primer momento por la sospecha de que este vecino del madrileño barrio de Lavapiés hubiera fallecido durante una persecución oficial, según informó la Jefatura de la Policía Nacional en un primer momento, o al menos después de que esta se produjera, cuando Mbaye estaba ya llegando a casa.

“Podríamos haber hecho más”, aseguraba un concejal de Ahora Madrid a eldiario.es que este viernes lamentaba la muerte de Mame Mbaye. El edil hacía autocrítica y hablaba de lentitud por parte del Ayuntamiento de Madrid a la hora de poner en marcha las medidas que se han ido anunciando para mejorar la situación de migrantes y manteros en la capital. 

Los mismos problemas a los que se enfrenta el Ayuntamiento de Madrid, ahora acrecentados por la crisis vivida en Lavapiés, los lleva encarando Ada Colau en Barcelona, donde el conflicto está lejos de encontrar una solución. Ada Colau anunció que esta no debía ser “policial” sino “social” al asumir la alcaldía de la ciudad en 2015. Sin embargo, su Gobierno, tras un primer verano conflictivo, asumió que debía mantener la presión de la Guardia Urbana para evitar la venta. A la intervención policial el consistorio añadió un plan de inserción laboral que, según fuentes municipales, ya ha dado un trabajo regularizado a 65 vendedores en 2017. 

Pocos niegan que el ‘top manta’ es un conflicto enquistado desde hace una década en la capital catalana: mientras la persecución policial sólo consigue desplazar los puntos de venta y enfadar a los vendedores, la relajación de la Guardia Urbana incendia a comerciantes y partidos de la oposición. “Es un problema de exclusión e inmigración, estas personas no dejarán la manta por mucho que los denuncien y les decomisen la mercancía. No tienen otra posibilidad de trabajo porque no tienen papeles”, aseguran desde el Espacio del Inmigrante.

Las vías para abandonar el ‘top manta’ pasan por opciones laborales que regularicen su situación administrativa en España, algo que se antoja complicado con la actual Ley de Extranjería. En Barcelona se ha conseguido con iniciativas que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento, como la cooperativa de vendedores Diomcoop, que emplea a 15 personas (se espera que llegue a 30). Colau también ha puesto en marcha otros planes de ocupación, el principal con Mercabarna, que han dado un contrato a otras 50 personas .

Pero aun así la relación entre el consistorio y los manteros, organizados alrededor del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, no es para nada fluida. A estos les preocupa sobre todo el “acoso policial” en las zonas donde venden su mercancía. El diagnóstico del sindicato desde que gobierna Barcelona en Comú es que se han reducido las “agresiones” de la Guardia Urbana, pero que se ha incrementado la presencia de agentes para disuadirlos de ocupar las zonas en las que se suelen colocar, relata Lamine Sarr, uno de los portavoces del sindicato. “Muchas veces no podemos ni salir del metro”, apostilla.

Fuentes municipales aseguran que la mayoría de los dispositivos de la Guardia Urbana son de “prevención”, antes de que lleguen los vendedores, para “impedir” que puedan desempeñar su actividad. En verano de 2016 se probó incluso con colocar un skatepark en la zona del Paseo Joan de Borbó para impedir físicamente la venta ambulante. Fórmulas de “saturación” del espacio como esta, que los manteros tacharon de racista, no se repitieron los últimos veranos.

Al considerar insuficiente las soluciones del Ayuntamiento, los manteros han aprovechado la organización del sindicato desde hace más de dos años para impulsar iniciativas propias. Están poniendo en marcha su propia cooperativa (ahora todavía en fase de asociación) y han presentado una marca de ropa propia, Top manta, que algunos ya estampan en la mercancía.

El último ejemplo de que el conflicto está todavía abierto en Barcelona se ha vivido precisamente este viernes. A propuesta del PSC, se ha constituido una comisión de Economía en el consistorio que en su primera sesión formal ya tiene previsto abordar, entre otros, el problema de la venta ambulante.

Tarjetas de vecindad en Madrid

Mbaye tenía 35 años y los últimos 14 los había pasado en España. Sin embargo, nunca tuvo papeles, lo que le impedía acceder al mercado laboral o servicios sociales. Las ONG llevan tiempo reclamando al Ayuntamiento medidas concretas que ayuden a regularizar la situación de los migrantes, que en muchas ocasiones acaban en el CIE de Aluche privados de su libertad hasta que vuelven a ser deportados.

En octubre de 2016, el Pleno municipal aprobó la implantación de una tarjeta de vecindad que tiene como objetivo que los migrantes en situación irregular puedan demostrar el arraigo y acceder a servicios sociales municipales, explica a eldiario.es Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, se refirió a este documento al ser preguntada por los periodistas en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al delegado de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero, y el delegado del distrito Centro, Jorge García Castaño. Higueras ha asegurado que el Ayuntamiento “trabaja” en su implantación para que “sea efectiva” y que los vecinos que no reconoce el Estado puedan a acceder a servicios sociales como vivienda pública o cursos laborales remunerados“.

Los colectivos sociales lamentan que las medidas lleguen a “cuentagotas” precedidas de alguna “desgracia”. Las ONG también llevan tiempo exigiendo que los agentes de la Policía local no ayuden a la identificación de personas que circulan por la calle y a la persecución de los migrantes de venta ambulante. “Nos gustaría que la desde la Policía local se comprometieran a que no siga sucediendo que los agentes identifiquen a estas personas”.

El pasado miércoles el equipo de derechos humanos del Ayuntamiento con el concejal Mauricio Valiente a la cabeza mantuvo una reunión con la asociación de senegaleses, en la que se concretaron medidas para avanzar en la mejora de la situación del colectivo en la capital. “Hablamos de un proyecto productivo, un itinerario de reinserción socio laboral para los manteros”, asegura a eldiario.es el edil. Valiente explicó que se trabaja en la línea de la asociación cooperativa que se ha implementado en Barcelona.