El nuevo programa de discapacidad iberoamericano atenderá a noventa millones de personas

El nuevo programa de la cooperación iberoamericana presentado hoy en la Cumbre Iberoamericana de Antigua (Guatemala) atenderá a 90 millones de personas con discapacidad para intentar acabar con la discriminación que sufren en la región.

El programa fue lanzado en un acto en el que estuvieron presentes el presidente de Ecuador, Lenin Moreno; el rey de España, Felipe VI; la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grysnpan, y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti.

Según el informe que apoya la creación del programa y al que tuvo acceso Efe, “en Iberoamérica viven cerca de 90 millones de personas con discapacidad” y las barreras de accesibilidad así como de actitudes del resto de la población “marginan a más del 80 %” de estas personas.

El documento resalta la necesidad de crear un programa de esta índole tras la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de los 22 países de la región, comprendida por los 19 de América Latina, España, Portugal y Andorra.

El objetivo principal del programa es que estas personas puedan participar de manera plena “en la vida política, económica y social a través de políticas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos”.

Así, los países se comprometen a realizar un “registro único” de estas personas para poder evaluar su grado de discapacidad y ofrecer la asistencia adecuada, incluyendo en él una perspectiva de género y prestando atención a los que puedan sufrir “mayor vulnerabilidad”.

A su vez, se formará al personal sanitario de los países para lograr una “detección temprana de las condiciones de salud que pudieran derivar en una situación de discapacidad” y se crearán servicios para que estas personas accedan a información sobre prestaciones o ayudas que pueden recibir.

Se capacitará a los empleados sanitarios para dar una correcta atención a mujeres y niñas con discapacidad “y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”, luchando por “erradicar la práctica de la esterilización forzada” y otros “tratamiento anticonceptivos” que se aplican “sin su conocimiento”.

Otro de los objetivos del programa es garantizar el acceso a la justicia y obtener un reconocimiento igual ante de la ley, así como poder ejercer el derecho al voto.

La educación es otro de los ejes del programa, que trabajará para garantizar “el acceso, la permanencia y el éxito” de estas personas en el sistema, que implicará formar a los funcionarios y diseñar un currículo inclusivo en cada país, que introduzca también el uso de tecnología.

El informe pone también especial énfasis en el empleo y la protección social y pide observar las “buenas prácticas en materia de discapacidad” en los países así como analizar el costo de la discriminación que deriva en “desempleo y subempleo”.

Se pretende “incorporar medidas afirmativas que fomenten el empleo de calidad” para estas personas “con prioridad hacia las mujeres con discapacidad”, según dice el documento.