El PSOE pide explicaciones al Gobierno por la contratación del comisario acusado de matar a su mujer en Brasil
El PSOE quiere que el Gobierno dé explicaciones sobre la contratación de comisario jubilado de la Policía Nacional Jesús Figón. Mientras espera a ser juzgado en Brasil por el asesinato de su mujer, Figón ha sido contratado como “consejero asesor” de la embajada española, gracias a lo que puede conservar la inviolabilidad y parte de la inmunidad que perdió al cumplir los 65 años.
Los socialistas han registrado una batería de preguntas en el Congreso para que sean respondidas por escrito por el Ejecutivo en funciones. En el texto, los diputados Susana Sumelzo y Antonio Trevín, recuerdan que Jesús Figón aguarda el juicio por unos hechos que confesó el pasado mes de mayo.
Figón explicó a la policía brasileña que asesinó a su mujer, originaria de ese país, con un arma blanca tras una discusión. Alega que lo hizo en defensa propia, después de que esta intentase agredirle a él con un cuchillo.
La fiscalía brasileña le acusó en septiembre y, unos meses más tarde, el comisario perdía su inviolabilidad. Había cumplido los 65 años, se jubilaba y dejaba de ser un “agente diplomático”, la policía brasileña le podía detener y tendría que cumplir la pena en una cárcel brasileña si era condenado. El Gobierno lo solucionó contratándole de nuevo como asesor, devolviéndole su estatus diplomático.
En el escrito presentado en la cámara baja, el PSOE pregunta por la justificación a esa contratación, por cómo argumenta el Ejecutivo que el comisario, que espera a ser juzgado, haya recuperado su inviolabilidad y parte de su inmunidad, que en caso de ser condenado le permitirá cumplir la sentencia en España.
Los dos diputados también quieren saber qué funciones realiza Figón para la embajada española en Brasil, y en qué se diferencian de las que desempeñaba antes de su jubilación, cuando su cargo era el de Consejero de Interior. Fuentes policiales aseguraron a eldiario.es que su trabajo consiste en asesorar a su sustituto.
El escrito también recoge las dudas del PSOE sobre el proceso de contratación de Figón, sobre cuál fue la forma de provisión del puesto, si se garantizaron los principios de mérito y capacidad, si hubo libre concurrencia o si se presentaron más aspirantes para esa plaza.
El PSOE pregunta directamente al Ejecutivo si ha tenido en cuenta que Figón está pendiente de un juicio por la muerte de su esposa, y que si considera que una persona que puede acabar con una condena por un asesinato machista es el mejor candidato para ejercer un puesto de asesor en una representación diplomática española.
La promesa incumplida de Exteriores
En un primer momento, tras la confesión de el comisario de policía, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, afirmó que España renunciaría a la inmunidad diplomática de Figón si se confirmaba que la investigación era por un crimen machista. Lo cierto es que ni siquiera se le apartó del cargo.
Sumelzo y Trevín también interpelan al Gobierno por esta circunstancia, sobre por qué Exteriores no cumplió lo prometido por el ministro. Por último, preguntan al Ejecutivo si es consciente de la imagen que se está ofreciendo al exterior, la de un gobierno que “protege económica, procesal y penalmente a alguien que está acusado de cometer un crimen machista”.
En una situación normal, el Gobierno se vería obligado a responder a las dudas que plantea el PSOE. Las preguntas por escrito son una vía más de control de la acción de un Ejecutivo, según el reglamento del Congreso.
Pero no estamos en una situación normal. El Gobierno alude a su interinidad para no someterse al control de la cámara baja, un conflicto que la oposición ha puesto en manos de Tribunal Constitucional.
Mientras los jueces resuelvan el choque de legitimidades, para el que hay numerosas interpretaciones, hay acumuladas en el registro del Congreso más de 500 preguntas dirigidas al Gobierno, además de unas 70 peticiones de comparecencia para sus distintos miembros. El número sigue aumentando.
