Juez declara ilegal huelga en sector educación en Costa Rica

Un juez de Trabajo declaró hoy ilegal en el sector educación la huelga sindical que comenzó el pasado 10 de septiembre contra una reforma fiscal en Costa Rica, lo que supone un golpe al principal bastión del movimiento.

En su fallo, el juez Francisco Quesada declaró la huelga ilegal porque no fue pacífica al participar los huelguistas en bloqueos de carreteras que impidieron el derechos al libre tránsito de las demás personas.

“Participaron -de forma colectiva- de las manifestaciones que llevaron a bloqueos totales de muchas vías de comunicación nacional”, indica la resolución, la cual agrega que “es reprochable su actuar y no puede ser considerado como un movimiento pacífico”.

“Ese actuar es un hecho notorio, de trascendencia colectiva, en el que el derecho al libre tránsito se vio totalmente transgredido”, añade el fallo, que puede ser apelado por las partes dentro del plazo de tres días.

El ministro de Educación Pública, Edgar Mora, hizo un llamado al personal en huelga para que se presente mañana a trabajar “con tranquilidad” y sin temor a represalias, con el fin de alcanzar “la normalización de nuestro sistema educativo”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, pidió “calma” a los maestros, pues la sentencia de ilegalidad es “en primera instancia” y puede ser apelada en los próximos tres días.

“Llamo a la calma. La sentencia es en primera instancia, no está en firme. Vamos a hacer la consulta con las bases para tomar decisiones. No nos sintamos angustiados”, expresó Cascante en un vídeo divulgado en las redes sociales del sindicato.

Las bases sindicales del sector educación se reunirán mañana para definir si continúan la huelga o la deponen.

La huelga se ha ido debilitando con el pasar de los días y los sindicatos del sector educación son lo que se mantienen más fuertes con un apoyo al movimiento de alrededor del 70 por ciento del personal.

El pasado sábado los principales sindicatos del sector salud, que era el otro bastión del movimiento, llegaron a un acuerdo con el Gobierno para deponer la huelga y establecer un espacio de diálogo.

El pasado viernes el Congreso aprobó en primer debate la reforma fiscal, la cual irá a revisión de diversas instituciones, incluida la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle segundo debate a la iniciativa fiscal.

Los sindicatos creen que la reforma es regresiva y golpea a las clases medias y bajas, por lo que confía en que la Sala Constitucional la declarará inconstitucional tanto por la forma en que fue tramitada en el Congreso como por el fondo.

Según el Gobierno, el plan tributario busca recaudar recursos frescos equivalentes a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para estabilizar las finanzas y paliar el déficit proyectado al 7,1 por ciento del PIB para 2018.

El plan convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

El Gobierno asegura que el 80 por ciento de la recaudación del plan fiscal recaerá sobre el 20 por ciento de la población de mayores ingresos.