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El PP decide esta tarde si suspende temporalmente de militancia a Rodrigo Rato

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.

Luz Sanchis

Génova se enfrenta esta tarde a la decisión de suspender temporalmente de militancia al que fue vicepresidente del Gobierno y presidente del Fondo Monetario Internacional y de Bankia. Rodrigo Rato es el más relevante de los afiliados del PP que dispusieron de una tarjeta “black a efectos fiscales” y no piensa darse de baja por el momento. Por ese motivo, su partido tiene que decidir esta tarde si da un paso más en el expediente informativo que se le ha abierto y que puede acabar en expulsión.

El Comité de Derechos y Garantías del PP se reúne este miércoles a las 17.00, un día antes de que Rato declare ante el juez Fernando Andreu, junto a Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj por la utilización de las tarjetas de crédito que también se concedieron a los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia. La primera decisión que tiene que tomar el Comité que preside Alfonso Fernández Mañueco es nombrar un instructor de la investigación interna.

Como señalaba este lunes el vicesecretario Carlos Floriano, la expulsión inmediata es el final del proceso, pero no se puede decretar hasta no dar a los afectados la oportunidad de defenderse. El respeto a los estatutos internos y el temor de que los interesados reaccionen como ha ocurrido en el PSOE han impedido a Floriano dar por hecho el castigo. Por ese motivo, se espera que el PP decida una suspensión temporal de militancia, que es el estado en el que se encuentran los socialistas que usaron la tarjeta.

Rato manifestó este martes a RNE que no va a adelantarse y darse de baja en el PP porque quiere dar su versión de los hechos. También informó de que la primera llamada telefónica que ha recibido de su partido se produjo este lunes, cinco días después de que el PP anunciase que el asunto se derivaba al Comité de garantías.

El PP no facilita los nombres de quiénes son los tres, de los 16 militantes afectados, que se han dado de baja porque, argumenta, lo impide la legislación sobre protección de datos.

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