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Las viviendas insalubres proliferan en el extrarradio de París

Las viviendas insalubres proliferan en el extrarradio de París

EFE

Aubervilliers (Francia) —

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Dos graves incendios sucedidos en menos de un mes en Aubervilliers han hecho saltar la voz de alarma sobre un aumento de la precariedad de las viviendas y los abusos del alquiler en la periferia noreste de París, donde se concentran las grandes bolsas de pobreza.

“Lo que me molesta es que siempre tiene que ser un drama lo que atraiga la atención de la prensa o del Ayuntamiento. Hay mucha gente que está obligada a aceptar cualquier tipo de alojamiento”, denunció en declaraciones a Efe Fatih, de 40 años y vecina de Aubervilliers.

Esta antigua localidad industrial de unos 80.000 habitantes refleja los problemas endémicos que azotan a la periferia o “banlieue” parisina, como la inseguridad, la pobreza y el desempleo.

Aunque estos días ha sido portada en Francia por otro fenómeno que pasa muchas veces desapercibido: el de la vivienda insalubre y los abusos en el alquiler. Todo ello a raíz de dos sucesos.

Primero, fue un incendio el 26 de julio en un bloque de viviendas sociales de la ciudad, en el que una mujer de 33 años embarazada y sus tres hijos de entre 18 meses y 6 años de edad murieron entre las llamas y otras nueve personas resultaron heridas.

Después, otro fuego declarado el domingo pasado -supuestamente de forma accidental- en un edificio de dos plantas de la misma localidad que tenía permiso como local comercial y no para fines de vivienda. El resultado, siete heridos graves, entre ellos cinco niños.

Fue la gota que colmó el vaso y que ha reabierto el debate sobre la extrema precariedad en la que viven muchas personas en el extrarradio de París, especialmente los inmigrantes.

“Este edificio está podrido, ya ha habido incendios, hay niños que viven aquí. Los propietarios no hacen obras, la última vez fuimos nosotros los que las hicimos y tuvimos que pagarlas”, relató a Efe Youness, de 18 años, vecino de la calle Ferragus, próxima al Ayuntamiento de Aubervilliers.

El desgastado y decadente bloque de Youness, en cuyo interior sobresalen los cableados de la electricidad y donde hay vestigios de varios cortocircuitos, está también infestado de “pulgas y cucarachas”, agregó el joven, quien trabaja como mecánico y que paga 620 euros al mes -sin incluir gastos- por un espacio con dos cuartos.

“Es bastante caro para lo que es... Aquí no hay ni seguridad, ni nada. La gente entra y sale, un día me robaron la bicicleta”, lamentó.

Los dos dramas sucedidos en menos de 30 días han provocado una guerra entre la alcaldesa comunista de Aubervilliers, Mériem Derkaoui, y el Gobierno nacional del presidente, Emmanuel Macron.

Derkaoui acusó a la administración central de dar la espalda a su municipio en la política de vivienda.

“Que suceda esto en la quinta potencia económica del mundo es simplemente intolerable”, dijo en declaraciones televisivas la regidora, quien reprochó al Ejecutivo haber reducido la financiación para la renovación urbana.

La alcaldesa cifró en un 42 % del parque privado de viviendas (que por su parte representan el 75 % en el centro) las “potencialmente indignas” y exigió “una verdadera inversión del Estado”.

El de Aubervilliers no es un caso aislado, pues, en mayor o menor medida, también sufren el problema de viviendas indignas privadas grandes ciudades como Saint-Denis o Montreuil. Y todo ello a pesar de que Francia es uno de los países europeos con mayor porcentaje de alojamiento social público (en torno a una quinta parte de su parque urbano).

La responsable municipal también acusó al Gobierno de no reaccionar al aumento de propietarios que se aprovechan de la situación de fragilidad de sus inquilinos para alquilarles casas sin las condiciones mínimas de higiene y seguridad.

La respuesta llegó del Ministerio de la Cohesión de los Territorios, que condenó “con la mayor firmeza la explotación de la miseria humana y la utilización de viviendas indignas como alojamiento”.

“Si se demuestra que las condiciones de ocupación del inmueble siniestrado eran irregulares, se pedirá que la Justicia aplique sanciones ejemplares”, subrayó la cartera.

En medio de esta guerra entre diferentes administraciones, Fatih dijo no tomar parte ni por una ni por otra.

“No sé si corresponde al Estado o al Ayuntamiento, pero no se ha hecho nada para remediarlo. Habría que realojar a las personas en domicilios decentes. En mi entorno hay gente que no tiene otra opción que vivir así, sin agua y, a veces, sin electricidad”, reconoció con amargura.

Por Antonio Torres del Cerro

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