La vivienda, cara y escasa, un obstáculo inesperado para llenar la España rural

Pocos pisos en alquiler, precios por las nubes, reticencias a la hora de desprenderse de una propiedad vacía o el turismo rural son algunos de los impedimentos con los que se encuentran aquellas personas que deciden irse a vivir a los pueblos. Los obstáculos a la hora de acceder a una vivienda en zonas rurales son un problema generalizado del que se ha hecho eco Cruz Roja en su último informe sobre la España Despoblada.

La idea que suele tenerse sobre los pueblos es que alquilar o comprar una casa es más económico y que esto puede servir para atraer y fijar población. Sin embargo, según señala el estudio, se ha detectado “un encarecimiento de la propiedad en este medio [el rural], lo que supone un obstáculo para nuevos pobladores”.

Los precios han sido el principal obstáculo para Raquel, que lleva varios años viviendo en una casa familiar del pueblo de sus padres, en la provincia de Teruel. Al principio, se mudaron a la casa para pasar tan solo un verano. Pero en muy poco tiempo, ella y su pareja se dieron cuenta de que en Villastar (394 habitantes) estaban más a gusto y podían seguir con sus trabajos.

“La búsqueda de casa ha sido una locura. Por el centro del pueblo, la mitad de las casas están cerradas, la mayoría no quiere vender. Faltan los padres y los herederos no se ponen de acuerdo. Los pocos que se ponen de acuerdo y se deciden quieren vender por unas cantidades estratosféricas”, lamenta. Esta joven lleva años dispuesta a comprar una casa en el municipio, a escasos 10 kilómetros de la capital, pero por el momento no ha sido posible. “Así que nada, nosotros aquí seguimos, en mi casa familiar, esperando alguna oportunidad”.

Las personas que tienen raíces en los pueblos lo tienen más sencillo que los que vienen de fuera, asegura la socióloga y profesora de la Universidad de Valladolid Rosario Sampedro, que ha participado en el informe de Cruz Roja. “Hay muchas viviendas vacías, pero mucha reticencia de los propietarios a alquilar y vender, y los precios son muy caros para las necesidades de una persona joven o una persona que no tiene unos ingresos muy elevados o estables, que es la situación de la mayoría de la gente joven”, añade la experta. Señala que se trata del “mismo problema” con el que se ha encontrado la población migrante, “que lleva años asentándose en los municipios rurales porque no hay mano de obra local para determinados sectores”.

“La gente espera como agua de mayo que haya algún tipo de promoción de viviendas públicas para poder tener unas condiciones de habitabilidad normales”, concluye la socióloga. 

“Yo vivo en una casa familiar”, explica Pablo, que tiene 32 años y vive en Chapinería (2.240 habitantes), un municipio de la sierra oeste de Madrid. “Doy clases de yoga y soy osteópata, y la casa se me ha quedado pequeña”. Aun así, él considera que ha tenido más opciones que otros conocidos que no encuentran casa en el pueblo y que se han tenido que ir a otras poblaciones cercanas como Navas del Rey (2.819 habitantes) o Quijorna (3.357 habitantes). “Vivo en el mismo espacio donde doy las clases y hago la terapia. En mi caso es sencillo, pero hay otras personas que lo tiene mucho más difícil”.

Mi amiga tenía que alquilar una casa de lunes a viernes y los fines de semana sacar todas sus cosas y venirse porque la vivienda estaba destinada a uso turístico. Con el turismo hacen mucho dinero y tener una casa alquilada no les sale rentable

Casa solo de lunes a viernes

El turismo rural es otro de los problemas detectados en el informe de Cruz Roja y que afecta de manera directa a los que encuentran trabajo en el campo. “No ha existido una política de vivienda pública ni de rehabilitación en el campo similar, por ejemplo, a la de rehabilitación de edificios para turismo rural. Por el contrario, el turismo rural ha podido haber contribuido al encarecimiento de la primera vivienda”, confirma el texto.

Raquel cuenta que su amiga Sara, enfermera, tuvo serios problemas para encontrar casa en Cantavieja (714 habitantes), “un pueblo muy pequeño y muy turístico” de la provincia de Teruel. “Tenía que alquilar una casa de lunes a viernes y los fines de semana sacar todas sus cosas y venirse porque los fines de semana las casas estaban destinadas a uso turístico. Con el turismo hacen mucho dinero y tener una casa alquilada no les sale rentable”.

“Yo fui en febrero. Ya habían empezado las clases y había muchos maestros. El tema del alquiler fue muy complicado”, confirma Sara. Como no había pisos disponibles, aceptó alquilar una casa grande de cuatro habitaciones para ella sola. Antes que irse a un hotel, decidió instalarse ahí. “Estuve muy bien, pero era demasiado grande”. Poco después, consiguió un estudio en un edificio de apartamentos, que también se dedicaban al uso turístico.

Cuando llegó el verano, su casera le dijo que quería alquilar el apartamento a otra gente los fines de semana, aprovechando que su inquilina solía irse los días de libranza. “Yo me había ido de la otra casa a esta y sí, le podría haber dicho 'me voy', pero tampoco tenía más opción. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Estaba de lunes a viernes y el fin de semana metían a gente y yo volvía el lunes a trabajar”. Sara se cansó y dejó el apartamento.

En la comarca de Sobrarbe, cuenta Dolma, sucede lo mismo. Al ser “la puerta al parque nacional de Ordesa”, en el Pirineo, encontrar vivienda no es nada fácil. “Creo que los municipios tienen que captar la idea de lo que pasa y decir 'vamos a poner estas casas a un precio razonable para familias que vengan a trabajar'”. Esta joven cuenta que habría gente dispuesta a ir a trabajar a La Fueva (597 habitantes), pero que esto es imposible porque no hay viviendas disponibles.

No conciben un detrimento de su patrimonio familiar en favor de nuevos habitantes

“Lo más caro de comprar son las ganas de vender”. Iñigo tiene 28 años y es geógrafo, y resume parte de la situación con esta frase que suelen decir en su pueblo, Troncedo (24 habitantes). “Hay gente que tiene espacios que no utiliza, pero no quiere alquilarlos ni mucho menos venderlos. No conciben un detrimento de su patrimonio familiar en favor de nuevos habitantes”. Iñigo decidió regresar a su pueblo, en Huesca, durante la pandemia, al abrirse la posibilidad del teletrabajo. “Con el turismo, es cierto que a la hora de acceder a alquileres nos encontramos con el problema de que hay muchos caseros y tenedores de vivienda que prefieren alquilar a turistas que a gente que quiere vivir en ese espacio y que incluso cuando deciden alquilar intentan compensar en el precio lo que dejan de ganar si lo dedicasen al turismo”, añade.

Diego tiene 28 años, trabaja en las cuadrillas de prevención y extinción de incendios del Alto Tajo y vive en Guadalaviar (242 habitantes). Hace poco estuvo a punto de rechazar una oferta de trabajo por no encontrar alojamiento. Durante unos meses logró compartir piso con otro chico en una vivienda de alquiler propiedad del Ayuntamiento, pero cuando llegó septiembre, le informaron de que no podía renovar el alquiler porque la casa “ya había sido ofrecida al profesor de la escuela y no podía continuar”. Se tuvo que buscar la vida y, a través de otro compañero de la cuadrilla, dio con unos bungalows que antes se utilizaban como alquiler turístico, pero esto no es lo habitual. “La gente es muy reacia a alquilar porque prefieren tener la vivienda vacía durante 11 meses y aprovecharla ellos uno que alquilarla durante esos 11 meses y aprovecharla ellos el mes que quieran”, comenta desde el otro lado del teléfono.

“Ahora se habla mucho de establecer población y es imposible que alguien vaya a un sitio si no tiene una casa o un sitio donde alojarse. Aparte de otros muchos déficits, internet va mal, no se puede teletrabajar”, critica. “La gente del pueblo me trata muy bien, tengo relación con mucha gente, pero el tema de la vivienda es jodido”.

Líos con las herencias

María (nombre ficticio) lleva más de dos años pendiente de que todos los herederos de una propiedad de un pueblo minúsculo de Ávila firmen los papeles para tener por fin su casa en el lugar donde nació y se crió. La vida y el trabajo la llevaron a Madrid, pero tiene la esperanza de poder regresar a su pueblo de vez en cuando en cuanto consiga su casa. Prefiere no identificarse, ni nombrar el municipio, por si esto supone una traba más en su larga negociación. “Tengo un poco ya de desesperación. Llega un punto en que el día que firme las escrituras no me lo voy a creer. La verdad es que me parece imposible que se pueda tardar dos años y pico en unas escrituras”.

Que las propiedades rurales provengan “de herencias e hijuelas repartidas entre varios familiares”, indica la investigación de Cruz Roja, “complica el acuerdo para la sucesión, venta o alquiler”. Según la misma, “algunas familias prefieren que la casa acabe en ruinas antes que conciliar entre ellos para que esta vivienda acabe teniendo un uso”.

La pandemia y el aumento de precios

La pandemia también ha contribuido al alza del precio en municipios alejados de grandes urbes. “Creo que ha habido un boom tras el confinamiento duro, por los meses que estuvimos en casa, ha habido una expansión de la población que busca la posibilidad de una segunda vivienda o una finca con terreno”, cuenta Rosa, que tiene 36 años, es profesora universitaria y vive en Santander.

Desde hace un tiempo, busca comprar una casa por algún pueblo de la costa, pero todo lo que encuentra ronda los 200.000 euros y, en ocasiones, incluso a ese precio, las casas no tienen acondicionamientos básicos. “Mi percepción es que la relación calidad-precio en las casas de entornos rurales, al menos en Cantabria, es mala; lo que ofrecen es caro para las condiciones en las que está”. Hace unos días visitó una casa en Galizano (800 habitantes) que costaba 169.000 euros y que no contaba con servicios de gas ni de agua. “Me gustó porque estaba aislada, tenía un terreno grande. Eran 1.800 metros cuadrados de finca y la casa eran 200. Pero cuando llegamos, la casa estaba en malas condiciones. Había que cambiar tejado y ventanas”, lamenta.

El informe de Cruz Roja destaca la necesidad de que los gobiernos locales lleven a cabo políticas de vivienda pública, que incluyan medidas para paliar el acceso a la vivienda privada en zonas rurales. Proyectos públicos de rehabilitación de viviendas, servicios también públicos de mediación en alquiler o incluso intervenciones públicas sobre propiedades en ruina para su reutilización. Fijar población, y más aún población joven, parece imposible sin acceso a la vivienda.