Investigados tres cargos de la Comunidad de Madrid por prevaricación en el Parque Nacional del Guadarrama
Tres altos cargos de la Comunidad de Madrid (uno ya no ejerce) han sido imputados por irregularidades en la gestión del Parque Nacional del Guadarrama, relacionadas con la cesión de suelo protegido a cambio de un canon de 2.000 euros anuales para que una empresa estableciera allí un negocio. La concesión implicó un concurso exprés en el que se ocultaron las condiciones reales del proyecto y se omitió la evaluación de impacto ambiental, según apuntaron más tarde los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño. Solo una sociedad se presentó y ganó el contrato.
Los investigados en el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo (Madrid) son los distintos cargos que fueron firmando el expediente: el exdirector general de Medio Ambiente, Ricardo Riquelme, el responsable de Espacios Protegidos, Ismael Hernández y el codirector del parque, Pablo Sanjuanbenito. Estos dos últimos siguen en sus puestos actualmente. Riquelme abandonó esa responsabilidad tras presentarse de número dos en la lista electoral del PP al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) en 2015. Ahora es el primer teniente de alcalde del municipio gobernado por el PP.
Los hechos investigados responden a un presunto delito de prevaricación administrativa, esto es, la toma de una resolución arbitraria por parte de un funcionario o autoridad “a sabiendas de su injusticia”. Conlleva pena de inhabilitación para cargo público de, entre, nueve y 15 años, pero no implica cárcel. El Consejo General del Poder Judicial ha incluido este delito entre los considerados como “relacionados con la corrupción”.
El caso investigado se remonta a 2014, cuando la Consejería de Medio Ambiente sacó a concurso la concesión de un terreno de 8.500 m y dos edificaciones de 200 metros bajo el paraguas de un “centro de información”. La única aspirante, la empresa Ednya, presentó un “plan de negocio” que incluía campamentos infantiles y talleres para “directivos y profesionales”.
La Dirección General de Medio Ambiente emitió el 11 de diciembre de 2014 un informe que aseguraba que “el proyecto no tiene una significación sobre los espacios en los que se ubica siempre que se incorporen una serie de condiciones añadidas”. El director del parque había firmado dos días antes que “la obra y la actividad” del negocio no implicaban “afecciones significativas”. El escrito llevaba el visto bueno del subdirector de Espacios Protegidos, Ismael Hernández.
Este informe libraba al proyecto de someterse al trámite de evaluación ambiental. Sin embargo, el proceso omitió el análisis sobre la “compatibilidad de la actividad con los valores naturales” que se protegen. Es obligatorio según la normativa y los servicios jurídicos del Gobierno regional advirtieron, cuando el centro ya operaba, que se trata de una “irregularidad relevante”.
La concesionaria adjuntó además en su plan un negocio de hostelería. Tras obtener el visto bueno administrativo y ganar el concurso, los problemas que esta “cantina” supusieron para obtener la licencia municipal hizo que, desde la Consejería de Medio Ambiente, se buscaran alternativas: “Un servicio de comidas para las personas que realicen las actividades educativas, formativas y que por su duración exijan realizar la manutención en la instalación”.
Indemnización de 300.000 euros públicos
Ednya puso en marcha su actividad en el parque nacional a finales de 2015. Sin embargo, más de un año después, la Comunidad de Madrid se vio obligada a anular la concesión e indemnizar a la empresa. Los servicios jurídicos hallaron una batería de irregularidades en el expediente: se omitieron trámites de evaluación ambiental y se ocultaron los verdaderos datos de las instalaciones públicas incluidas en el concurso ya que las dos casonas levantadas en la parcela eran de 200 m en lugar de los 48 que aparecieron en los pliegos, dijeron los letrados. Se prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, zanjaron. Las arcas públicas tuvieron que indemnizar a la empresa con más de 300.000 euros.
Mari Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, alertó desde un principio de la irregularidad del proceso y advirtió de que se estaba dando “unas condiciones muy ventajosas a una empresa para que logre unas instalaciones en un lugar exclusivo de la sierra y se han justificado unas actividades para favorecer a esa empresa”.
Entre las condiciones estaba un canon de ocupación de 2.000 euros anuales (a pagar en especie). La sociedad siempre contrapuso que se trataba de un proyecto de “educación y de promoción” y que la sola rehabilitación de las instalaciones le había costado 300.000 euros. Sin embargo, cuando se sustanció la anulación de su contrato, Ednya solo pudo justificar gastos de 196.000 euros. También solicitó que se le pagasen 550.000 por los beneficios que no obtendría (el lucro cesante).
La Comunidad de Madrid ha asumido la defensa legal de sus trabajadores ya que considera que “no ha existido ninguna conducta punible por su parte” en lo que define como “procedimiento administrativo por el que se adjudicaron unas casas forestales en La Pedriza”. El exdirector general y actual teniente de alcalde majariego, Ricardo Riquelme, no ha contestado a las peticiones de opinión de elediario.es.
