El Tribunal de Cuentas destapa el descontrol de los 2,5 millones en ayudas del Imserso a las asociaciones de mayores

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado en su sesión de este jueves un informe en el que destapa las “importantes debilidades” en el “control interno” de las ayudas que el Imserso otorgó en 2020 a asociaciones de mayores de ámbito estatal. Según el documento, el presupuesto anual destinado a estas subvenciones se sitúa en torno a los 2,3 millones de euros.

La conclusión a la que llegan los auditores públicos es que esta línea de subvenciones se ha convertido en “un mecanismo de financiación anual para determinadas entidades” que apenas tiene en cuenta las actividades que realizan en favor del colectivo. Y que, en consecuencia, podría no estar cumpliendo el objetivo para el que se creó: fomentar el asociacionismo entre mayores.

El máximo órgano fiscalizador del Estado cuestiona el “excesivo grado de discrecionalidad” en la valoración de las solicitudes y la posterior concesión. Un hecho que es consecuencia de que las bases que regulan estas subvenciones son “excesivamente genéricas” y no concretan los criterios y parámetros que determinan el acceso a las mismas. Además, están desactualizadas porque no han cambiado desde 2007 a pesar de que dos de los tres programas que regulaban ya no existen. Este “desajuste” ocasiona “inconsistencias” tanto en los datos que se solicitan como en su posterior valoración, dice el Tribunal de Cuentas. 

El informe dice que las bases reguladoras tampoco contemplan una “evaluación adecuada” de la labor llevada a cabo por las entidades solicitantes en beneficio de los mayores ni su dimensión. De hecho, no puntúan el número de beneficiarios directos sino de socios, aunque ni siquiera es necesario que estos socios tengan más de 65 años. 

Todas estas circunstancias determinan que  “se esté financiando, básicamente, el sostenimiento de entidades con independencia de su fin último”, lo que contraviene la ley de subvenciones y la jurisprudencia del Supremo, afirma el informe. De hecho, las asociaciones beneficiarias son “casi siempre las mismas”, sostiene el documento. El 60% de ellas llevan dos décadas accediendo a estas ayudas.

Estas “deficiencias” en el procedimiento de concesión, gestión y justificación de las ayudas tienen una causa, según el órgano fiscalizador: la “falta de recursos”. Según el informe, el área de mayores del Imserso no contó con recursos humanos y materiales adecuados y suficientes para la gestión de estas subvenciones. Una situación que provocó “debilidades” tanto en el procedimiento de concesión y gestión, como en el de seguimiento y comprobación de la realización de las actividades subvencionadas por las entidades beneficiarias.

Entre esas “debilidades”, el informe cita que no se verifica adecuadamente la información proporcionada en la solicitud y que hay “inconsistencias” en la aplicación de los criterios o que no se han liquidado intereses de demora en las devoluciones voluntarias. Tampoco hay “constancia documental” de la realización de comprobaciones sobre la justificación presentada por las beneficiarias ni se ha iniciado ningún procedimiento sancionador. 

El Tribunal de Cuentas insta al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que depende el Imserso, a que estudie si “resulta razonable” el mantenimiento de esta subvención en su configuración actual. Y, de ser así, actualizar y mejorar sus bases reguladoras, así como destinar los recursos necesarios para gestionar y controlar su concesión.