El defensor del Pueblo recibió 28 quejas de adoctrinamiento en centros catalanes

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha asegurado hoy que su institución ha recibido 28 quejas sobre adoctrinamiento en centros educativos catalanes en el curso 2017-18 y ha recordado que el objetivo fundamental de la educación es “enseñar a pensar” pero no decir “lo que pensar”.

Al Defensor en funciones le parece “poco correcto” aducir “que se puede adoctrinar en aras de una pretendida libertad de cátedra”, según ha señalado a los medios antes de comparecer en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso para informar, entre otros asuntos, sobre las denuncias que ha recibido en materia de adoctrinamiento ideológico en centros de Cataluña.

Las quejas enviadas por ciudadanos catalanes fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Educación y de la Consejería de Enseñanza de Cataluña y hacían referencia a centros públicos ubicados en Villafranca del Penedés, Manresa, Sant Andreu de la Barca, Premiá de Mar, Badalona y Santa Coloma de Gramanet.

Las denuncias son de dos tipos: unas tenían un grado de concreción “muy bajo o inexistente” y carecían de base para iniciar actuaciones y otras se referían a conductas concretas “cuya descripción podría resultar indiciaria de la existencia de posibles casos de adoctrinamiento en el ámbito educativo”, según matiza la institución en un comunicado.

En estas últimas se mencionaba al autor de adoctrinamiento y dónde y cuándo se produjeron, y con ellas se iniciaron actuaciones en noviembre de 2017, ya aplicándose el artículo 155 de la Constitución.

Los contenidos de las quejas hacían referencia, por ejemplo, a incitar a los estudiantes a manifestarse contra la detención de representantes de Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña; llevar a los alumnos ante una comisaría de Policía para realizar cantos de carácter independentista y en contra de la Policía Nacional.

También hay quejas sobre que se requería autorización de los padres para la participación de sus hijos en la huelga educativa del 28 de septiembre, apoyando de forma implícita la misma; o que se permitía a una profesora que reuniera a todos los alumnos del centros para explicarles que la Policía Nacional había coartado la democracia en Cataluña.

Adoctrinar al alumnado del centro en contra de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Estado español es otro argumento de las quejas, así como inculcar a los alumnos de forma reiterada por algunos profesores su ideología nacionalista.

Otra queja es la de manifestar a los alumnos en clase que la Policía y la Guardia Civil les harían daño si los vieran, al igual que hicieron el día de las votaciones, que pegaron a niños y personas mayores.

Según el Defensor, el pasado abril el Ministerio les envió un escrito en el que se informaba que el departamento de Enseñanza de la Generalitat, en octubre de 2017 (sin el 155) consideraba que en las fechas y centros docentes citados “se produjeron manifestaciones promovidas por el alumnado que contaba con autorización paterna”.

Se añadía que “las actuaciones descritas no fueron organizadas o promovidas por los directores o docentes de los centros educativos”.

Dicha respuesta la firmaba la entonces consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí.

El Ministerio también envió al Defensor otras respuestas en noviembre de 2017 (con el 155) por el secretario general del Departamento de Enseñanza catalán, donde se relativizaban los hechos, manifestando “irrelevancia punitiva de los hechos descritos en el requerimiento”.

El informe del Ministerio es “claramente insuficiente” para el Defensor, pues no valora la actuación de la Administración educativa de Cataluña “ni aporta datos sobre las actuaciones inspectoras, supervisoras y de control que hubieran podido y debido efectuarse”.

El Defensor, que ha especificado que las quejas se formularon antes de los lazos amarillos, ha dicho que “en fechas recientes” ha recibido cuatro nuevos escritos sobre adoctrinamiento -remitidos por diputados, asociaciones catalanas y un sindicato de funcionarios- y que se están estudiando.