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El tremendismo presupuestario en tiempos brutos

Lo que habíamos venido reclamando desde Actúa con insistencia, a través de la fórmula de “gobierno a la portuguesa”, aun tarde y con reticencias, parece que se abre paso, al menos en la política estatal

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se saludan antes de su última reunión, en julio de 2017.

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se saludan antes de una reunión Kiko Huesca / EFE

“El tremendismo: es un género o tendencia literaria, y no solo de nuestra novela de postguerra, caracterizado por una crudeza exagerada en la narración y en la trama con un lenguaje duro, escenas brutales o grotescas, y unos los personajes obsesivos, violentos y a veces patológicos”.

La lectura de la situación económica española, como las musas y el teatro, en pocos meses ha pasado de la euforia de una espectacular recuperación a la cabeza de Europa, a la desaceleración, la depresión y el tremendismo,  consecuencia del cambio de Gobierno. 

Después de un periodo de pulsos internos, sorpassos electorales más o menos frustrados y de gestos o muecas más que de cambios, por fin ha llegado la imprescindible, aunque tardía, colaboración en la izquierda. Primero en forma de moción de censura; más recientemente con el acuerdo político y presupuestario entre el Ejecutivo y Unidos Podemos.

Lo que habíamos venido reclamando desde Actúa con insistencia, a través de la fórmula de “gobierno a la portuguesa”, aun tarde y con reticencias, parece que se abre paso, al menos en la política estatal. Está por ver si cuaja en una mayoría parlamentaria y en el ámbito de los gobiernos autonómicos y municipales, al menos siquiera como mensaje electoral de cara a la próxima legislatura.

La moción de censura y posterior conformación de un gobierno de regeneración no ha tenido ni un minuto de tregua. Inmediatamente ha sido sometida a su propia medicina depuradora, llevada al extremo con un proceso inquisitorial que, por ahora, ha terminado con la dimisión de dos ministros y la reprobación injusta y desproporcionada de la ministra de Justicia a raíz de la filtración y el chantaje de unas conversaciones privadas. Mal camino éste para la política española, que hasta ahora había evitado el terreno resbaladizo del chantaje y la moralina como mal sucedáneo de la transparencia, la ética y la legalidad.

El marco para la introducción del moralismo sectario ha sido la estrategia de deslegitimación de la moción de censura, como procedimiento plenamente constitucional de acceso parlamentario al gobierno, de la que formarían parte tanto los gritos más o menos espontáneos de “okupa”, como el calificativo de la España del desastre y más recientemente la visita de Casado a las instituciones comunitarias para hacer oposición al Gobierno y al acuerdo de Presupuestos.

Dicha estrategia no es nueva, aunque la coyuntura política haya cambiado a peor con la crisis en Catalunya. Consiste de nuevo en la polarización política extremista de las derechas para cerrar el paso a sus adversarios reales y emergentes, aunque todavía con desigual fortuna, pero sobre todo para intentar de nuevo, y como principal objetivo, desmovilizar el voto templado y el hipercrítico de las distintas formaciones de izquierdas.

Después del bloqueo del escenario de déficit en la mesa del Congreso, y cuando se contaban los días para la convocatoria anticipada de elecciones, Gobierno y Unidos Podemos han presentado su pacto presupuestario. Una sorpresa que rompe con la lógica territorial, judicial e inquisitorial hasta ahora predominantes en favor del debate social. Un acuerdo que significa la consolidación de la colaboración en la izquierda, más allá de la coalición de emergencia para sustituir al gobierno zombi de Rajoy, y de las coincidencias puntuales, con un pacto programático y presupuestario en positivo para la mitad restante de la legislatura.

Pero, ante todo, el proyecto de Presupuestos acordado es el punto de inflexión de los recortes y el símbolo de la recuperación de las políticas sociales, fiscales y laborales para hacer frente a las consecuencias nefastas de la prolongada austeridad sobre la mayoría, y en particular sobre los colectivos más vulnerables, en contraste con el continuo incremento de los beneficios de la minoría de los más ricos, que en estos años de recuperación han multiplicado sus abultados patrimonios por varios dígitos.

Para ello, se dibuja un escenario de crecimiento continuista, se incrementan muy moderadamente aquellos impuestos sobre rentas, patrimonio, sociedades y transacciones financieras con más capacidad económica y menor contribución a la hacienda pública, para con ese margen sufragar las políticas sociales que habían sido desmanteladas o sufrido los mayores recortes con la excusa de la crisis.

El acuerdo constituye además un verdadero programa del Gobierno a corto plazo en los aspectos del estado social que más afectan a la ciudadanía, tales como los copagos y privatizaciones en sanidad, vivienda de alquiler, la educación de 0 a 3 años, el desbloqueo de la dependencia, el subsidio de desempleo y la protección social. Entre otras medidas, se amplían e igualan los permisos de paternidad y maternidad por ley. También en materia de igualdad, se financia el Pacto de Estado de Violencia de Género y se "blinda el solo sí es sí y se crea el Ingreso Mínimo Vital que incrementa la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables” y un programa de "garantía de renta para familias con ingresos bajos"

También se aumenta el presupuesto para el plan estatal de vivienda, con más protección a los inquilinos, y la oportunidad de que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler en zonas concretas.

Quizá lo de mayor trascendencia social sea lo relativo a las pensiones y el incremento del salario mínimo. En materia de pensiones públicas, el acuerdo prevé su revalorización en 2018 y 2019, garantizando así su poder adquisitivo. También se recoge expresamente el compromiso de los firmantes de reconocerlo por ley y de derogar de hecho el núcleo duro de la contra reforma impuesta al margen del Pacto de Toledo en 2013 por el Gobierno del Partido Popular.

La medida de mayor impacto público, sin embargo, está siendo la subida del SMI a 900 euros mensuales, lo que supone un incremento superior al 20% en términos reales, después de que haya estado congelado durante años con la excusa contradictoria de la crisis y de su escaso colectivo laboral. Sin embargo, la devaluación salarial provocada por la reforma laboral ha situado a muchos trabajadores en el umbral del SMI o en cifras muy próximas, ampliando sustancialmente sus potenciales efectos, más allá de los trabajadores directamente afectados, pudiendo alcanzar el 12% del total, más de millón y medio de personas, a parte de su carácter más orientador que simbólico, de cara a la negociación colectiva.

Ahora el argumento desde la derecha económica y política es su insostenibilidad para las pymes. Se olvidan que ya en 2011 se competía la subida a 800€ y que desde entonces hasta 2018 ha permanecido congelado. Se olvidan también del incremento de productividad y de los beneficios empresariales

Es verdad que desde el ámbito progresista también se han puesto en solfa sus ambiciosas previsiones de ingresos fiscales, así como la modestia o la ausencia de algunas medidas, pero en todo caso los márgenes son estrechos y se trata solo de marcar el inicio del debate y del giro social.

Los principales argumentos contra el acuerdo presupuestario combinan los prejuicios tradicionales de la derecha y los tópicos presupuestarios con el catastrofismo y el tremendismo, consustanciales a su mencionada estrategia de deslegitimación. Así, en cuanto al escenario económico, hemos pasado del crecimiento sólido hasta que el PP dejó el Gobierno, a la desaceleración con la moción de censura y el inicio de la futura recesión y la HAMBRUNA bolivariana como consecuencia de los acuerdos presupuestarios entre UP y el nuevo Ejecutivo.

Las palmas del crecimiento y la creación de empleo pioneros en Europa se convertirían así en lanzas. El tremendismo sobre la situación económica y social es la traducción económica de la postverdad y el nuevo banderín de enganche de la derecha.

Lo fundamental para las derechas, y así lo han puesto de manifiesto dentro y fuera de las Cortes, es que el Presupuesto, como el Gobierno, también es ILEGAL porque no se ha aprobado un nuevo escenario de déficit para el año 2019, cuando los mismos que lo denuncian mantienen el bloqueo en la mesa del Congreso o en el Senado como cámara de bloqueo.

La ruptura y el incumplimiento del escenario presupuestario con Europa es otro de los mantras contra el presupuesto pactado con Unidos Podemos. Poco importa que los gobiernos anteriores incumplieran los acuerdos de reducción del déficit sistemáticamente año tras año, o que ya no estemos en situación de déficit excesivo. Poco importa que la previsión sea una rebaja del déficit en relación al año 2018 por debajo del 2% al objeto de cumplir como alumnos aplicados con Europa. Se trataría, en definitiva, de seguir con el tremendismo comparándolo incluso con la posición ANTIEUROPEA Y DE REBELDÍA del gobierno italiano.

El INFIERNO FISCAL de los impuestos a las clases medias es otro de los argumentos falaces donde lo que valía para Montoro como el impuesto a las transacciones financieras, a las plataformas tecnológicas o los impuestos relativos al medio ambiente se tornan en expolio en manos de las izquierdas. Nada quieren recordar tampoco de las amnistías fiscales, las rebajas a rentas altas, los créditos fiscales a las empresas o las campañas compartidas con Ciudadanos para acabar con los impuestos al patrimonio y las sucesiones en las comunidades autónomas, lo que explica nuestras diferencias fiscales y nuestro medioestar en relación a los países del entorno europeo.

En resumen: ilegalidad, infierno fiscal, hambruna y expolio. Por eso, en esta trama tremendista de personajes duros y obsesivos, no importa demasiado el decir que se hará todo lo necesario para acabar con el salario mínimo de 900 euros. Porque en tiempos brutos, como dicen en Brasil, no piensan que el encarnizamiento tenga malas consecuencias.

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