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La batalla de la codorniz: el PP quiere barra libre para cazarlas pese a la amenaza de sanción europea

Un cazador con sus perros.

Raúl Rejón

19 de marzo de 2026 22:03 h

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La derecha y ultraderecha españolas quieren a los cazadores como aliados en su disputa electoral por los votos rurales. Así que, ante la posibilidad de que se decreten restricciones en la Unión Europea a la caza de la codorniz por el mal estado de la especie, nueve gobiernos autonómicos del Partido Popular le han pedido al Ministerio de Agricultura que ignore la ciencia y defiendan en Bruselas que no se limiten las capturas, a pesar de que no hacer nada ante el declive deja a España a merced de un expediente sancionador de Bruselas.

Extremadura, Andalucía, Madrid, Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Galicia, Región de Murcia y La Rioja han remitido una carta a este Ministerio –sin prestar atención a que Transición Ecológica está implicado– en la que dicen que no hay “un criterio científico claro” para avalar restricciones de caza. También añaden que se “obvian estudios científicos que avalan la caza sostenible de la codorniz”. Se refieren a un proyecto patrocinado e impulsado por las federaciones de caza.

El Partido Popular sale así en defensa del sector cinegético, un terreno que el partido ultraderechista Vox ha conseguido caracterizar como algo propio. “Vox defiende la caza como esencial para la prosperidad de las áreas rurales y un emblema de la identidad nacional”, analiza esta investigación de la Universidad de Toronto. “Equipara ser español con los valores y tradiciones rurales” y “ha ligado el campo a la masculinidad tradicional y los valores nacionalistas”.

En este sentido, la caza es una actividad fuertemente masculinizada: hay unos 325.000 federados hombres y 4.600 mujeres. De los 1,4 millones de licencias de armas usables para la caza registradas por el Ministerio del Interior, solo hay 58.000 de mujeres.

En la lucha por esa área de influencia, el PP afirma en su carta a Agricultura que “la postura del Ministerio tira por tierra años de lucha contra la despoblación”.

La idea diseminada por los cazadores es que la ciencia no sostiene que la codorniz atraviese un mal momento que justifique limitar las muertes causadas a escopetazos. Y los gobiernos del Partido Popular han salido a respaldar esa postura. Los mismos cazadores han pedido a los gobiernos autonómicos que acudan en su defensa. Y es lo que estas nueve regiones han hecho.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) declaraba en enero pasado que “las posibles limitaciones no están avaladas por datos científicos”. Y añadían: “Pedimos a las comunidades autónomas una postura firme”.

Ahora, una vez que el Gobierno (por boca tanto del Ministerio de Agricultura como el de Transición Ecológica) ha admitido que no pueden “seguir sin hacer nada” y que hay que planear una reducción en las capturas, la RFEC insiste en que las medidas “deben ser consensuadas con el sector cinegético”.

Acto seguido, las nueve comunidades han enviado la carta al ministerio en la que repiten los argumentos de la federación. “No hay criterio científico claro”. La Junta de Extremadura le ha puesto voz a esta postura: confía en que “el Estado no permita que una vez más, el exceso de protección medioambiental sin justificación técnica suponga un freno al desarrollo económico de los pueblos extremeños”.

El propio Ministerio de Agricultura, al que los cazadores y las comunidades ven como posible aliado, ya ha aceptado que debe rebajarse el nivel de caza sobre la codorniz. En caso contrario, en el horizonte se dibuja un expediente de sanción europeo. El subdirector general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Pablo Bernardos, ha admitido que “hay que evitar un procedimiento de infracción. Da mala imagen de España y del sector”.

Matan igual jóvenes que adultos

Carles Carboneras y Beatriz Arroyo son los investigadores que lideraron el consorcio científico cuyas conclusiones técnicas utilizó la Comisión Europea para proponer un parón en la caza de codornices. Ambos cuentan ahora a elDiario.es que “se ha puesto mucho énfasis en quitar validez a los datos científicos utilizados en los análisis, que a su vez sirvieron de base para las recomendaciones técnicas”.

“Nuestros análisis revelan que la supervivencia de adultos, y sobre todo de jóvenes, son muy bajas comparadas con los datos históricos”, cuentan los científicos del Instituto de Recursos Cinegéticos (Irec) y “demuestran que sería necesaria una productividad altísima –que cada hembra criara con éxito unos 15 pollos cada año– para mantener a la población. Esas tasas de reproducción son poco realistas en las condiciones actuales”.

Ambos aclaran que para tomar decisiones hace falta atender a muchos parámetros, no basta con limitarse a la tendencia poblacional como hacen los cazadores con su proyecto Coturnix. “Nuestra modelización muestra que un incremento significativo en la supervivencia de los ejemplares juveniles podría comportar, por sí sola, la recuperación de la población en cuanto a la vía migratoria”.

Pero el problema es que los jóvenes y los adultos son “indistinguibles a simple vista”. Es decir, cuando los cazadores apuntan no pueden saber si la pieza tiene un año o tres. Disparan y la rociada de perdigones acaba con la codorniz ya sea juvenil o adulta.

Por eso su recomendación técnica fue proponer “una moratoria de caza o una reducción muy importante de, al menos, un 75%”. Ahí es cuando los cazadores se levantaron en armas políticas.

La decisión se toma a nivel europeo porque la codorniz es una especie migratoria que pasa por muchos países antes de regresar en el invierno a África. De hecho, a la luz de los informes remitidos por el consorcio científico, el grupo de expertos en las directivas de aves y hábitats de la Comisión Europea ha concluido: “Es evidente que seguir como hasta ahora no es una opción”.

Igual que con la tórtola

Los científicos recuerdan el caso de la tórtola europea: “Tras cuatro años de moratoria [cuota cero], la recuperación ha sido suficiente para permitir la reapertura de la caza, de forma controlada, consensuada entre los países, y con una base científica”.

Sin embargo, la tórtola también ilustra la insumisión autonómica del Partido Popular cuando toca limitar la caza. En 2019, la Fiscalía tuvo que conminar a los gobiernos regionales a que dejaran de incluir a la tórtola como especie cazable porque España tenía abierto un expediente sancionador en Bruselas justamente por no “proteger adecuadamente” a esta ave codiciada por los cazadores.

La Real Federación de Caza tildó entonces este escrito de “amenaza”. En ese momento, la mala situación de la tórtola europea había hecho que el plan de recuperación incluyera una moratoria de todas las capturas. Establecer una cuota cero. Ante esto, los cazadores terminaron por proponer que bastaría con que se rebajaran las capturas un 50%, pero ya era tarde. Era el momento del parón temporal que permitiera a las tórtolas recuperarse.

Mientras se cerraba la medida, la RFEC afirmaba que “la prohibición de la caza de la especie supondrá, sin duda alguna y tal y como advierte la comunidad científica, un problema mucho mayor para la especie”. En un comunicado sostenían que “denunciamos la falta de imparcialidad de la Fiscalía” y llegaron a decir que la diligencia iba “en contra de toda la comunidad científica”.

Finalmente, la moratoria se decretó. La tórtola tuvo un respiro y ha remontado. Los cazadores pueden volver a dispararles desde 2025. Está por ver qué ocurre con las codornices.

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