Pocos casos de trata llegan a los tribunales, pese a su magnitud en España

España es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral y el tercer país de demanda de prostitución, detrás de Tailandia y Puerto Rico, sin embargo los tribunales solo abrieron en 2017 122 diligencias para investigar casos que afectaron a 373 mujeres.

Para que esos casos que llegan a los tribunales sean instruidos de forma eficaz se ha presentado hoy en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una guía con criterios de actuación para el trabajo policial y judicial, en un acto en el que su presidente, Carlos Lesmes, ha pedido un “especial esfuerzo” para luchar contra este fenómeno.

Según la Fiscalía, en 2017 se incoaron 122 diligencias relacionadas con la trata de personas, de las que 103 fueron por delitos de trata con fines de explotación sexual, que afectaron a 373 mujeres, ha explicado la presidenta de la Comisión de Igualdad, Clara Martínez.

Ha reconocido sentir “un auténtico sonrojo” por los datos que muestran la magnitud de la demanda de prostitución en España y la extensión de la trata y ha expresado la “acuciante necesidad” de aprobar una ley integral contra la trata y de ahondar en la formación de los jueces para conseguir “mayores cotas de eficacia en la detección y persecución de ese grave delito”.

El responsable del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo también se ha referido a esos informes de organismos internacionales que sitúan a España como un país de origen y destino de personas sometidas a explotación sexual y laboral y ha destacado que la guía tiene en cuenta que la mayoría de las víctimas de trata son mujeres.

“Más del 90 por ciento de las causas por trata de seres humanos en España lo son por fines de explotación sexual y más del 90 por ciento de las víctimas de esta clase de trata son mujeres y niñas, por lo que se ha procurado incorporar a la guía una perspectiva de género, que parta de las necesidades especificas de las mujeres que están especialmente en situación de vulnerabilidad”, ha asegurado.

La guía recuerda que existen otras formas de trata de personas, junto a la explotación sexual y laboral, como la gestación subrogada forzosa, la utilización de bebés para adopciones ilegales, el tráfico de órganos y de niños, así como los matrimonios forzosos.

Por ejemplo, presenta un caso de una víctima a la que no se le dio la protección adecuada porque tanto los operadores jurídicos como la policía o los sanitarios actuaron siguiendo estereotipos en relación con estas situaciones delictivas.

X es una mujer de 56 años extranjera que llegó a España para trabajar en el servicio doméstico, pero a su llegada la familia le quitó el pasaporte, le prohibió salir de casa y no le pagaban por su trabajo; en una ocasión fue víctima de abuso sexual por uno de los miembros de la casa.

Consiguió escapar y acudió a la Policía, que al ver que no era joven, ni que estaba muy angustiada, ni llorando y como no tenía pasaporte pensaron que no era víctima y que había entrado de forma ilegal. Después acudió a un hospital porque al ver que no le creía la Policía le generó un ataque de pánico, pero al no apreciar marcas de abuso físico no le dieron ningún tratamiento.

La guía identifica los errores: “La Policía se basó en el falso estereotipo de que todas las víctimas de trata son mujeres jóvenes, que han sufrido abusos sexuales y que lloran” y “los médicos confirmaron en un falso estereotipo que todas las víctimas de trata sufren violencia física y no les garantizaron la atención médica como víctima de trata”.

“El tribunal concluye que ha habido una vulneración de los derechos de acceso a la Justicia y del derecho a la salud de X en relación con el derecho a no sufrir discriminaciones por razones de género, estatus migratorio y condición sexual”, explica la guía judicial.

La Guía se divide en cuatro grandes bloques: el primero contiene una descripción general del fenómeno; el segundo se refiere a la protección penal contra la trata de seres humanos; el tercero, a la protección administrativa y el cuarto, y último, a la cooperación judicial internacional en la lucha contra esta actividad criminal.

Los expertos advierten de que las víctimas no pueden ser tratadas como “meros instrumentos” para llevar a buen fin el procedimiento penal o como “inmigrantes en situación irregular”, sino como “sujetos y titulares de derechos”.

Además, cuando la víctima sea menor de edad, todas las decisiones deberán adoptarse bajo el principio del interés superior del niño.

Destaca que la detección de la trata es fundamental para poner en marcha los mecanismos de protección de las víctimas y para ello incluye “indicadores” de trata o indicios que sirven para detectar si se está ante una víctima: entre otros, procedencia de la víctima, factores culturales, de etnia o vinculación a los investigados.

Asimismo, señala la importancia de valorar que las víctimas son coaccionadas por las mafias y que en muchos casos desconfían de las Fuerzas de Seguridad del Estado por el temor a ser expulsadas de España.