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La justicia declara que San Fernando de Henares recupere su plaza, hipotecada por un alcalde

La plaza de San Fernando de Henares

Raquel Ejerique

El juzgado numero 5 de Instrucción de Coslada ha declarado nulo de pleno derecho la enajenación de la plaza de San Fernando de Henares (Madrid) y todos los bienes públicos que se aportaron después de que el exalcalde Julio Setién (IU) diera la plaza y otros terrenos públicos para un aval en una operación inmobiliaria ruinosa que acabó con la plaza del pueblo hipotecada, junto a viviendas y suelo púbico.

El juez ordena también la recuperación inmediata de estos bienes por parte del consistorio.

“Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno”, según establece un Real Decreto de 1986 sobre bienes de las entidades locales.

El auto también revierte la operación del subsuelo de esa plaza, de 10.000 metros cuadrados, donde se han construido 606 plazas de aparcamiento, además de declarar nulos también la enajenación de 2.500 metros cuadrados, otras 14 plazas más de garaje y 19 viviendas protegidas que rodeaban la plaza.

El acto nulo es el más grave en derecho administrativo. Supone que el error es tan grave que no se puede subsanar y hay que revertir el proceso administrativo al inicio.

La operación Plaza España arrancó en 2008. El Ayuntamiento estaba gobernado por Izquierda Unida (ahora gobierna San Fernando Sí Puede) y el pleno aprobó por unanimidad, con los votos de IU, PP y PSOE, constituir una sociedad para rehabilitar la plaza principal de la localidad, declarada Bien de Interés Cultural, y las viviendas que la rodean. Esa sociedad estaba participada al 51% por los vecinos de la plaza y el Ayuntamiento tenía el 49%.

Los residentes aportaban sus viviendas y mientras se hacían las obras se iban de alquiler, gracias a que les subvencionaban con 900 euros al mes. Luego recuperarían una casa nueva con los mismos metros que habían aportado. El Ayuntamiento inició un proyecto de rehabilitación integral para el que pidió a Caja Madrid 50 millones de euros.

Sin embargo, la sociedad acumuló un agujero de 94 millones y un centenar de vecinos que aportaron su casa se han quedado sin ella. No pagó a las constructoras ni a Bankia, con quien firmó el crédito. Se vació patrimonialmente la sociedad, se destruyó documentación y el resultado fue que toda esa propiedad quedó embargada ya que el exalcalde la había aportado como aval.

En marzo de 2013, Setién dimitió alegando motivos personales y familiares y entonces se destapó la verdadera situación de la empresa municipal, que se declaró en concurso de acreedores.

El auto también acredita que toda la operación se hizo sin el visto bueno del consistorio, y que no consta que pasara por pleno o fuera acordado.

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