La alcaldesa de Espartinas pide al juez que “identifique” al autor de las “denuncias falsas” por contratos de su Ayuntamiento

La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos Llaneza (PSOE), ha solicitado por escrito al Juzgado de Instrucción de Sanlúcar la Mayor que “investigue e identifique” al autor o autores de las denuncias anónimas que han propiciado una investigación sobre supuestas contrataciones irregulares en su Ayuntamiento. La regidora considera que esas acusaciones podrían constituir un delito de denuncias falsas y calumnias contra su equipo de gobierno.

Desde 2024, tras la victoria del PSOE con mayoría absoluta en las municipales, tanto la alcaldesa de Espartinas como varios concejales y funcionarios de la administración local han sido objeto de una treintena de acusaciones anónimas por supuestas irregularidades. La dirigente socialista ha podido cuantificar esa cifra porque esos escritos han derivado en “continuos requerimientos de documentación” por parte de la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía.

En su denuncia, registrada el pasado martes y a la que ha tenido acceso este periódico, Los Arcos afirma tener conocimiento de que la mayoría de esas denuncias anónimas “se han ido archivando de forma sistemática” por la Fiscalía Provincial de Sevilla, incluida la que finalmente motivó la apertura de diligencias. Esa causa judicial, aún en curso, investiga si responsables del Ayuntamiento incurrieron en posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

Denuncias anónimas como instrumento de “desprestigio”

La alcaldesa de Espartinas ha pedido que se rastree el origen de esas acusaciones anónimas después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor abriera diligencias a raíz de una de ellas. La jueza que instruye el caso –con 13 imputados, entre ellos concejales y altos funcionarios del Ayuntamiento– archivó en un primer momento la denuncia anónima que dio origen al procedimiento, pero cuatro meses después reabrió la investigación a petición de la Fiscalía tras el primer atestado de la Guardia Civil.

Donde la jueza no apreció indicios delictivos, la Fiscalía sí vio pertinente indagar y autorizó a la Guardia Civil a personarse en la casa consistorial el pasado mes de julio para reclamar decenas de contratos bajo sospecha, firmados entre 2021 y 2024 con empresas locales de construcción, jardinería, catering e iluminación.

En paralelo, la primera edil de este municipio de 16.500 habitantes, situado en el área metropolitana de Sevilla, se ha dirigido a ese mismo juzgado para dejar constancia de que su equipo de gobierno lleva desde 2024 recibiendo acusaciones “indiscriminadas” y “reiteradas”. En su denuncia particular, Los Arcos esgrime que las denuncias apuntan a “aspectos absolutamente dispares”, contra todo tipo de actuaciones del gobierno local, desde la apertura de un pozo a una obra auxiliar en la casa de la madre de un miembro de la corporación. 

Por ello, demanda al juez que promueva una investigación en torno a “la persona o personas” que los han denunciado, a efectos de aclarar si actuaron con conocimiento de su “falsedad”. En ese sentido, la alcaldesa señala que, aunque la jurisprudencia permite las denuncias anónimas, estas pueden ser un instrumento “perverso” e incluso “delictivo”, especialmente cuando –apunta– podrían ser utilizadas por “contrincantes políticos que pretenden conseguir con estas actuaciones lo que las urnas les negaron”, buscando la “demonización” y el “desprestigio social” del contrario.

Interés de “paralizar” los servicios municipales

En su denuncia, la alcaldesa de Espartinas sostiene que la conducta del denunciante anónimo encajaría en el delito de denuncias falsas del Código Penal, al haber “realizando múltiples denuncias sobre la actuación municipal ante órganos jurisdiccionales sabiendo de la inexistencia delictiva de los mismos y con el único interés de mancillar el honor de los responsables públicos que han realizado esas actuaciones”. Añade que la imputación de graves delitos al equipo de gobierno, “hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, podría constituir también un delito de calumnias.

A ello suma “el interés manifiesto en la paralización o al menos la ralentización de los servicios municipales dedicados a atender los requerimientos de los agentes de la policía judicial”. Lo cual lleva a la regidora a concluir que “la persona o personas que han realizado las reiteradas denuncias son plenos conocedores del funcionamiento del Ayuntamiento”.

Desde el PSOE local ya se había quejado de que la gestión de todas esas acusaciones –que les obligó a entregar contratos y abundante documentación a la Guardia Civil el pasado mes de julio– ha ralentizado la acción de gobierno en el municipio, y acusan a su principal rival en la oposición de orquestar precisamente esta operación con esa estrategia.

La denuncia de la alcaldesa de Espartinas se enmarca así en la sospecha del Gobierno local de que están siendo víctimas de “investigaciones prospectivas” desde que el PSOE arrebató la Alcaldía al PP. Los socialistas gobiernan con mayoría absoluta este municipio sevillano (con nueve de 17 concejales) que fue un bastión histórico del PP hasta 2015. Durante 12 años, Espartinas estuvo dirigida por el popular Domingo Salado, que relevó a su madre, la también alcaldesa María Regla Jiménez. En la pasada legislatura, el PSOE cogobernó con IU y ahora lo hace en solitario.

Según fuentes municipales, antes de las “30 denuncias anónimas archivadas” el Ayuntamiento recibió una primera denuncia firmada por Salado. En el entorno de la alcaldesa creen que el exregidor popular está detrás del aluvión de escritos con el objetivo de “maniatar la acción de gobierno”.

En este contexto, la regidora del municipio sevillano “suplica” al juez que promueva la investigación e identificación de la persona o personas que han realizado las denuncias anónimas contra su equipo de gobierno. Y, una vez identificadas, se abran diligencias para determinar si incurrieron en delitos de denuncias falsas o calumnias.