La vivienda y el rescate ciudadano, prioridades en el primer año de los “ayuntamientos del cambio”

Hace un año que las elecciones municipales arrojaron un cambio de gobierno en algunas de las ciudades más importantes de nuestro país. Sin embargo, no fueron los partidos tradicionales los que heredaron el bastón de mando de sus formaciones rivales. Candidaturas ciudadanas, con integrantes de partidos nuevos, viejos, activistas y representantes de movimientos sociales consiguieron situarse al frente de Ayuntamiento tan relevantes como Madrid, Barcelona, Valencia. Cádiz o Santiago de Compostela.

Superado el primer año, es el momento de analizar cómo les ha ido a los llamados “ayuntamientos del cambio”. Muchos de ellos han compartido ejes programáticos como la vivienda, el rescate ciudadano o la transparencia y la participación, aunque los resultados han sido muy distintos en las diferentes ciudades.

Madrid (Ahora Madrid, Manuela Carmena), Barcelona (Barcelona en Comú, Ada Colau), Zaragoza (Zaragoza en Común, Pedro Santisteve), Cádiz (Por Cádiz sí se puede, José María González ‘Kichi’), A Coruña (Marea Atlántica, Xulio Ferreiro), Santiago de Compostela (Compostela Aberta, Martiño Noriega) y Ferrol (Ferrol en Común, Jorge Suárez), se someten a examen un año después de acceder a las alcaldías.

A continuación analizamos sus avances en materia de vivienda o rescate ciudadano, y sus iniciativas relacionadas con la transparencia y la participación ciudadana. También hemos puesto el foco en cómo les ha afectado la situación heredada de gobiernos anteriores, y cómo se manejan el equilibrio de gobierno con el que tiene que sacar adelante su programa, ya que ninguna candidatura ciudadana rige su ciudad con mayoría absoluta.

Soluciones al problema de la vivienda

La vivienda ha sido uno de los objetivos fundamentales de todas las candidaturas ciudadanas. Las confluencias se presentaron con la promesa de acabar con los desahucios, pero no en todas las ciudades se ha cumplido por igual. Las oficinas de intermediación y reducir el número de viviendas vacías han sido dos ejes comunes en los “ayuntamientos del cambio” durante este primer año de gobierno.

Madrid y las ciudades gallegas han creado oficinas de intermediación en desahucios y para prestar asesoría jurídica en casos de lanzamientos. Mientras Ferrol, A Coruña y Santiago han conseguido reducir al mínimo los desahucios, la capital ha visto como la Plataforma Antidesahucios (PAH) criticaba los escasos resultados de la oficia, a la que el Ayuntamiento quiere dar ahora un carácter más integral.

Barcelona siguió las recomendaciones de la PAH y puso en marcha la ley de emergencia habitacional, ahora impugnada ante el Constitucional, para multar las entidades que acumulan pisos vacíos así como las que desahucian a familias vulnerables sin ofrecer alternativas. En Zaragoza se ha conseguido que no haya ningún desahucio sin solución habitacional.

La capital aragonesa también ha captado 1.300 viviendas vacías para familias en situación de vulnerabilidad. En esta misma línea, Madrid y Barcelona han llegado a acuerdos con entidades bancarias para que cedan pisos vacíos. Carmena prevé comprar nuevas viviendas para usos sociales en los distritos más pobres.

En Cádiz, el gobierno municipal va a aprobar el programa 'Alquiler justo', con el que personas desfavorecidas tendrán acceso a viviendas vacías por rentas baratas. La solución no parece contentar a todos. En un pleno del pasado mes de marzo el alcalde tuvo que aguantar las críticas de un matrimonio que le recordó que no ha cumplido con sus promesas en materia de ayudas para la vivienda.

Medidas de rescate ciudadano

Otro de los grandes ejes que han compartido las candidaturas ciudadanas, y del que hicieron bandera durante la campaña de las elecciones municipales. Más allá de las medidas relacionadas con la vivienda, aquí encontramos las primeras diferencias entre los ayuntamientos, que han desarrollado este compromiso a través de diferentes iniciativas.

Ahora Madrid ha centrado sus esfuerzos en el poblado chabolista de El Gallinero, en el que hay previstas diversas actuaciones de lucha contra la pobreza, que buscan entre otras cosas la mejora de las comunicaciones para que los menores puedan ir al colegio. Además se destinarán 30 millones de euros a diversos proyectos de empleo e inclusión social repartidos por toda la ciudad.

Junto a la vivienda, la prioridad de Barcelona en Comú en lo que a rescate ciudadano se refiere ha sido la pobreza infantil. Nada más llegar anunciaron que pasarían de 11,5 a 16,5 millones los fondos dedicados a becas de comedor. En esta misma línea, Cádiz ha puesto en marcha marcha un Plan de de Continuidad alimentaria para garantizar el servicio a los niños gaditanos tras el cierre de los comedores escolares y tiene previsto construir un albergue, pero se trata de un proyecto que ya colea de legislaturas anteriores.

En Zaragoza, el nuevo gobierno ha aumentado los recursos para ayudas de urgente necesidad y ha reservado 200.000 euros para la ayuda a los refugiados. En Galicia, A Coruña prepara una Renta Social Municipal -un subsidio de 532 euros para las personas que no acceden a otras prestaciones-, Santiago ha incrementado los fondos de ayudas sociales y en Ferrol, la ciudad con más paro de Galicia, destaca la creación de cuadrillas de trabajo por parte del Ayuntamiento, que han generado 400 contratos en el último año.

Participación ciudadana y transparencia

Es una de las exigencias heredadas de los movimientos sociales que sirvieron de germen para las candidaturas ciudadanas que ahora gobiernan en algunas ciudades. La necesidad de más participación ciudadana ha sido recogida por ciudades como Madrid y Barcelona, que comparten software y han puesto en marcha dos webs muy similares.

Las dos ciudades cuentas portales casi idénticos. La capital lo ha usado para la reforma de la Plaza de España y los Presupuestos Participativos, mientras que la ciudad condal ha debatido el Plan de Actuación Municipal 2016-2019, aunque en este caso la participación sigue muy vinculada a los actos presenciales.

Zaragoza en Comú también ha puesto en marcha un sistema de presupuestos participativos, dotado de 5 millones de euros, y en A Coruña se desarrolla un ambicioso proyecto de participación, tanto a través de vías telemáticas como de encuentros presenciales en todos los barrios, o abriendo la posibilidad de que los vecinos y vecinas participen en los plenos.

En cuanto a transparencia, Barcelona ha presentado un proyecto de código ético y de conducta, han publicado las agendas de los concejales del gobierno y el listado de todo el personal eventual, pero la transparencia no se ha extendido a las empresas municipales. Madrid sigue el mismo ejemplo, y ha dado un paso más con una ordenanza de transparencia que permitirá seguir la trazabilidad de las decisiones municipales. La iniciativa de Cádiz en este sentido se ha quedado a medio camino.

En la capital aragonesa, mensualmente uno de los consejeros o concejales delegados del equipo de gobierno se reunirá con la ciudadanía, compareciendo para dar cuentas de las acciones de su área.

La herencia recibida

Los nuevos gobiernos municipales han tenido que lidiar con la situación heredada de los anteriores gestores. El importante peso de la deuda en las cuentas municipales es una constante en estas ciudades, que ven así limitada su capacidad de acción.

Es el caso de ciudades como Madrid, con la mayor deuda en términos absolutos, o Zaragoza, en la que tras una auditoría afloraron 110 millones de euros de deuda oculta, que se sumaban a los 750 millones que sí estaban contabilizados. La capital tiene pendiente un proceso similar para analizar si parte de su deuda es “ilegítima”. En Cádiz, el alcalde, José María González ‘Kichi’, se queja de que el anterior gobierno, el del Partido Popular de Teófila Martínez, le ha dejado una deuda que asfixia las cuentas municipales.

Barcelona en Comú, a diferencia de otros ayuntamientos, tuvo suerte con la herencia recibida del anterior gobierno. Xavier Trias entregó a Ada Colau un consistorio con superávit. En cambio, Convergència sí dejó ataduras al nuevo gobierno en lo que a contratos se refiere. Es el caso de algunas medidas urbanísticas, básicamente relacionadas con grandes superficies, que han tenido que ser aprobadas en el mandato de Barcelona en Comú por silencio administrativo.

Algo similar ocurre en Madrid, con proyectos urbanísticos heredados del PP que el nuevo gobierno de Ahora Madrid trata de transformar para reducir su impacto. Los contratos de limpieza han sido otra de las sorpresas desagradables. El Ayuntamiento es incapaz de revertirlos debido a su blindaje, que perjudicaría las cuentas municipales.

Aunque las ciudades gallegas no sufren los problemas de deuda de otras localidades españolas, los gobiernos de las mareas si tuvieron que enfrentarse a algunas herencias 'envenenadas', recibidas de los ejecutivos que los precedieron. A las operaciones urbanísticas en A Coruña hay que sumar los contratos en Ferrol de basuras, luz y del servicio de aguas y saneamiento, concedidos por el PP a empresas privadas, y que en ocasiones han dejado sin servicio a los usuarios.

Equilibrios en el gobierno

Ninguna candidatura ciudadana obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 24 de mayo. Esta situación ha obligado a sacar adelante las medidas del programa electoral mediante la negociación con otros grupos, y ha desembocado en que, tras un año, varios ejecutivos se planteen abrir su gobierno a otros partidos.

Es el caso de Ahora Madrid y Barcelona en Comú. En ambas ciudades se plantea la entrada de los socialistas en el gobierno. En Madrid supondría alcanza la mayoría absoluta, no así en la ciudad condal. Los problemas en la capital son internos, con la dos grandes corrientes que integran la candidatura, Podemos y Ganemos, enfrentadas en temas como la vivienda.

En Zaragoza, el alcalde, Pedro Santisteve, ha ofrecido a la Chunta Aragonesista entre en el ejecutivo, y espera una respuesta antes de mediados de junio. En Cádiz no hay ningún entendimiento con la oposición, que acaba de votar en contra de los presupuestos que ha presentado después de semanas de negociaciones.

Las tres candidaturas galletas (Marea Atlántica en A Coruña y Compostela Aberta gobiernan en solitario, Ferrol en Común lo hace en coalición con el PSOE) han mantenido una relación más tirante que cooperativa con el Partido Socialista, que ha votado en varias ocasiones con el PP. Esta circunstancia ha dificultado la aprobación de los presupuestos en A Coruña, y lo ha impedido por el momento en Ferrol.

Con información de Marcos Pinheiro, Joao França, Óscar F. Civieta, Francisco J. Jiménez y Marcos Pérez Pena. Marcos PinheiroJoao FrançaÓscar F. CivietaFrancisco J. JiménezMarcos Pérez Pena