Dos juicios a altos cargos eclesiásticos abren la puerta al fin de la impunidad de la cúpula del Vaticano

En 2002, el entonces cardenal Bernard Law, arzobispo de Boston (EEUU), pudo ser enjuiciado como responsable del escándalo Spotlight. El prelado, finalmente, no acudió jamás ante los tribunales norteamericanos porque la Santa Sede de Juan Pablo II decidió otorgarle carta de inmunidad y pasó más de una década entre los muros vaticanos, como arcipreste de Santa María la Mayor. Hasta que, pocas semanas después de ser elegido Papa, Francisco lo echó de allí. 

Con Bergoglio han llegado algunos cambios ante dos de los mayores escándalos que asolan a la Curia vaticana: los abusos sexuales y la corrupción. Sólo así se explica que, esta mañana, el cardenal Pell, superministro de finanzas vaticano en excedencia, haya tenido que declarar, en vista previa, ante un tribunal de Melbourne por presunto abusos a menores. Nada que ver como lo que sucedió con Bernard Law. 

Del mismo modo, ha sido la propia Santa Sede la que ha iniciado un proceso judicial, el tercero en abierto a la prensa en la historia de la Iglesia romana (tras los dos Vatileaks), en el que está implicado nada más y nada menos que el anterior secretario de Estado (el número dos vaticano), Tarcisio Bertone. En concreto, la reforma de su famoso ático, cuyos fondos salieron de la Fundación Bambino Gesú, que gestiona el hospital pediátrico del Papa. 

Con los niños no se juega. Sea quien sea. Así lo ha dejado claro esta semana el sucesor de Bertone como mano derecha del Papa, el cardenal Pietro Parolin. “Es apropiado que todo el mundo rinda cuentas por su comportamiento”, señaló el purpurado italiano. Esta mañana, los tribunales vaticanos han vuelto a abrir sus puertas para juzgar, por malversación de fondos provenientes de donaciones, al ex presidente del Bambino Gesú, Giuseppe Profiti, y al extesorero del centro, Massimo Spina.

La imputación del exnúmero dos

Profiti, al que Bertone nombró presidente del hospital en 2008, ha dijo que los 422.000 euros de fondos de la fundación del hospital utilizados para remozar la casa de Bertone fueron una inversión porque pensaba utilizar el lugar para actos de recaudación de fondos para el hospital. De ser hallados culpables de malversación, ambos enfrentarían penas de entre tres y cinco años de cárcel y multas de más de 5.000 euros. La sanción podría reducirse si se abona la cantidad desviada antes del inicio del juicio. 

Tras la primera audiencia preliminar, el proceso continuará los próximos 7, 8 y 9 de septiembre debido al periodo de vacaciones. Aunque por el momento el cardenal Bertone no está imputado, todas las partes dan por hecho que será llamado a declarar después del verano.

Pese a que los abogados de la defensa pretendieron que el juicio se llevara a cabo a puerta cerrada, el presidente del Tribunal, Paolo Papanti-Pelletier, rechazó la propuesta, aduciendo que se trataba de un juicio de importancia pública, y resaltando la firme voluntad del Papa de luchar contra la corrupción.

También se desestimó el “defecto de jurisdicción”, pues la defensa argumentaba que los posibles delitos se habían cometido en Inglaterra no Italia (donde se encuentran las sedes de la empresa que recibió los pagos o de la propia Fundación Bambino Gesú). Sin embargo, la presunta malversación ha sido llevada a cabo por personal vaticano, desde cuentas de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) por lo que, a todos los efectos, se trata de un delito cometido en el Estado Vaticano.

Durante las preliminares, además, se supo que el cardenal Bertone ha enviado una carta, que ha sido inlcuida en el sumario, y en la que, según el abogado de Spina, el ex secretario de Estado aseguraba que “todo está bien y no hay problemas”.

La investigación arrancó hace más de un año, cuando el semanario L'Espresso denunció que parte de la reestructuración del ático al que se mudó Bertone al ser sustituido como secretario de Estado fue pagada con los fondos de la Fundación Bambino Gesu.

En aquel momento, Bertone negó dichas acusaciones, aunque realizó una “donación personal” de 150.000 euros al hospital, que fue interpretado como una asunción de la culpa. Como se ha comprobado, eso no fue suficiente. 

Uno de los nueve elegidos

En lo que respecta al superministro de finanzas vaticano en excedencia, ha sido la propia Radio Vaticana la que ha anunciado que este martes tenía lugar “la audiencia preliminar del proceso a cargo del Cardenal George Pell, Prefecto de la Secretaría para la Economía, por casos de abuso contra menores”. 

Sería el gran error del Papa a la hora de elegir hombres de su confianza ya que Pell es uno de los escogidos por Bergoglio para tratar de reformar la iglesia católica: está dentro del C), el grupo de cardenales designados por el pontífice para afrontar la transformación de la Curia. 

La audiencia de este martes en Melbourne es previa para la declaración que, si todo discurre por los cauces indicados, habrá de ofrecer el cardenal ante los tribunales el próximo 26 de julio. Desde la defensa del cardenal se critica que todavía no se conocen los cargos concretos que se le imputan. 

Entretanto, en el Vaticano se espera, con prudencia, el resultado del juicio, aunque se da por hecho de que Pell no regresará a sus funciones. Incluso aunque fuera declarado no culpable, todos apuestan por una jubilación honrosa para el australiano, que a sus 76 años ya está en edad de renuncia canónica (75 años). 

Cuando anunció su marcha de Roma para comparecer ante la justicia australiana, Pell confesó que “espero con ansias mi audiencia en el corte”. Al tiempo, aseguró que “soy inocentes de estos cargos. Las acusaciones son falsas. La mera idea del abuos es algo abominable para mí”.

Por si acaso, el purpurado no escatimará en gastos. Así, se ha sabido que Pell gastará once mil dólares al día (casi 7.000 euros) en su defensa. El cardenal ha contratado los servicios del que es considerado mejor abogado de Australia, Robert Richter. Se desconoce quién asumirá la defensa de Pell, pues la Iglesia australiana ya se encargó de dejar claro que sólo sufragaría los gastos de alojamiento y manutención del “superministro” vaticano.