Y cuando saquen a Franco, ¿qué se hace con el Valle de los Caídos?

Pedro Sánchez ha confirmado que su Gobierno va a sacar el cuerpo del dictador y esta vez no será muy difícil. Sánchez cuenta con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios. Se votó a favor en el Congreso con la abstención de PP y ERC, pero la iniciativa quedó atascada porque Rajoy ejerció su derecho a veto. 

Así que tiene consenso parlamentario, el consentimiento de la familia Franco y la bendición de la Iglesia, cuyo responsable en Madrid ya se ha mostrado favorable al traslado. También tiene el dinero, porque sería una exhumación rápida que se puede hacer en una mañana y prácticamente sin costes. No hacen falta forenses ni filiar huesos. Solo abrir, sacar el ataúd con el dictador embalsamado dentro y transportarlo a donde deseen los Franco, seguramente a la cripta de la Almudena donde está enterrada su mujer, Carmen Franco. Pero, una vez tomada está importante medida de sacar al represor del lugar de enterramiento de miles de sus víctimas, queda la parte difícil: qué hacer con el Valle de los Caídos. 

El futuro se pinta oscuro y dividido entre ideas opuestas que van desde la demolición, como proponía Jon Lee Anderson y los firmantes de su artículo, una reforma millonaria para evitar que se desmorone, la resignificación para que deje supurar el ideario franquista, o que se quede en su actual estado de descomposición. Puede ser una mezcla de varias e incluso hay propuestas creativas como emular allí el cementerio de veteranos de guerra de Arlington (EE.UU), como expresó este lunes Albert Rivera. Es difícil que sea un espacio de reconciliación dejándolo tal cual porque es un emplazamiento lleno de carga fascista: se construyó para celebrar el triunfo del Franco iniciada ya la dictadura, no es un espacio neutro. El dictador lo ordenó construir en 1940 por decreto con el espíritu de que hubiera un peregrinaje a ese lugar y para conmemorar “la dimensión de nuestra Cruzada” y “los heroicos sacrificios que la victoria encierra”. En definitiva, no cumple con los principios básicos universales de “verdad, justicia y reparación” de la víctimas.

El monumento se torció desde su nacimiento. El dictador ordenó en 1940 comprar el valle de Cuelgamuros, en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial, para construir un monasterio, una basílica y la cruz más grande del cristianismo, visible desde la carretera. También ordenó repoblarlo de árboles. La elección del lugar fue pésima. La piedra es permeable y la basílica se excavó en la roca, de modo que la humedad y las filtraciones son difíciles de esquivar y están arruinando los enterramientos.

De hecho, el Valle ha iniciado un imparable hundimiento que solo se podría revertir con muchos millones de euros. Las filtraciones en la iglesia son constantes cuando llueve y solo se podrían resolver aislando por fuera esa roca, una operación costosa y de dudoso éxito. El último informe que se ha hecho sobre el estado del Valle, fechado en 2010, revela graves desperfectos en los columbarios, ubicados allí. El relato y las fotos que hicieron los técnicos reflejaban fosas caóticas, con huesos amontonados sin identificar. El informe de Patrimonio alerta de las filtraciones de agua y “pudrición por hongos” de las fosas e incluso prevé el colapso de muchos de los enterramientos. En el exterior, las esculturas de 20 metros se deshacen porque se usó una piedra porosa para esculpirlas. 

Mucho más costoso que sacar al dictador del Valle es la reordenación de esos 33.833 cadáveres que reposan en la basílica, de los cuales 12.410 son de personas desconocidas. Se antoja una misión casi imposible dar digna sepultura a los enterrados del Valle, también por el penoso estado de los columbarios que se suceden en capillas laterales y distintos pisos. En su origen, Cuelgamuros iba a albergar a los héroes del franquismo. En un momento dado, la dictadura decide trasladar miles de cuerpos de republicanos represaliados, en muchos casos sin permiso ni conocimiento de sus familias, como también reposan allí personas del bando franquista contra su voluntad y en fosas comunes. Una carta del ministro de Gobernación fechada en 1958 constata el cambio de rumbo del Valle y especifica que se harán las inhumaciones “sin distinción del campo en el que combatieran”. Entraban las excavadoras, cogían cuerpos por toda España y los llevaban a los monjes benedictinos, que se encargaban de enterrarlos. De momento, los dos únicos cuerpos que se pueden sacar por sentencia judicial, los de los hermanos Lapeña, llevan dos años de burocracia y trabas y aún sigue allí. Ese ejemplo da cuenta de lo que podría suponer sacar y filiar miles de huesos en mal estado de conservación. 

Pero más allá de que se saque el cuerpo de Franco, se reforme la estructura y ordenaran sus fosas comunes, el Valle seguiría encarnando los valores franquistas, por lo que sería necesaria la resignificación para cumplir con los mandatos básicos de los procesos de memoria histórica. El secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, adelantaba hace una semana que el Gobierno de Sánchez propondrá “una alternativa para el Valle de los Caídos”, que pasaría por convertirlo en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática. Ahora, cuando entran los visitantes llevados en autobuses por operadores turísticos todos los días a razón de nueve euros la entrada, ningún cartel ni explicación narra lo que simboliza Cuelgamuros o los abusos en sepelios sin digna sepultura que hay allí. Tampoco qué hizo Franco en España ni una línea sobre 40 años de represión. El Valle sigue intacto en lo simbólico, tal y como se pensó y construyó de 1940 a 1958, aunque si se exhuma al dictador se dé un paso más en el cumplimiento memorialista.

Los retos para el Valle chocan también con el laberinto de competencias que confluyen allí. Por una parte, Patrimonio Nacional (que depende de la Presidencia del Gobierno) se encarga del mantenimiento y es titular, pero la Iglesia es competente en la basílica y la abadía como edificios eclesiásticos que son. Para complicarlo aún más, el Valle lo gestiona la fundación privada religiosa de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que se creó en 1957 y que está en una situación jurídica confusa. No rinde cuentas, pese a que recibe todos los años dinero público. De hecho, el informe de la época socialista evidenciaba que eran los únicos ingresos que recibía y no se podía considerar asimismo una fundación: carece de patrimonio y además no está controlada por ningún “protectorado del poder público”. Es decir, funciona sin control público.

Ochenta años después de que Franco ideara Cuelgamuros, la única certeza es que su cuerpo embalsamado saldrá de ahí. Lo que pase con la construcción franquista dependerá de los grupos políticos, la voluntad de rehacer física y simbólicamente el Valle y los presupuestos generales del Estado.