El legado de Ana Botella en la VPO: una anciana aislada y en una casa con dos alturas

A sus 80 años, Julia Rodríguez fue desahuciada de un piso de protección oficial del Ayuntamiento de Madrid. Su caso coincidió con el de Carmen Martínez, la anciana a la que el Rayo Vallecano facilitó una vivienda tras ser desalojada. Hace un año estas dos mujeres contaron con el apoyo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y captaron la atención de los medios de comunicación. Por eso Ana Botella, la alcaldesa que dejó a Julia a expensas del interés especulativo del fondo buitre, se comprometió a encontrar a las dos una solución.

Carmen rechazó la oferta del Gobierno municipal porque la opción que le planteó el Rayo le permitía continuar viviendo en Vallecas. Julia también quería seguir residiendo en su barrio, Carabanchel (Madrid), pero al no tener alternativa aceptó la propuesta del equipo de Botella. “He pasado de vivir en un barrio acogedor donde tenía panaderías, supermercados y el banco en mi manzana, a un polígono industrial en el que tengo que coger un autobús para hacer cualquier recado y vuelvo cargada”, cuenta frustada.

Julia vivía con su hija Paloma. El estado de salud de ambas ha sido delicado durante los últimos años. Paloma sufría un trastorno de personalidad límite y una depresión. Los achaques de Julia son físicos; consiguió superar un cáncer de mama y hace dos años fue operada de la cadera, la prótesis que le pusieron le causa molestias, por eso siempre camina ayudada de un bastón. “Nos compenetrábamos, nos apoyábamos mutuamente”, cuenta emocionada al acordarse de su hija.

Una casa que no está adaptada a su movilidad

Tras el revuelo mediático que se generó en su primer intento de desahucio, el equipo de Botella les ofreció una alternativa habitacional, un alquiler social de 120 euros por un piso en un barrio menos atractivo para los fondos buitres, industrial y conocido por ser una zona de prostitución, el Polígono Marconi.

La nueva casa está distribuida en dos plantas, en la baja se encuentra el salón y en la primera están las habitaciones. Los 15 escalones que tiene que subir y bajar todos los días se han convertido en una pesadilla. “Me he caído cuatro veces por estas escaleras, bajo con miedo”, cuenta con la mirada fija en los peldaños, “he pedido que me busquen otro piso, yo no necesito que sea tan grande, y me dicen que lo están estudiando”.

Esa escalera no le ha causado problemas solo a Julia, su hija también se dio de bruces contra el suelo en varias ocasiones: “Un día se cayó y se quedó encajada en la esquina. No la pude levantar y me tuvo que ayudar el portero”. Paloma estuvo sumida en un agujero emocional durante los meses en los que intentaron evitar el desahucio: “Cuando nos desalojaron lo pasó fatal. Al llegar aquí, esta casa la terminó de matar. No le gustaba ni el piso ni el barrio, tenía miedo a las escaleras. Aquí se desmoronó y su depresión se agravó”, añade Julia muy afectada.

Paloma falleció en abril a los 45 años a causa de un edema pulmonar, pero sigue presente en su casa, sus cenizas reciben a todas las visitas. En una esquina del salón, al lado de la puerta, su madre las ha colocado junto a varias fotos de su hija “para no sentirse sola”. Ahora que se ha quedado sola pide a la EMVS un piso adaptado a su movilidad y a su economía: “La planta baja es altísima, tiene techos de cinco metros y me cuesta mucho dinero poder calentarla. En invierno no podré enceder la calefacción porque me va a salir muy caro canlentar toda la casa”.

“Cobro 632 euros al mes y me pedían 700 de alquiler”

Julia recuerda los 13 años en los que estuvo solicitando ante Ayuntamiento de Madrid un piso de protección oficial. En 2011 ganó un concurso de adjudicación y lo consiguió: “Desde 1998 iba todos los años a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) a presentar la petición. Daba lo mismo que lloviese o nevase, siempre había unas colas increíbles”. Ella y Paloma dejaban a un lado un piso de renta antigua, de 20 metros cuadrados, y entraban en un inmueble con dos habitaciones: “Cuando lo vi por primera vez no me lo podía creer, era maravilloso. El barrio también me encantó, teníamos una parada de metro en la puerta y el supermercado en la esquina”.

Firmaron un contrato de cinco años con la EMVS y no se imaginaban que en el ecuador de su acuerdo iban a volver a empaquetar su casa y hacer frente a un desahucio. “Cuando me concedieron el alquiler de la casa de Carabanchel, siempre pensé que me moriría aquí”. Como la mayor parte de los afectados por la venta de 18 promociones de vivienda de protección oficial municipal a Blackstone, el alquiler comenzó a ascender y el carácter social de las viviendas desapareció: “Cobro 632 euros de pensión y querían subirme la renta a 700 euros, el Ayuntamiento me cobraba 400 euros. Intenté negociar pero no hubo forma, así que dejé de pagar”.

En su nueva casa, esta anciana tiene miedo y se siente sola. Las redes vecinales tejidas en Carabanchel han desaparecido y en Marconi no ha conseguido entablar relación con sus vecinos. “Aquí, hasta para ir a comprar el pan usan el coche. Así evitan que los niños presencien la prostitución que hay en la zona”. Cuenta que para salir a pasear tiene que recogerla uno de sus hijos en coche y llevarla a un parque, “porque aquí todo son carreteras. Si no vienen, me paso el día encerrada en casa, viendo la televisión”.