Ponle freno al Código Penal

“Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto”

Noam Chomsky

Confieso estar desazonada desde que Adriana Lastra anunciara la intención de tipificar un nuevo delito de exaltación del franquismo. A mí lo que me parece delito de leso progresismo es sumergirse en la orgía permanente de engrosamiento de un Código Penal que es ya demasiado tupido y demasiado duro y demasiado usado para solucionar conflictos que deberían encontrarse fuera de sus márgenes. El mensaje que se envía a la sociedad es demoledor. El otro día varios oyentes pedían en uno de los programas que hago que se convierta en delito mentir. ¿Ven? Las inercias tienen peso y la inercia de una derecha que ha convertido el Código Penal en su libro de cabecera, que lo ha hecho crecer a golpe de víscera y de populismo y de búsqueda de aplausos y de captación de las víctimas, está ahí. Ruego, por favor, al Gobierno de coalición progresista que reflexione antes de convertirse en lo mismo que llevamos criticando tanto tiempo.

No solo no hay que crear ningún delito de opinión más, sino que existe la obligación de desmontar el andamiaje represivo que se ha ido construyendo por la derecha a golpe de populismo punitivo y de electoralismo fácil. Los argumentos de los que, dolidos por el uso represivo de la derecha y la derecha judicial –la mayoría–, se consuelan pensando en poderles aplicar la misma medicina a los fachas no solo son espurios, sino que son peligrosos. Lo siento, pero no podemos ser iguales que ellos. Esto debe ser lo que algunos de mis contertulios del lado contrario llaman en un lamento “la superioridad moral de la izquierda”. Pues sí, si somos superiores en términos de coherencia y moralidad, no queda sino demostrarlo. Eso no hará a nuestros principios más débiles, sino que los reforzará.

Un nuevo “delito de exaltación del franquismo” es una aberración y, además, no me cabe duda de que supondría un revolcón para el Gobierno en términos de constitucionalidad, porque hace mucho que sabemos que no somos una democracia militante y porque ya nos ha dicho el Tribunal Constitucional que las ideas o ideologías están amparadas por la libertad de expresión, si no hay incitación a cometer delitos concretos o a crear un clima real de violencia (STC 235/2007).

En segundo lugar, no serviría para nada. Ese tipo penal no nos va a librar de los fachas ni de los franquistas nostálgicos ni siquiera de los neofranquistas por esnobismo, tradición o ignorancia. Lo que es preciso para acabar con este renacer de lo franquista es aportar elementos de verdad sobre el régimen represor, para que aumente la intolerancia social y el reproche a todo aquello que huela a dictadura. Si quieren que les sea sincera, más efectivo sería a día de hoy crear un parque temático del franquismo o, mejor aún, un reality en el que los jóvenes pudieran disfrutar durante unos cuantos días de las delicias de vivir en un régimen represor de libertades. Ya verían, ya. Un par de semanas concursando sin derecho a Internet, con censura, sin porno y hasta sin besarse por la calle, obligados a hacer la mili y a recibir adoctrinamiento, sin poder hablar de política, sin poder meterse mano, ni hacer botellón, ni ser homosexuales, ni líquidos, detenidos por ello o por usar drogas o por practicar el poliamor, con música sacra y las discotecas cerradas por decreto religioso o tantas otras cosas. Denles un videojuego, un concurso o una escape room así y verán cómo decaen los ánimos de los pijitos que tontean con el fascismo.

El mero hecho de prohibir la expresión de una ideología haría las delicias de Franco, porque no es sino el primer paso para prohibir otras. Y ahí reside el tercer peligro, el de que una vez introducido un delito que afecte a una ideología, si bien sea esta execrable, vengan los de detrás y añadan “y el comunismo” y acabe la gente en la cárcel por citar a Gramsci. No se rían, que cosas como estas ya hemos visto en los años de Rajoy.

No, no necesitamos más delitos. Necesitamos que entren con la podadora y acaben con los delitos de opinión que han sido sembrados en el Código Penal y, lo que es peor, que están siendo utilizados, usando la figura de la acusación popular, como verdaderos arietes por, precisamente, la ultraderecha y sus mariachis.

Entren al Código Penal y deroguen de una vez.

Acaben con el delito contra los sentimientos religiosos que está siendo usado por los ultracatólitos para cegar la libertad de expresión. Ese delito está formulado de forma que contiene un fallo estructural. Ofender es libre y no ofende quien quiere. Ya saben. No es la ofensa a los sentimientos religiosos lo que puede ser delito –esto equivale a condenar por blasfemia– sino, en todo caso, la incitación a la persecución religiosa y eso, eso ya se recoge en los delitos de odio. Deróguese, pues. Tan simple como eso pero tan complicado para Willy Toledo, las del Coño Insumiso o los del carnaval de Cádiz.

Los propios delitos de incitación al odio se están intentando utilizar mal y más allá de las minorías sobre las que sí existe un riesgo cierto de persecución. A ese tipo también le falta el elemento de la incitación o de la creación de un peligro real y, aunque los tribunales lo aplican vía jurisprudencia, mejor sería que quedara claro, clarito, que luego pasa lo que pasa.

El delito de enaltecimiento, a pesar de que el Tribunal Constitucional introdujo también la necesidad de que existiera una incitación real a la comisión de actos delictivos, está siendo usado para enfangar en procedimientos larguísimos a un montón de tuiteros y particulares para que, al final, el Tribunal Supremo termine absolviéndolos. Mientras, la pena de banquillo y el sufrimiento psicológico que supone una acusación penal o una condena de instancia van haciendo el juego a los que, simplemente, quieren censurar el humor negro o la expresión de meras opiniones. Yo lo derogaría, la verdad. No hace ninguna falta y es una fuente de peligro.

Pero, desde luego, el que es un peligro real y debe ser inmediatamente derogado es el recogido en el artículo 504.2 del Código Penal como “injurias a la Policía”. A este artículo están recurriendo muchos pseudosindicatos y grupos ultras para reprimir las críticas a las actuaciones policiales, una vez que se les dijo que no podían usar la figura del delito de odio por no ser la Policía una minoría protegida. Es un delito arcaico que actúa como un verdadero delito de desacato a la Policía en un país en el que se ha eliminado hasta el desacato judicial. No contamos aún con jurisprudencia restrictiva para esta figura y, mientras, se les está aplicando como forma de represión a Romy Arce, Iñaki Rivera o Lorena Ruiz-Huerta. Este delito, señores progresistas, hay que tumbarlo. No hay vuelta de hoja.

Así que sí, hay mucho trabajo por delante en una reforma del Código Penal, pero ese trabajo no puede consistir en añadir más delitos que estrangulen la libertad de expresión, aunque sea de aquellos que despreciamos, porque además es bien sabido que, al final, todas estas acciones se acaban volviendo contra el menos pensado. Poden, aligeren, deroguen, supriman, tumben todo aquello que en los últimos tiempos se ha convertido en una restricción de la libertad de expresión.

Es cuestión de superioridad moral. ¡Qué quieren, afortunadamente, no somos como ellos!