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La frontera del 35% que plantea el PP en su reforma electoral apenas cambiaría el mapa del 24M

La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el cierre de campaña de las autonómicas y municipales de 2011. / flickr del PP

Irene Castro / Jaime Sevilla Lorenzo

El Partido Popular va a impulsar una reforma electoral para primar a las listas más votadas en perjucio de los pactos. Los conservadores propondrán en el Congreso que el partido que supere el 35% de los votos obtenga una prima de representación que le garantice llegar al Gobierno, según ha explicado un portavoz del PP este lunes. La otra medida es la celebración de una segunda vuelta en el caso de que ninguna formación alcance ese porcentaje, aunque no han dado detalles sobre la fórmula que elegirán (un enfrentamiento de todos contra todos o solo entre los dos más votados). Tanto el límite del 35% como una segunda ronda entre los dos primeros apenas modificarían el reparto del poder que ha quedado tras el 24M.

Desde las elecciones del 24 de mayo, en las que el PP fue la fuerza más votada pero perdió poder institucional debido a los pactos entre el PSOE y fuerzas de izquierdas, los conservadores se quejan de los pactos “excéntricos y sectarios” que les han hecho perder poder. La maniobra que proponen ahora los de Rajoy es reformar la Ley Electoral ante lo que pueda pasar tras las elecciones y ante un nuevo escenario político que supone el práctico fin de las mayorías absolutas.

Los conservadores quieren que el partido que consiga más del 35% de los votos gobierne directamente gracias a lo que han denominado como “una prima de representación”. Ese cambio apenas supondría una verdadera modificación de los resultados finales. En la mayoría de las capitales de provincia en las que un partido ha superado ese porcentaje, gobierna. Solo en 18 de las 50 capitales un partido ha superado el 35% de los votos -en 14 casos, el PP; en tres, el PSOE; y en uno, el PNV-.

Solo en dos de las 18 ciudades en las que un partido ha superado ese porcentaje ha habido pactos que han impedido que gobierne. Se trata de Ciudad Real, donde el PP consiguió el 36,54% de los sufragios y gobierna el PSOE gracias al apoyo de Ganemos; y de Valladolid, donde León de la Riva perdió el poder pese a tener el 35,81% del respaldo en las urnas ya que los socialistas alcanzaron un acuerto tripartido junto a Sí Se Puede y Valladolid Toma la Palabra. Por tanto, con estos resultados, la propuesta de los conservadores apenas modificaría el actual mapa de reparto del poder.

El segundo cambio que plantean los conservadores es que haya una segunda vuelta en el caso de que ningún partido obtenga el 35% de los votos. Sobre este punto no han dado detalles por lo que cualquier análisis parte de la especulación ante las posibilidades existentes.

En el caso de que el PP optara por una segunda vuelta en el que se enfrentaran los dos más votados -siguiendo el modelo de las presidenciales francesas- tendría complicado lograr ser la primera fuerza, ya que lo más probable es que el electorado de izquierdas se sumara en torno a otra formación.

Esperanza Aguirre, por ejemplo, que se quedó en el 34,55% de los votos, tendría que haberse enfrentado a Manuela Carmena. La candidata de Ahora Madrid habría tenido más posibilidades de convencer al electorado de PSOE y de IU que la expresidenta madrileña. Algo parecido habría sucedido en Valencia: los votantes de PSOE y EU tendrían que haberse decantado por votar a Rita Barberá o apoyar a Compromís.

Pero el PP puede optar por una segunda ronda en la que se enfrenten de nuevo todos los partidos o fijar un escaso bajo porcentaje que solo dejaría fuera a fuerzas minoritarias -como IU en la mayoría de ciudades o UPyD- cuyos votantes no tendrían un poder decisivo. Ese es el escenario en el que el PP tendría más probabilidades de ser la fuerza más votada, como ocurre en la actualidad, y hacerse con el poder en la segunda vuelta.

Fuentes parlamentarias consultadas por eldiario.es descartan que el PP pueda sacar adelante esa modificación en la presente legislatura. Rajoy aseguró que una modificación de tanto calado como la de la ley electoral requiere consenso. Por tanto, necesitan el apoyo al menos del PSOE, que se ha descolgado de dicha reforma aunque se han mostrado partidarios de las segundas vueltas. Los socialistas dijeron un “no rotundo” al anuncio del PP y calificaron como “una broma pesada” que pretendan sacarlo adelante antes de la disolución de las Cortes.

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