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La falta de recursos lastra la ley que reconoció la lengua de signos tras diez años desde su aprobación

Los colectivos de personas sordas y sordociegas lamentan que la escasa dotación económica impida la ejecución correcta de la normativa en España

Una década después, todavía no se ha aprobado el reglamento que debe desarrollar la norma que dio carácter oficial a la LSE

El acceso a la educación en LSE o la comunicación en el ámbito sanitario, entre las reclamaciones aun por completarse

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Una manifestación de personas sordas en reivindicación de sus derechos.

Una manifestación de personas sordas en reivindicación de sus derechos.

Diez años después de que se aprobara la ley que reconoce la Lengua de Signos Española (LSE), la falta de recursos y cierto olvido institucional lastran la aplicación de los derechos reconocidos para un millón de personas gracias a la normativa de 2007. La situación de las personas sordas que hay en España (no todas usuarias de LSE) ha mejorado, pero sigue lejos de ser la ideal.

"En su conjunto en España tenemos un buen bagaje de normas para personas con discapacidad. La cuestión de fondo es que estas normas hay que aplicarlas, dotarlas económicamente, y esto es lo que en el día a día se nos queda corto", explica Carmen Jaúdenes, directora de Fiapas, la confederación española de familias de personas sordas. En román paladino, no se está cumpliendo la ley por falta de recursos. Un ejemplo: en España hay un intérprete para cada 140 sordos. En Finlandia, uno para cada diez.

La normativa que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supuso un antes y un después para la comunidad sorda. "Hablamos de derechos", valora Jaúdenes la importancia que tuvo. De algo tan básico como que sordos y sordociegos "puedan desarrollar su vida diaria". Sin embargo, diez años después de la aprobación de la ley, todavía no se ha cerrado el desarrollo del reglamento que debe servir para aterrizar del todo la norma en la calle.

La ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas llegaba para normalizar (y obligar a la administración) la presencia de la LSE en las entidades públicas oficiales y para garantizar el derecho de los usuarios de la lengua de signos a poder comunicarse en su lengua. Esto es, a tener al menos un intérprete en el desempeño de sus tareas cotidianas.

Educación no garantizada

Entre las medidas contempladas por la normativa, "los artículos 7, 8 y 10 dicen que la administración pública debe promover que los niños sordos y sordociegos puedan elegir educarse en LSE, pero la realidad es que no se puede conseguir en cualquier sitio", lamenta por teléfono, a través de una intérprete, Concha Díaz, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

Si bien es cierto que la mayoría de las personas sordas están matriculadas en centros de ordinarios de integración preferente con la lengua oral como vehicular junto a apoyos diversos (logopeda, medios tecnólogicos, un intérprete si es necesario), para los que quieren educarse en LSE —y quien quiera tiene el derecho de hacerlo— la situación es más compleja. Existen los colegios bilingües, pero son pocos y no cubren todo el territorio.

El educativo es uno de los sectores sobre los que las personas sordas, a través de las asociaciones, más reivindicaciones tienen. Empezando por el no acceso universal garantizado en LSE, hasta el paso a la Secundaria o la Universidad, una realidad aún lejana para el colectivo. "Siempre es la misma barrera, que el intérprete es caro", explica Díaz. Hecho que se traduce en que es quienes cuentan con uno no pueden disponer de él todo el año o no les cubre el horario completo, cuenta Díaz.

En España no hay datos desagregados sobre el acceso de los sordos a la universidad, pero las asociaciones saben que son pocos. Cada vez más, dice la percepción, pero menos de los que deberían. Entre los miembros de Fiapas, el porcentaje oscila entre el 5% y el 13%, explica Jaúdenes, aunque este porcentaje incluye a las personas que están "oralizadas", no solo se refiere a los usuarios de LSE. La Fundación Universia cifró en 2015 en un 7,2% el porcentaje de alumnos sordos que acceden a un grado y un 7,3% los que llegan al posgrado.

La barrera de Emergencias y Urgencias

Otras situaciones de la vida cotidiana que deben afrontar las personas sordas —con problemas en muchos casos— se dan en el sistema sanitario. La primera reivindicación del colectivo es que los audífonos son "la única prótesis externa de la cartera ortoprotésica con discriminación", lamenta Jaúdenes. "La prestación solo cubre el 30% del coste y solo se da hasta los 16 años, cuando es un elemento fundamental en las personas sordas porque le conecta con el entorno", explica.

Más allá, "las personas sordas usuarias de LSE no pueden acceder al 112 si tienen una emergencia", alerta Díaz, porque el sistema no está preparado para atenderles. "Y este diciembre acaba el plazo para que la administración cumpla el plazo de  garantizar la accesibilidad (física y comunicativa)", tercia Jaúdenes. Spoiler: no lo va a cumplir.

Además del servicio de emergencias, acudir a Urgencias puede ser un pequeño infierno para una persona sorda. "No están preparadas para recibir a una persona usuaria de LSE y atenderle con un intérprete", sostiene la directora de Fiapas. Conocido fue el caso de un hombre que estuvo siete horas esperando en Urgencias porque le llamaron por megafonía y, claro, no lo escuchó.

Pero es que ni siquiera sería necesario un intérprete a tiempo completo en los centros, explica Jaúdenes. "Existen sistemas de comunicación a distancia, como las videoconferencias, para que no sea necesario el intérprete". Otros métodos tecnológicos "sencillos y de bajo coste", como los sistemas de inducción magnética o los bucles, permitirían al paciente sordo mediar directamente con su médico para "comunicarse con la conveniente privacidad sin necesidad de terceras personas".

"Es difícil valorar las consecuencias"

Las situaciones descritas pueden extrapolarse básicamente a cualquier ámbito en el que una persona sorda tenga que relacionarse con una oyente. Justicia, servicios sociales, medios de comunicación...

Al final, reflexiona Jaúdenes, el problema es que "la sordera es una discapacidad bastante invisible a la sociedad". "Nos resulta muy difícil valorar las consecuencias y la dimensión que puede tener la presencia de esta discapacidad en la vida de las personas, cuánto puede condicionar sus actividades", explica. "Hoy en día la tecnología ofrece unos resultados [en cuanto a la posibilidad de comunicarse] que hace ocho o diez años no podíamos imaginar. Pero que la tecnología resuelva no significa que la sordera ha desaparecido y se haya acabado el problema".

Todo ello hace que la problemática fundamental sea el desconocimiento. "No se calibra la necesidad de las personas de contar con estos medios, sea un intérprete o un producto". ¿Se sienten abandonados por la administración? "La primera barrera es esta, el desconocimiento. Una vez superada esta, en general hay buena disposición. Intentan facilitar en la medida de sus posibilidades, pero la barrera del desconocimiento es complicada de franquear", cierra.

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