El juez del caso Villarejo rechaza apartarse de la causa como pedía el excomisario

El juez Manuel García Castellón seguirá instruyendo el caso Tándem al rechazar de plano por extemporáneo el incidente de recusación que había planteado el excomisario José Villarejo para que se apartara de la causa, alegando dudas sobre su imparcialidad en relación a la custodia de unas grabaciones.

En un auto, el magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, decide no admitir a trámite la recusación “por una evidente extemporaneidad”, ya que, la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece para ello un plazo de 10 días desde la apertura del procedimiento o de que se conozca el hecho que la motiva “con anterioridad al momento procesal en que la recusación se propone”.

También observa una “inexactitud de los hechos que se presentan como fundamento de la recusación” -la ocultación de unas grabaciones que le fueron intervenidas cuando fue detenido- y que en todo caso serían precedentes “al momento de la recusación” con lo que estaría presentada fuera de plazo.

En su informe, la Fiscalía, según recoge el auto, recordaba sobre lo extemporáneo de la recusación que el magistrado lleva 10 meses como instructor de esta causa, tras la salida del juez Diego de Egea, y por tanto la recusación “pudo formularse con mucha anterioridad”.

La recusación propuesta por Villarejo se basaba en unas cintas, que según el excomisario le fueron intervenidas “sin control alguno” en su domicilio de Boadilla del Monte cuando fue detenido en la operación Tándem, el 2 de noviembre de 2017, y que afectarían a políticos y miembros de la judicatura.

Cuando alertó de su importancia, según Villarejo, el instructor extrajo parte de ellas, guardándolas en su caja fuerte, sin informar de su contenido, al menos a su defensa, que ejerce el abogado Antonio José García Cabrera, y añadía que esas grabaciones “están siendo destruidas o al menos, se intentan expurgar”.

A este respecto, el magistrado recuerda que el investigado y su defensa “ha estado presente en todas las actas de desprecinto de las que tiene copia, conociendo exactamente todos los efectos que han sido intervenidos, los cuales se encuentran bajo la salvaguarda de la fe pública, habiéndose identificado su contenido conforme a protocolos”.

Explica además que la decisión de localizar los archivos que pudieran “estar afectos a las exigencias de la legislación de secretos del Estado y de dar el tratamiento que sea procedente, no responde a una decisión de este juzgador”.

Fue la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, añade, la que en una resolución del diciembre de 2018 acordó “valorar las restricciones a la publicidad de aquellos archivos e informaciones que puedan tener el carácter de información legalmente clasificada”.

Valoración que aún no se ha llevado a efecto, “habiéndose acordado precisamente prorrogar por término inicialmente conferido para la realización de un previo informe” sobre los dispositivos que por “su propia índole” habrán “de requerir el tiempo necesario para llevarse a efecto”.

García Castellón apoya su decisión de negarse a apartarse del caso Villarejo en la decisión que adoptó en 2018 el juez que instruyó la causa del “procés”, Pablo Llarena, al rechazar de plano la recusación que planteó la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell por hacerlo más de seis meses después de iniciarse la investigación.

Villarejo se ha querellado contra el magistrado en el Tribunal Supremo también por el asunto de las grabaciones y ha presentado una denuncia en los juzgados de plaza de Castilla denunciando una trama político-judicial para derribar al exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez cuando instruía el caso Sogecable en 1997, cuyas se encontrarían en esas “microcintas”