Un órgano dependiente del Gobierno pide un aumento de presupuesto contra la violencia machista
El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha pedido un incremento de la dotación presupuestaria para hacer frente a la violencia machista. Lo hace en el documento final del grupo de trabajo formado ad hoc para hacer propuestas a la subcomisión que articulará el pacto de Estado que se está gestando en el Congreso.
El texto, al que ha tenido acceso eldiario.es, especifica que la mayoría de los miembros del grupo han pedido un aumento de recursos materiales y humanos por parte de todas las administraciones “para hacer efectiva la atención, asistencia, apoyo y recuperación de las víctimas”. Hace unos días el Gobierno admitió asignar cuatro millones de euros más a la partida destinada a prevención, pero ha sido tildado de “insuficiente” por la oposición y los colectivos sociales.
El Observatorio hace referencia a que el grupo de trabajo ha contado con un gran número de aportaciones referidas a subir la dotación dirigida a los servicios de asistencia y protección de las mujeres y sus hijos e hijas, así como aumentar el número de Juzgados de Violencia sobre la Mujer e incrementar el número de efectivos de las unidades de la Policía especializadas en violencia y crearlas en la Guardia Civil.
El epígrafe del documento dedicado a dotación presupuestaria solicita dicho aumento también para el programa dirigido a igualdad de oportunidades, que el Gobierno ha congelado en 19 millones de euros, según el proyecto de Presupuestos para este 2017. La cifra lleva reduciéndose de forma consecutiva –excepto un año– desde 2006, cuando se destinaron 50,7.
Seguimiento de las medidas de protección
El Observatorio de Violencia sobre la Mujer está adscrito a la Secretaría de Estado de Servicio Sociales e Igualdad y, de hecho, su máximo responsable, Mario Garcés, ha estado presidiendo el grupo de trabajo, que se consensuó poner en marcha en la reunión del pleno del Observatorio del 30 de marzo de este año. Desde entonces, se ha ido reuniendo de manera periódica y ha dado como resultado este documento, que según el propio texto, fue aprobado el pasado 31 de mayo.
La ley de violencia de género de 2004 contempla en su artículo 30 la creación de este Observatorio, al que tradicionalmente los colectivos feministas han acusado de ser poco eficaz y no ser representantivo del conjunto de organizaciones por no fomentar la participación. En esta ocasión, y con motivo de la subcomisión de violencia machista, que ya ha finalizado y está negociando para aprobar un documento final de propuestas, el Observatorio decidió crear un grupo de trabajo.
En él han estado representados los ministerios de Justicia, Interior, Educación y Sanidad, además de las comunidades autónomas, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial. También sindicatos, organizaciones empresariales, ONG y las cinco organizaciones de mujeres que forman parte del pleno del Observatorio, además de otros colectivos feministas invitados.
En primer lugar, el grupo pide un mayor esfuerzo en la coordinación institucional y hace referencia “a la necesidad de impulsar protocolos de coordinación y actuación” y en aquellos ámbitos en los que ya existen, “mejorar su aplicación”. Por otro lado, piden aumentar los recursos asistenciales de manera especial para aquellas mujeres víctimas de violencia machista que viven en el ámbito rural, donde en ocasiones resulta complicado acceder al sistema de protección.
Entre otras cosas, exigen la mejora de los mecanismos de evaluación policial del riesgo, para evitar situaciones de mujeres que han sido asesinadas tras no apreciarse ningún riesgo o riesgo bajo. Con el fin de impedir los asesinatos de víctimas que contaban con medidas de protección, pide “un seguimiento riguroso” del cumplimiento de las órdenes y “mayor control” sobre los agresores.
Los derechos de los maltratadores
Por otro lado, el Observatorio apuesta por que la denuncia no sea condición sin la que no se puede acceder al sistema de asistencia. Esta es una de las reivindicaciones tradicionales de las organizaciones, que inciden en que la mayor parte de víctimas no denuncian, pero sí deben tener derecho a acudir a los puntos de violencia y ser atendidas por los servicios sociales.
El documento también se opone a la custodia compartida impuesta, a pesar de que el Gobierno prepara un borrador para convertir esta medida en habitual, y demanda que los hijos e hijas de mujeres víctimas puedan acceder a tratamiento y atención psicológica sin precisar de la autorización de su padre agresor. Se trata de un requisito legal derivado de la patria potestad, recogida en el Código Civil, y que se aplica incluso con hombres condenados por violencia machista.
Otro de los puntos que más preocupan a los colectivos feministas, el del derecho a visitas con los hijos e hijas, también aparece en el texto al asegurar que es necesaria “la revisión de los derechos de los padres maltratadores sobre sus hijas e hijos”. Por último, el grupo de trabajo hace hincapié en la mejora de la formación en el ámbito sanitario, judicial y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la dispensa de la obligación de declarar contra su maltratador.
