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Los vecinos de Alcázar no se rinden y convocan una consulta popular por el agua

Se podrá votar por correo o en las urnas que se instalarán por todo el municipio del 20 al 23 de marzo

"Es una consulta manifiestamente ilegal que no tiene autorización para celebrarse", asegura el alcalde Diego Ortega

El Ayuntamiento de la localidad manchega convocó el domingo un pleno extraordinario para este miércoles en el que se votará la adjudicación definitiva de la gestión del agua a la privada Aqualia, de FCC

Miles de vecinos se concentraron el domingo en contra de la privatización del agua / Raúl Zarco

Miles de vecinos se concentraron el domingo en contra de la privatización del agua / Raúl Zarco

"¿Quiere usted que Aguas de Alcázar siga teniendo una gestión 100% pública?" Frente a la negativa del Ayuntamiento de convocar un referéndum, los vecinos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han decidido seguir dando batalla contra la privatización de la gestión del agua municipal y no quedarse de brazos cruzados. Por eso, la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar ha puesto en marcha una consulta popular convocada del 20 al 23 de marzo en la que los ciudadanos tendrá que responder afirmativa o negativamente a esta pregunta.

Evidentemente no será vinculante pero sí una buena forma de medir el sentir de los alcazareños frente a la adjudicación del 52% de la empresa municipal de agua a la empresa privada Aqualia, de FCC, para los próximos 25 años. "Hemos tomado como referente la consulta que se hizo en Madrid contra la privatización del Canal de Isabel II. Tendremos once mesas en la ciudad conectadas por internet para que cualquier persona censada mayor de 18 años con su DNI o el certificado de empadronamiento pueda votar. Como no podemos acceder al censo electoral, iremos apuntando escrupulosamente quién ha votado para que no haya duplicidades", explica Raúl Zarco, de la plataforma. "Queremos que sea como una votación normal para poder comparar resultados y acercarnos todo lo posible a la realidad", remacha Luis Miguel López, miembro también de la plataforma.

Además, se podrá votar por correo postal y habrá una mesa ambulante que irá a las casas de aquellas personas que no puedan desplazarse y previamente lo hayan solicitado por teléfono (626 38 47 55) o email (consultaciudadanaalcazar@gmail.com). "Como el Ayuntamiento nos ha negado la consulta, y sabiendo que no es vinculante, la vamos a hacer para moralmente mostrarle lo que opina el pueblo de Alcázar. Más que nada es algo moral. Estamos muy animados y pensamos que la participación va a ser grande porque cada vez tenemos más apoyo y los vecinos están más concienciados", agrega Luis Miguel.

Por su parte, el alcalde de Alcázar, Diego Ortega (PP), ha señalado a eldiario.es que esta votación es "una consulta manifiestamente ilegal, tal y como recoge el artículo 71 de las Bases del Régimen Local. No tienen autorización y además hace tres semanas en el pleno, en el que intervinieron los vecinos, la corporación municipal desestimó la consulta".

De igual modo, el delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, mantuvo la misma idea ayer en rueda de prensa al asegurar que la consulta es ilegal y que la asociación puede llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa pero “dentro de su ámbito interno”. También informó de la apertura de un expediente sancionador al exalcalde de la localidad, José Fernando Sánchez Bólado (PSOE), al que señala como presunto organizador de las concentraciones ciudadanas en protesta por el cambio de gestión de agua los días 18 y 19 de febrero.

La adjuciación definitiva del agua, el miércoles

Y frente a las manifestaciones y la consulta ciudadana de la semana que viene, el Consistorio sigue adelante con la adjudicación del servicio de agua alegando que es la única vía posible para sostener el servicio ante los 6,5 millones de euros de la empresa municipal. Ya en el último pleno extraordinario celebrado en medio de todas las protestas y del encierro que una veintena de vecinos mantuvieron durante cuatro días en la sede del Ayuntamiento, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicitaba un referendum se tumbó y se decidió seguir adelante con la adjudicación en unas votaciones que se resolvieron con el voto de calidad del regidor. "El planteamiento del Ayuntamiento es hacer lo que le corresponde, salvar la empresa de aguas y defender los intereses de los vecinos. Por eso, nos hemos comprometido a mejorar el servicio, que no se vea incrementada la factura y que la plantilla conserve sus puestos de trabajo. Hay que defender el bien general y eso es lo que estamos haciendo independientemente de estas actuaciones ilegales que nada tienen que ver con la democracia, que es, por otro lado, la que ha legitimado a este equipo de Gobierno en las urnas", aseguraba ayer Ortega.

El próximo pleno se celebrará este miércoles a las 8.15 horas para, además de que tomen posesión los dos nuevos concejales (uno por el PP y otro por Ciudadanos por Alcázar tras las recientes dimisiones), aprobar la adjudicación definitiva de Aguas de Alcázar a Aqualia. Lo que ha llamado la atención en el municipio es la convocatoria de dicho pleno extraordinario. Se hizo el domingo mientras miles de vecinos se volvían a concentrar frente al Ayuntamiento para seguir reivindicando que el agua de Alcázar sea pública. "Lo atípico es convocar un pleno en domingo. ¿Por qué no lo hicieron el viernes u hoy [por ayer]?", se pregunta Luis Miguel. "Nos extraña el hecho de que lo hicieran en domingo y precisamente cuando todo el pueblo de Alcázar estaba en la calle manifestándose. Nos quedamos perplejos y no sabemos qué estrategia sigue el equipo de Gobierno o si tratan de asustar a los ciudadaos. Sus medidas van encaminadas a desmoralizar a los vecinos para que piensen que para qué van a votar si ya está hecho. Esa es su política. Esta convocatoria de pleno es inusual y rarísima pero estaremos allí como llevamos haciendo siete u ocho meses", agrega.

Ortega, por su lado, explica que el pleno se convocó el domingo porque "cualquier día se puede convocar un Pleno. Hay que cumplir unos plazos que recoge la normativa para las adjucaciones. Y este equipo de Gobierno trabaja los 365 días", zanja.

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