Holanda, “cerca de reconocer” daño causado a niñas esclavizadas en la Iglesia

El Estado holandés “está cada vez más cerca de reconocer” el daño causado con el trabajo forzado de 15.000 niñas en lavanderías y talleres de costura de las Hermanas del Buen Pastor durante décadas, asegura a Efe la abogada de las víctimas, Liesbeth Zegveld.

“Al principio decían que no iban a hablar del tema porque ya han tratado los abusos sexuales en la Iglesia católica y que lo de estas chicas es totalmente distinto y solo fue trabajo forzado, que era normal. El Estado ha dado ahora un giro, está abierto a investigar y dice que lo más seguro es que haya un reconocimiento del daño y una compensación”, subraya.

Con una larga experiencia en defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos en Holanda y en otros países, Zegveld asegura que el Estado holandés “se está moviendo lentamente hacia el reconocimiento y una investigación”, pero lamenta que esos delitos “solo pueden ser investigados con ayuda de la congregación”, que ya ha abierto sus archivos a una comisión estatal.

Asegura que está “preparada para llevar al Estado ante los tribunales, un paso más que probable” por la lentitud en la reacción, aunque espera que el Gobierno del liberal Mark Rutte “coopere” porque “no está en el interés de nadie” que esto se convierta en una batalla judicial.

Según testimonios recogidos por Efe, unas 15.000 adolescentes estigmatizadas como “prostitutas” y procedentes de “familias rotas” fueron encerradas en la congregación de Nuestra Señora del Buen Pastor en Holanda entre 1860 y 1978, donde fueron obligadas a trabajar durante 60 horas a la semana y sin cobrar en lavanderías y talleres de costura.

Eran, en su mayoría, niñas huérfanas, víctimas de abusos sexuales o de violencia de género, rebeldes adolescentes o hiperactivas “incontrolables” y, según denuncian, fueron privadas de libertad y obligadas a coser y limpiar camisas para el Ejército o sábanas y toallas para hospitales y prendas para conocidas empresas.

En nombre de las víctimas, esta letrada envió una carta en enero a la congregación, en la que les responsabiliza de “maltrato de estas niñas forzándolas a trabaja sin parar durante días, años, sin pagarles por sus labores, sin darles una educación, y obligándolas a hacer trabajos no aptos para su edad”.

Además, le acusa de hacer esto “por beneficio económico”, por lo que la institución “debe pagar una compensación, los sueldos no cobrados y los daños inmateriales” a las 15.000 víctimas.

“Han contestado a esa carta. Rechazaron cualquier responsabilidad, dicen que les dan pena estas mujeres, que es duro para ellas saber que esto ha pasado (en su congregación), que sienten simpatía por estas niñas, pero no porque se consideren responsables de lo ocurrido”, explica.

Las monjas subrayan que “no se actuó por iniciativa propia” porque las adolescentes eran internadas por “el propio Estado, a menudo por tribunales, por lo que debía haber inspecciones oficiales, así que no es únicamente responsabilidad” de la congregación.

Además, el trato recibido “se adaptaba a aquellos tiempos, a las maneras en las que los niños eran criados en orfanatos, a las prácticas religiosas en la época”, agregan.

Su tercera “excusa”, dice Zegveld, se refería a que estas menores “venían ya de un contexto muy complicado”, por lo que su destino “podría haber sido peor” del que fue.

“El hecho de que (estas mujeres) no hayan sido capaces de reintegrarse en la sociedad como el resto de adultos, el que se estancaran tras abandonar esos conventos, hace a las monjas responsables de lo que pasó, por la manera en la que las trataron en un momento crucial de sus vidas”, opina la abogada.

Zegveld cree que detrás de la lentitud del Gobierno que hay un “machismo intrínseco” que hace que “crean que, cuando es un asunto que afecta a mujeres, es entonces menos grave” pero aplaude que eso “parece que va a cambiar”, tras varias conversaciones con el Ejecutivo y el Parlamento la semana pasada.

“Siempre he pensado que hay una especie de discriminación entre hombres y mujeres en este asunto (de abusos en la Iglesia). Han estado (el Gobierno) más activos cuando se hablaba de abusos sexuales a chicos, pero con ellas dicen que nunca nadie ha muerto de explotación laboral. ¡Esto ha sido trabajo forzado! Pero ellos lo han intentado relativizar y negar”, lamenta.

Esta letrada, que representa también a las víctimas de la masacre de Srebrenica (1995), que acusan al Estado holandés de no proteger el enclave bosnio y de exponer a los musulmanes al enemigo, considera este un “caso ganado judicialmente” porque las monjas violaron muchas leyes nacionales e internacionales.