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Casos en los que no importa que la fiscalía no sea imparcial

Dos menores migrantes durmiendo al raso en Melilla. //FOTO: Robert Bonet

Vivimos irresponsablemente nuestra ciudadanía. Sabemos, aunque no lo queramos saber, que hay vidas que valen más que otras. Somos conocedores de que hay vidas que importan menos que otras y cuyo deterioro y sufrimiento no cuenta a la hora de cambiar políticas, movilizar las calles, ondear banderas o abrir telediarios y periódicos. Nos eximimos de responsabilidad pensando que si a alguien le va mejor o peor posiblemente tenga que ver con sus propios méritos.

De esta forma se abraza esa idea tan neoliberal que dice que la responsabilidad de cómo nos vaya en la vida es de cada uno y no del Estado y que, por tanto, cruzar esa frágil línea que dice qué vidas cuentan y cuáles son perfectamente prescindibles es responsabilidad nuestra cuando nos vaya bien y culpa de los otros cuando nos va mal. Sin embargo, quienes defendemos el modelo del Estado del bienestar y la lógica de los derechos humanos por encima de las posiciones liberales que dan vía libre al mercado, pensamos que es el Estado –y sus poderes responsables– los que, a través de las políticas públicas, influyen, y mucho, en el devenir de las vidas.

Como bien describen cada uno de los capítulos del libro colectivo "Cuerpos marcados. Vidas que cuentan y políticas públicas" (coordinado por Lucas Platero y Silvia López) no son nuestras virtudes ni nuestras carencias las que nos colocan en una posición de privilegio o desventaja frente al resto, sino las categorías que ocupamos en esas políticas. Nuestra valía personal claro que es importante pero no es tan determinante para que seamos alguien o dejemos de serlo.

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¿La Fiscalía de quién depende? "Pues ya está..."

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Dolores Delgado, nueva fiscal general del Estado

Que no iba a haber un solo día de tregua, se sabía. Que en los nuevos códigos de la política no rigen ya los 100 días de gracia para ningún gobierno es un hecho objetivo. Pero que Pedro Sánchez iba a poner en bandeja a la oposición la primera ofensiva contra su presidencia no ha dejado de sorprender a propios y a extraños. La polémica está servida y lleva nombre de exministra. Se llama Dolores Delgado. Acaba de ser sustituida por Juan Carlos Campo como titular de Justicia. Y ya tiene nuevo destino: la Fiscalía General del Estado. Sin tránsito y sin anestesia, el presidente del Gobierno pone en duda con su candidata para sustituir a María José Segarra la apariencia de imparcialidad debida y ahonda, de paso, en el debate sobre la politización de la Justicia en un momento en el que lo que urgía, al parecer, era la desjudicialización de la política.

Los de Casado ya dan palmas con las orejas. Ellos, tan explícitos en aquello de "la Fiscalía te lo afina" -que espetó el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz al jefe de la Oficina Antifrau para fabricar escándalos contra ERC y CDC- han tardado "cero coma" en poner el grito en el cielo, hablar de "ataque sin precedentes" a la separación de poderes y anunciar que recurrirán ante el Supremo el nombramiento. La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha leído en la propuesta "una manera muy clara de indicar que el Gobierno quiere tener 'sometida' a la Fiscalía."

Los socialistas no han llegado a tanto, pero hay algunos que se declaran perplejos y atribuyen la propuesta a una decisión personal "inexplicable" del presidente que cuestionará desde el primer día cualquier actuación del ministerio público. Ya se sabe que los aciertos son colectivos y los errores, exclusivos. Y lo de Delgado tiene pocos visos de éxito. No por su competencia como fiscal, sobradamente acreditada tras 30 años de ejercicio, sino por una cuestión ética y estética que desaconseja el sentido común y sobre todo la apariencia de imparcialidad, después de que la exministra, pese a no ser afiliada al PSOE -porque lo tiene vetado por ley como todos los jueces y fiscales- haya hecho campaña electoral por estas siglas y protagonizado no pocos y sonoros enfrentamientos con la oposición durante su mandato al frente de Justicia.

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La dificultad de coordinar un gobierno complejo

El largo camino desde el 28A a la investidura

Una cosa es la política (politics), o mejor aún, las políticas (policies), y otra las estructuras sobre las que reposan. La labor de coordinación interna y externa va a ser una de las grandes tareas de este Gobierno que inicia su andadura. No solo porque se trate de un gobierno de coalición, sino por la cantidad de vicepresidencias y ministerios en un Estado descentralizado complejo. Además de políticamente, en términos estructurales la situación se ha complicado.

Para el primer gobierno en coalición de esta etapa democrática en España se ha preferido la división por ministerios, la división en reinos de Taifas, que un sistema de mestizaje, en el que en cada departamento se hubieran mezclado altos cargos de los diversos partidos, lo que hubiera facilitado la generación de confianza. Pablo Iglesias además de ser el vicepresidente segundo, no es solo eso uno entre cuatro, sino el líder del partido coaligado. Se plantea una coordinación parlamentaria y de partidos entre el PSOE y UP, —una comisión de seguimiento de su acuerdo— además de lo que tendrá que ser una coordinación directa entre los gabinetes del presidente y del vicepresidente segundo del Gobierno.

Desde el punto de vista estructural, una única vicepresidencia hubiera sido mejor que dos, por no hablar de cuatro con competencias inevitablemente cruzadas, en un mundo más complejo en el que las fronteras entre disciplinas y departamentos van saltando. Carmen Calvo presidirá la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y tendrá que llevar, junto a los responsables del grupo parlamentario socialista, los acuerdos necesarios para mucha legislación con otros grupos o diputados sueltos. Nadia Calviño, es de suponer, aunque aún no se ha precisado en la estructura creada, dirigirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y además coge bajo su manto la transformación digital (que incluye el dinamizar la inteligencia artificial en España). Más cosas se aclararán en los próximos días con las diversas comisiones delegadas que se vayan creando.

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¡Ánimo! ¡Adelante! Peores momentos hemos vivido. Y salimos. Ahora también. ¡Seguro!

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El Cardenal y Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares

Andan fuera de sí los curas, obispos y cardenales (la banda de la maxifalda, los llamaba yo en mis columnas cuando las censuras no empujaban a las autocensuras, y el otro día un lector, fiel y cómplice, me recordó esa expresión en un comentario por aquí). Imbuidos de un autoritarismo que les inspira el Concordato franquista aún vigente en los acuerdos del 79, los de la sotana están dispuestos a ser el azote del legítimo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Como si tuvieran, a su vez, legitimidad para azotar nada, aunque en el azote sean expertos.

Tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, como su vicepresidente, Antonio Cañizares, empezaron el año pidiendo estar "muy alerta" ante una "situación crítica". Como en un crowfunding a la desesperada, Cañizares, el más colérico en el azote, pidió elevar por doquier "oraciones especiales por España". Broncos y plañideros a la vez, muy pedigüeños, los de la banda aquella que yo decía siempre han sido muy de colecta, de cuestación, de hucha del Domund, de exención fiscal. Lo mismo piden sueldos al Estado de todos que oraciones a sus propios fans.

Ahora Cañizares está que echa humo desde el púlpito valenciano (humo que se extiende por las redacciones nacionales como el de un incendio australiano) y clama contra la llegada del "marxismo-comunismo", llegada que él ve como una plaga bíblica y a la que compara con un infierno venezolano. "He percibido un intento de que España deje de ser España: los principios y valores que le han hecho ser lo que es, desde la época visigótica, portadora y realizadora de grandes empresas, como América, ya no están, ni cuentan y su unidad se pretende fragmentarla y romperla". El ciudadano Cañizares tiene nostalgia de señores feudales y frailes conquistadores. "A todos digo: ¡Ánimo! ¡Adelante! Peores momentos hemos vivido. Y salimos. Ahora también. ¡Seguro!", arenga en su última carta pastoral.

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Lola, fiscal general

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Dolores Delgado

Que el nuevo Gobierno ha venido a gobernar es algo que parece haber dejado boquiabiertos a muchos. Que ese gobernar incluye ejercer todas las potestades que le concede la Constitución, también. Lo digo por el crujir de dientes y el rasgar de togas que este lunes recorrió parte del país tras el anuncio de la propuesta de la ya exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Pareciera que la derecha y la ultraderecha y las asociaciones conservadoras pretendieran que para ser democrático y honesto un gobierno progresista deba renunciar a todas aquellas posibilidades constitucionales para poner en marchar sus políticas, lo cual incluye su política criminal. Olvidan que la Constitución Española, esa que tanto exhiben y con la que tanto golpean, fija en su artículo 124.4 que corresponde al Gobierno proponer al fiscal general. Quisieron los padres de la Constitución que el fiscal general tuviera un cariz político, como sucede en otros muchos países, y que fuera una persona de la plena confianza del Ejecutivo y así lo dejaron plasmado en la misma. El fiscal general, y la Fiscalía en sí, recibe así su legitimidad, que en democracia sólo puede provenir del pueblo. Es el Ejecutivo, que emana del pueblo, el que propone a su cabeza visible y luego se cuenta con los instrumentos de contrapeso, que también están definidos en las leyes, para que se mantenga la autonomía funcional de los fiscales, que no su independencia. La independencia sólo se predica de los jueces. No puede hablarse de la independencia fiscal y de la dependencia jerárquica que les señala la Constitución de forma simultánea. Oxímoron conceptual.

La otra posibilidad sería que fuera el Parlamento quien propusiera y eligiera al fiscal general. O unas elecciones directas, como sucede en otras democracias. Lo que no es de recibo es la pretensión de que la carrera fiscal se autogobierne sin entroncar de forma democrática con la soberanía popular. Que unos señores hayan sacado una oposición no les confiere legitimidad ninguna para marcar la política criminal de un Estado. De ninguno. Pareciera, sin embargo, que estaban muy cómodos los fiscales con una fiscal general, que fue un gran error, y que gobernaba, por decir algo, la Fiscalía pensando en el beneplácito de su compañeros de carrera. Una fiscal general que, si bien se dijo independiente del Gobierno, se mostró bastante dependiente de algunos pesos pesados de la carrera judicial que le plantaron cara. Y eso que la postura jurídica de la fiscal Segarra era a priori más próxima al fallo final del Tribunal Supremo que el de esos fiscales que perdieron el juicio, es decir, que no llevaban razón. Parece que publican los medios que estos también se han puesto de uñas. Todo esto ha durado mucho tiempo. Recuerden que se lo conté (Segarra, la fiscal de Ikea). La fiscal general que sólo hizo una comparecencia pública. Puede que ni recuerden su voz. Tan desaparecida estaba.

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Cien días de gracia para la oposición

Hace ya casi un siglo, en 1932, el candidato demócrata Franklin D. Roosevelt gana las elecciones norteamericanas al republicano Herbert Hoover. El principal objetivo de la presidencia es intentar levantar un país devastado tras el crack económico de 1929. En el discurso de toma de posesión, en el mes de enero del 33, lanza su famoso compromiso: "Hay que actuar y hay que actuar ahora". En apenas unas semanas, prepara con su gobierno un ambicioso plan de acción que presenta a la Cámara de Representantes el 21 de marzo. En su intervención, Roosevelt pide a todos los congresistas un acuerdo nacional para que, solamente durante cien días, gobierno y oposición acepten trabajar conjuntamente para poner en marcha las reformas imprescindibles. Desde aquella ocasión, en la mayor parte de las democracias occidentales, se ha extendido el hábito democrático de conceder a todo gobierno entrante cien días de tregua en la confrontación política. Una tradición que está siendo arrasada en España.

El 20 de diciembre de 2015, Rajoy gana las elecciones con 123 diputados. No tiene apoyo suficiente de otras fuerzas políticas y renuncia a la investidura. Desde ese momento, se suceden una decena de eventos que conforman un período de permanente inestabilidad política. Tras la consiguiente repetición electoral, Rajoy vuelve a ser investido el 30 de octubre de 2016 gracias a la abstención del PSOE. El 1 de junio de 2018, una moción de censura acaba con su mandato debido a la fragilidad de su débil mayoría parlamentaria. Luego volvemos a votar en abril del año pasado y, de nuevo, en noviembre.

La coalición entre PSOE y Unidas Podemos (UP) ha sido el detonante que ha posibilitado la obtención de una apurada mayoría parlamentaria. Las sesiones de investidura celebradas hace unos días mostraron una lamentable imagen de acoso y derribo por parte de una oposición que se niega a aceptar su derrota en las urnas. Su principal argumento de ataque tiene que ver con los partidos que han votado a favor de la investidura del extremista Pedro Sánchez y con aquellos que la han facilitado con su abstención. El resumen es sencillo: un gobierno radical arrodillado ante estalinistas, separatistas y terroristas. Es decir, un gobierno en manos de aquellos que quieren destruir España.

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Defender la democracia

Adolfo Suárez Illana da la espalda a la portavoz de EH Bildu durante el debate de investidura.

La investidura de Sánchez ha puesto de manifiesto hasta qué punto la derecha entiende las instituciones públicas como su propio patrimonio. Tras décadas de gobiernos que han profundizado la identificación del Partido Popular con el Estado y un precario periodo de ingobernabilidad, se acaba de confirmar que el ejecutivo de Sánchez ya no es interino y que las derechas pierden definitivamente el acceso a unas instituciones que viven como propias. De todas las imágenes que nos dejó el reciente debate de investidura, el gesto de Suárez Illana dando la espalda a Bildu es una especialmente significativa: demuestra la falta de cultura democrática de unas derechas furiosas que no soportan perder y que están ahora mismo por detrás del espíritu de diálogo y respeto democrático de las derechas de la transición. Estas derechas radicalizadas y enfurecidas que vimos en la investidura, capaces de llamar golpe de Estado a un procedimiento democrático, capaces de abanderar las injerencias de la Junta Electoral y capaces de amenazar a un Gobierno legítimo con el uso de todos los medios posibles contra él, ponen sobre la mesa un hecho preocupante. En España tenemos una derecha preliberal.

El fracaso de Ciudadanos es una constatación de lo mismo. La decisión de ser la muleta del Partido Popular sin exigencias ni líneas rojas fue una mala decisión y la de no abanderar una alianza democrática frente a Vox como sí han hecho sus socios europeos, una decisión aún peor. No sabemos si habrá una refundación o si Arrimadas será capaz de reinventar la razón de ser de su partido, pero ahora mismo Ciudadanos no tiene ninguna entidad y se ha sumido en la total irrelevancia política al estar tan a expensas de la ultraderecha como lo puede estar el Partido Popular.

Esto dibuja un panorama complicado para el gobierno de coalición; la oposición va a ser durísima y está decidida a respetar muy poco las reglas de juego democrático. Agitarán los fantasmas del comunismo, Venezuela, resucitarán a ETA y demonizarán cualquier diálogo con el independentismo catalán. Van, en definitiva, a impugnar la validez del diálogo, la política y la democracia y eso sitúa a este Gobierno progresista ante uno de los principales retos para los próximos años.

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Hecho lo imposible. Ahora solo queda lo obligado y lo muy difícil

Resultaba que para el hoy presidente Sánchez no podía haber un gobierno de coalición, por muchas razones: porque ni se sumaba mayoría absoluta, ni podía haber dos gobiernos en uno, ni cabía en cabeza alguna que se integrara en él el candidato de Unidas Podemos (UP) a la presidencia...

Resultó también que con esos mimbres no hubo gobierno y que, tras otras elecciones, la cosa aún estaba más complicada, por lo que todos los problemas se resolvieron de inmediato y lo que no podía ser se convirtió en la mejor fórmula posible para el progreso social. Y que quien no iba a poder dormir lo hace a pierna suelta –o eso es de esperar–.

Y así con otros muchos temas. Pero, como dije la semana pasada, pelillos a la mar, en aras de lograr una mayoría de gobierno que permita avanzar en las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía.

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Pasarela ministerial

Se acabó el desfile de ministras y ministros por la pasarela del poder. Ya puede usted volver a ignorar tranquilo las llamadas desconocidas en su móvil. No está claro si supone una buena idea filtrar nombre a nombre un gabinete que va a crecer hasta las 22 carteras. El goteo de revelaciones corre el riesgo de hacerse cansino y devuelve inevitablemente un rendimiento marginal claramente decreciente en términos de impacto mediático; el tercer ministro resulta mucho más noticia que el decimonoveno. Además, cada designación ofrece a la oposición una nueva oportunidad para insistir machaconamente en las dimensiones elefantiásicas del Gabinete.

Si en Moncloa analizan hoy cómo les ha ido la guerra de memes en redes sociales, no debieran estar precisamente contentos; cuando se compara ampliamente el nombramiento de un gobierno con el Sorteo de la lotería de Navidad, algo no ha salido exactamente como estaba planeado.

Las primeras encuestas conocidas tras la investidura muestran que la gente tiene bastante claras sus expectativas respecto a este Ejecutivo. La izquierda lo apoya con firmeza, la derecha no puede ni verlo y ambas están de acuerdo en que habrá problemas de cohesión y corre el riesgo de no durar. El manual del estratega recomienda fidelizar primero a los tuyos; darles razones para reafirmar su confianza, despejar sus dudas sobre la cohesión y convencerles de que vas a durar. Jugar a la defensiva para ver si se amansa a las fieras a base de estarse quieto y no llamar su atención, suele acabar bien para el depredador y mal para la presa. Tratar de ganarse a quienes no te votan dando prioridad a sus expectativas únicamente te asegura la decepción de quienes te apoyan.

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Descolonización digital desde la educación y los datos: la oportunidad de España, México y Argentina

Alumnos en una clase universitaria.

Al arrancar el año, y con éste, la tercera década del siglo, tenemos nuevamente la oportunidad en Iberoamérica de colocarnos a la vanguardia tecnológica. Los astros se alinearon para darnos una segunda oportunidad de recuperar el poder de la tecnología y ponerla al servicio de las personas, al avance de los colectivos, si se da un giro visionario y se dedican recursos regionales a futuro.

Y es que el anuncio de la confirmación del ahora ministro Manuel Castells combinado con el nombramiento de Nicolás Trotta como ministro de Educación en Argentina, y la presencia de personas como Paola Villareal liderando el Sistema de Datos desde el Consejo de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México abren posibilidades interesantes para recuperar la década perdida de la innovación digital social, de repensar el acceso al conocimiento de este siglo, en la región, y liderar una lucha necesaria y urgente. Juntos, los tres países suman más de 200 millones de habitantes y además agrupan a las mejores universidades de habla hispana. Desaprovechar esta oportunidad sería perder una oportunidad histórica.

Es el momento de una alianza de los tres gigantes académicos y culturales para ocupar la silla vacía que dejó en la región Brasil, y redefinir el futuro de los hispanohablantes en la era digital. Es momento de unir esfuerzos, coordinar, invertir y colaborar hacia el diseño y la implementación de la alternativa a los imperios tecnológicos que hoy están castigando a las democracias, depredando el planeta y extrayendo todo el valor de los datos, creatividad e ideas de poblaciones enteras.

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