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El impacto ambiental sin límites de los nuevos tratados de comercio e inversión

¿Cómo es posible que la UE, que se considera una abanderada en la protección de la biodiversidad y en la lucha contra el calentamiento global, firme acuerdos con países que infringen los acuerdos ambientales que han firmado?

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Letonia, primer país europeo que ratifica el acuerdo comercial UE-Canadá

EFE

En los tratados con Estados Unidos (TTIP) o Canadá (CETA) se argüía desde los negociadores europeos que las consecuencias ambientales de los mismos, denunciadas por organizaciones ecologistas y otros colectivos sociales, no eran tales y que obedecían a intenciones aviesas de estos grupos, ya que estábamos hablando de países con estándares de protección ambiental muy similares. Más allá de la falsedad de estos datos, parece que, ahora, con las negociaciones en curso o acabadas con otros países de estándares ambientales claramente inferiores en bastantes casos, la Comisión Europea ya ni siquiera tratar de justificar con argumentos cogidos con alfileres la indudable tropelía ambiental que se va a acometer con su aprobación. Trata de pasar de puntillas, sin vergüenza alguna, por este espinoso tema simplemente no informando o no dando pie a que se puedan producir debates donde la falta de argumentos quede manifiesta.

La mayor parte de los países con los que se están negociando o ya se han negociado estos acuerdos tienen importantes déficits ambientales derivados de su apuesta por estrategias productivistas del sector primario de carácter intensivo, poco preocupadas por la sostenibilidad de los ecosistemas y de los paisajes, alineadas con el gran capital y que están en el origen del aumento de las causas que propician la pérdida de biodiversidad y el cambio climático en la esfera global. Deforestaciones masivas, monocultivos, destrucción de hábitats, empleo sistemático de pesticidas y abonos químicos, uso incontrolado de agua, empleo de combustibles fósiles, extractivismo sin control son parte de las prácticas usuales existentes en estos países sobre los que la UE evita pronunciarse. Analizamos aquí brevemente algunos aspectos ambientales de cinco tratados en vía de firmarse o ratificarse.

México es uno de los países con los que se ha de renovar el actual tratado comercial en vigor. En cuanto a seguridad alimentaria, se usan productos comercializados por Bayer que contienen el insecticida thiodicarb, utilizado en el cultivo de maíz, sorgo, algodón y soja prohibidos en la UE desde 2007, contemplado como probable cancerígeno y extremadamente peligroso para las abejas. México, además, espoleado por el éxito culinario de su famoso guacamole, no duda en deforestar grandes extensiones de bosque, notoriamente en Michoacán, principal región productora de aguacate del mundo, para satisfacer una demanda de moda, sobre todo en Estados Unidos.

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) en Europa son un reconocimiento a productos de una zona geográfica determinada, con una especialización reconocida y comprobada que dan renombre e imagen a un tipo de agricultura y ganadería centrada en el territorio y la calidad. En México estas especificidades territoriales no existen, sí en cambio las marcas registradas que hace que, por ejemplo, se utilice el nombre “Queso Manchego” (DOP española) como marca registrada mexicana, con el consiguiente conflicto de intereses. Este problema ya se vio en el CETA donde finalmente de las aproximadamente 1500 DOP e IGP europeas, solo quedaron reconocidas en Canadá, que también solo tiene derecho de marca, 145. En la actualización del tratado con México parece que la cifra alcanza las 340.

La entrada de pollo y espárragos sin aranceles seguirá la tónica instaurada desde hace años en Europa de consumir alimentos kilométricos en detrimento del comercio local y de la soberanía alimentaria.

Mercosur presenta importantes problemas ambientales derivados del cultivo de soja, de la caña de azúcar para etanol y de la explotación de la cabaña ganadera.

Si bien hay acuerdos arancelarios para la soja desde 1960, los acuerdos llegan en un momento donde la expansión de este cultivo –y el del maíz- ha transformado el paisaje en amplios territorios de los países que integran esta alianza comercial (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) llegando a afectar actualmente a la protección de la salud y ambiental por la presencia de importantes empresas transnacionales de los transgénicos y agrotóxicos como Monsanto.

Además, las importaciones de maíz -y de otro cultivo como el trigo- pueden favorecer la bajada de precio de la isoglucosa (jarabe) con consecuencias serias sobre la salud en un momento de gran presión de los lobbies del azúcar en contra de los estudios que ponen en duda la bondad de los alimentos ricos en esta sustancia y de la aplicación de impuestos sobre bebidas o alimentos con azúcares añadidos que ya han empezado a formularse en algunos países.

La producción intensiva de carne, fundamentalmente de ganado vacuno, orientada en gran medida a la exportación, tiene gran incidencia en estos países. Sobre todo en Brasil, que cuenta con dos de las mayores empresas mundiales de producción de carne. Pero su irregular y poco controlado sistema de producción tiene importantes repercusiones sobre la salud (estándares sanitarios), el medio ambiente (deforestación, biodiversidad), cambio climático (metano), derechos laborales (condiciones precarias) y el bienestar animal (parques de engorde, mataderos…).

Brasil es el principal productor de Mercosur de etanol, siendo uno de los mayores escollos en estas negociaciones, conjuntamente con el de la carne de vacuno, la cantidad total de etanol que admitiría la UE para uso como biocombustible. La caña de azúcar requiere de amplias superficies para su cultivo y el continuo aumento de las mismas agrava los problemas ambientales asociados a los monocultivos.

Vietnam abre su economía a la UE con importantes carencias ambientales en el ámbito pesquero, concretamente referidas a la pesca ilegal y a la acuicultura intensiva. Parece que aumentarán sus exportaciones pesqueras para la industria conservera y los mariscos, dado el fuerte aumento de su consumo, todo ello con el consiguiente impacto sobre el territorio y la biodiversidad (destrucción de manglares), y el cambio climático.

En acuicultura, el control de las aguas de entrada y salida a las piscinas de cría es prácticamente inexistente, con serias dudas sobre su estado de contaminación. Lo que parece claro es que estas piscinas están tratadas ampliamente con antibióticos, antiparasitarios y desinfectantes para evitar enfermedades a las superpoblaciones que albergan. Vietnam ha sido amonestado 11 veces por exportar a la UE gambas con un residuo excesivo (LMR. Límite Máximo de Residuos) de oxitetraciclina, un antibiótico de amplio espectro autorizado pero del que no deben superarse determinadas dosis.

Tienen menor presencia en el tratado con Japón los aspectos agrarios. No obstante es conveniente indicar nuevamente que no todas las DOP e IGP serán reconocidas, tan solo 200 de ellas, entre el UE y el país asiático. Asimismo, la presencia de los OGM no es tan cuestionada como lo es en la UE, lo que hace que su presencia sea importante en la alimentación japonesa, siéndolo mayoritaria en la de los animales, favorecido además por un etiquetado sometido a normas notoriamente más laxas que en la UE. Tampoco el uso de pesticidas y fertilizantes está expuesto a unas regulaciones demasiado estrictas.

En relación con la pesca, a pesar de alguna mejora en el último año, debido a la presión internacional con respecto al atún rojo, no existen grandes controles en un país con una dieta en la que los recursos del mar están muy presentes, por lo que la pesca ilegal sigue siendo una realidad. Mención aparte por su gravedad es la continuación de la pesca de cetáceos (333 en la campaña de este año), camuflada bajo el paraguas de la investigación científica, saltándose a la torera las prohibiciones de la Comisión Ballenera Internacional.

Por otra parte, Japón ha sido denunciado en varias ocasiones por organizaciones ambientalistas por utilizar en su país madera proveniente de bosques tropicales, sin ningún control de gestión sostenible. Es particularmente grave que las próximas olimpiadas de Tokio se presenten como sostenibles en todo el proceso de construcción de infraestructuras y equipamientos, cuando crecen las dudas sobre la certificación de la madera tropical que se está usando.

El telón de fondo con el tratado con Indonesia es el aceite de palma. El cultivo de esta planta, cuyo aceite está presente en infinidad de productos alimentarios, cosméticos, farmacéuticos, de limpieza y también usado como biocombustible, está siendo una de las principales causas de deforestación del planeta, y por tanto de pérdida de biodiversidad y de impulsor del cambio climático.

Hasta 2014 no se impuso en UE la obligatoriedad en el etiquetado de especificar qué grasa se escondía detrás del genérico “aceite vegetal”. A partir de ese momento, se puso en duda lo idóneo de su ingesta continuada por su alto contenido en grasas saturadas, pero fundamentalmente por su utilización como biocombustible, denunciada por sus consecuencias ambientales y sociales por multitud de organizaciones (destrucción de la selva y desplazamiento de población). En enero de este año el Parlamento europeo vetó el aceite de palma como biocombustible, lo que ha supuesto un grave problema diplomático con Indonesia al ser su principal producto de exportación agrícola hacia la UE.

Con estos países o alianzas comerciales regionales, la UE quiere terminar en este año las negociaciones para firmar y ratificar cuanto antes los tratados correspondientes de comercio e inversión. Todo ello a pesar de las notables carencias ambientales descritas anteriormente, a las que habría que añadir otras de carácter general como que el principio de precaución sea raramente mencionado en estos acuerdos o que el reconocimiento mutuo de las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) eliminan posibles controles suplementarios.  Estas carencias tienen especial incidencia en la pérdida de biodiversidad y el cambio climático globales, los dos problemas ambientales más acuciantes en la actualidad. El hecho de que la UE haya firmado la COP21 sobre el Clima de París y el Convenio para Biodiversidad (CDB) y que también lo hayan hecho estos otros países (aunque no todos ellos han firmado o ratificado los protocolos derivados de Cartagena, Nagoya y Kuala Lumpur) muestran una vez más que los acuerdos ambientales, incluso con obligaciones jurídicamente vinculantes, muestran una debilidad de aplicación pasmosa.

La pregunta que hemos de formularnos es evidente: ¿cómo es posible que la UE, que se considera una abanderada en la protección de la biodiversidad y en la lucha contra el calentamiento global, firme acuerdos de comercio e inversión, supuestamente con garantías ambientales, con países que infringen los acuerdos ambientales que han firmado? La respuesta nos la puede dar la reciente decisión del gobierno de Canadá, que firmó el CETA con la UE, de rescatar -con dinero público- un oleoducto de petróleo de arenas bituminosas, mucho más contaminante que el petróleo convencional, desde Alberta al Pacífico para llevarlo en barcos al resto del mundo. Un país supuestamente modélico para la UE desde el punto de vista ambiental pero que apuesta decididamente por los combustibles fósiles y por las transnacionales que los mantienen. También es cierto que, hablando de incumplimientos, dentro de las propias fronteras de la Unión, un país, España, tuvo un incremento en 2017 de CO2 del 4,5% con respecto a 2016, que no contribuye precisamente a la reducción o limitación de los GEI por estos lares. ¿Para qué sirven entonces esos acuerdos ambientales, considerados por algunos moderados, si ni siquiera se cumplen y si quien tiene la posibilidad de actuar mira para otro lado?

Esto, indudablemente, no es una cuestión de países. No es cuestión de demonizar a algunos países ni a sus poblaciones. Ellos son las primeras víctimas de una agenda neoliberal que impone de forma asimétrica –desregulando derechos y regulando inversiones- estos tratados a través de grandes conglomerados industriales y financieros en connivencia con las oligarquías locales. Situación ésta de carácter global en la que la UE –y el capital transnacional europeo- trata de aprovechar el actual desenganche de EEUU de la OMC y de tratados como el TPP para alcanzar una situación de mayor poder en el concierto económico global. Quien destruye los bosques tropicales, contamina ríos, mar, suelo y aire, envenena lo que comemos y maltrata los animales de las cabañas ganaderas no son los pueblos de estos países, sino estas transnacionales que van logrando, poco a poco, sus claros objetivos de desregulación global.

Solo la unión de los pueblos puede parar la extinción masiva de especies y un calentamiento global de alarmantes y ni siquiera bien conocidas consecuencias. Existen ya ejemplos en África, América Latina o Asia –también en Europa a través de las campañas contrarias a los TCI- donde los movimientos sociales se yerguen contra la imposición de los mercados. Rebelémonos con ellos contra los tratados de comercio e inversión.

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