Austria pone bajo alerta de viaje a Serbia, Montenegro y otros 4 balcánicos

Austria ha impuesto este miércoles una alerta de viaje por la COVID para seis países de los Balcanes Occidentales, entre ellos Serbia y Montenegro, que sí están en la lista de “países seguros” para cuyos residentes la UE recomendó ayer permitir la entrada sin restricciones a suelo comunitario.

La alerta, que se aplica también a Bosnia, Kosovo, Macedonia y Albania, ha sido justificada por el Gobierno en el elevado número de infecciones de coronavirus en esos países.

Con esa medida, el Gobierno alerta así contra desplazamientos a esos países y pide a los ciudadanos austríacos que abandonen la zona de forma urgente.

El ministro de Exteriores, Alexander Schallenberg, señaló que ya se han detectado casos en Austria relacionados con personas que han regresado de esos países.

Se refirió a los “estrechos vínculos políticos, económicos, humanos y culturales” de Austria con los Balcanes Occidentales, y asumió que es una medida dolorosa para muchos habitantes de Austria, porque tienen familia y amigos en la región a los que no han podido ver desde hace meses.

Unas 530.000 personas, aproximadamente el 6 % de la población de Austria, proviene o tiene sus raíces familiares en países de la antigua Yugoslavia, según reconoció hoy mismo el Gobierno.

“Tenemos que hacer todo lo posible para evitar una segunda oleada” de la pandemia, señaló el ministro al justificar la medida.

Schallenberg calificó de “recomendación” la lista de países seguros anunciada ayer por la UE y afirmó que las restricciones de viaje para países extracomunitarios siguen vigentes en Austria.

De hecho, Austria exige actualmente una cuarentena de catorce días o un test negativo de coronavirus para poder entrar desde esos países.

En el listado de los países “seguros”, para cuyos residentes se recomienda permitir la entrada en la UE, figuran Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda.

Cada Estado miembro de la UE es competente en materia de fronteras y puede decidir si mantiene el veto.