El Tribunal Supremo reconoce la relación laboral entre Glovo y un repartidor

Madrid, 23 sep (EFE).- El Tribunal Supremo ha reconocido que la relación entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, y ha rechazado elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En un comunicado, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo señala que ha estimado el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de marzo de este año.

En dicho fallo, el TSJC consideró como falso autónomo a un exrepartidor de Glovo despedido en 2017 tras dos años de servicio, y obligó a su readmisión o a indemnizarlo.

Ahora, el Supremo ratifica dicho criterio al entender que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad.

Para el Supremo, Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio.

Además, es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad, los repartidores o “riders”.

Estos trabajadores no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, sino que prestan su servicio “insertados” en la organización de trabajo del empleador.

Al respecto, Glovo ha manifestado su respeto por las decisiones del Supremo, y aboga por la clarificación del marco regulatorio, tanto en España como a nivel europeo.

El debate sigue abierto en los tribunales, señala la empresa, que recuerda que hay varias sentencias que validan el modelo, como la última del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), y otras contrarias, como en España.

Por su parte, la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) ha advertido de que cualquier ordenación del sector debe contar con la aportación de los repartidores y ha opinado que la sentencia añade aún más complejidad a dicha ordenación.

APRA sostiene que el hecho de que se pretenda encuadrar a estos repartidores en una relación laboral no significa mejorar su situación profesional ni aumentar sus ingresos, sino lo contrario.

“Creemos que los tribunales no tienen que estar definiendo la forma en que trabajamos. El Gobierno es el que debe hacerlo, con una regulación que tenga en cuenta nuestra situación y peticiones para continuar siendo autónomos, y dándonos más fácil acceso a las protecciones y beneficios necesarios”, señala en un comunicado.

En los próximos días, este colectivo tiene previsto salir de nuevo a la calle para defender su profesión en varias ciudades españolas, ante la “nula” predisposición por parte del Ministerio de Trabajo a dialogar, según denuncian.