Tribunal de Cuentas certifica la pérdida del 73% de los envíos de Interior para cubrir gastos del votante emigrado

La ley establece que se devolverá a los electores residentes en el extranjero “el importe del franqueo, redondeado, en su caso, por exceso, hasta una unidad monetaria más de la divisa en que se abone” en un plazo no superior a los cien días a contar desde la celebración de los comicios.

El colectivo Marea Granate viene denunciando, convocatoria tras convocatoria, que los electores del exterior no sólo tienen que desembolsar “cantidades importantes” para realizar los envíos de su voto sino que, además, suelen recibir una cuantía “notablemente inferior” a lo desembolsado.

¿VOTO GRATUITO?

En la práctica, y pese a que la ley establece que el voto debe ser gratuito, los votantes residentes en extranjero acaban pagando por ejercer un derecho. “Éste es un gravísimo factor de desmotivación y abstención que debe ser atajado con urgencia”, señala Marea Granate en un informe que recientemente ha entregado al Defensor del Pueblo para que pida reformas al Ejecutivo.

El Tribunal de Cuentas acaba de certificar las denuncias de los representantes del colectivo emigrado. En su informe de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que “aproximadamente el 73% de los giros postales enviados para reintegrar estas cantidades no son recibidas por los votantes, por causas no imputables al Ministerio del Interior”.

Según concluye el tribunal que preside María José de la Fuente, “este sistema de devolución de reintegro ocasiona unos gastos al Ministerio que resultan ineficaces por no conseguir el objetivo que se pretende”.

CORREOS RECUERDA QUE NO ES COSA SUYA

En sus alegaciones, la sociedad pública Correos señala al Tribunal de Cuentas que “la gestión del reintegro para hacer efectiva la gratuidad del voto de estos electores en el exterior ya no corresponde a Correos y así lo ha entendido la Junta Electoral Central (JEC)”.

En ese contexto, la institución fiscalizadora recomienda al Gobierno “la implantación de un sistema más eficiente para la devolución de los gastos de franqueo a los electores españoles residentes en el extranjero (voto CERA y ERTA), que garantice la recepción del reíntegro por el votante y una mayor economía”.