Òmnium, ANC y otras entidades rechazan la violencia y llaman a la movilización pacífica

Òmnium, ANC, LaFede.cat y otra decena de entidades han impulsado un manifiesto que llama a la movilización de carácter pacífico contra la sentencia y rechaza la violencia en las protestas, porque “no supondría ningún avance en la liberación de los encarcelados ni en la resolución del conflicto”.

El manifiesto avisa de que “iniciar una dinámica de carácter violento supondría una espiral peligrosa” que, además de poder generar daños irreparables, supondría incrementar los niveles de sufrimiento, según el comunicado de las entidades, que ha leído ante los medios la activista Gabriela Serra junto al presidente de Lafede.cat, Luca Gervasoni.

Lo han hecho junto a representantes de las entidades, como la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, además de miembros de las otras impulsoras: Fundipau, Consell Nacional de la Joventut, Unió de Pagesos, Ciemen, Centre Irídia, Observatori Desc, Entrepobles, Novact, En peu de pau y Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

El manifiesto advierte de que la violencia, además de ser éticamente rechazable, podría incrementar la “dinámica represiva y el sufrimiento”, y convoca a la ciudadanía a participar en las próximas movilizaciones de rechazo a la sentencia reafirmándose en su carácter no violento.

Las entidades han rechazado también “cualquier acción de violencia policial” y han exigido que se investiguen y se depuren las responsabilidades pertinentes tras las operaciones policiales de los últimos días, así como han rechazado los disturbios y altercados provocados, que resaltan que no habían caracterizado las movilizaciones anteriores.

Sostienen que “el bloqueo, la frustración, la intensificación de la represión y la sensación de falta de salidas” podrían llevar a algunas personas a cuestionar la movilizaciones no violentas, pero insiste en rechazar la violencia y en defender la movilización ciudadana pacífica, que dice que siempre ha sido la característica de la de los últimos años.

MANIFESTANTES DETENIDOS

Las entidades han criticado que se hayan tomado “medida de excepcionalidad totalmente contrarias a la proporcionalidad, a la presunción de inocencia y a las garantías jurídicas” con los detenidos durante las protestas tras las sentencia, que condena a penas de entre 13 y nueve años de prisión a los dirigentes independentistas encarcelados.

En el manifiesto, se reafirman en el rechazo a la sentencia, que “comporta penas de prisión injustificadas contra políticos y activistas que siempre han rechazado la violencia”, supone una limitación de derechos y libertades y criminaliza la movilización ciudadana, según las entidades.