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Los fiscales ponen en cuestión el futuro democrático

Cuando la Abogacía del Estado se ha atrevido a pedir penas más reducidas, la derecha ha golpeado sin piedad al gobierno, amenazándole con el averno

La democracia española va a sufrir y mucho si esta dinámica llega hasta donde sus impulsores tienen previsto que llegue

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Lo peor de todo, lo atroz, es el escrito de petición de penas que ha redactado la Fiscalía. Suena a tribunal militar de las peores épocas. Desprecia de la manera más absoluta cualquiera de las muy fundadas ideas contrarias a sus planteamientos que con profusión se han venido dando a conocer en los últimos tiempos. Habla como un dios que posee la verdad, aunque ésta se base en supuestos más que discutibles. Porque se siente poderoso e intocable adalid de una causa, la de la España eterna. Y para confirmárselo, cuando la Abogacía del Estado se ha atrevido a pedir penas más reducidas, la derecha ha golpeado sin piedad al gobierno, amenazándole con el averno si se atreve a dar un paso más. ¿Es eso un Estado de derecho?

Cuando Rajoy, superado por los acontecimientos y por su torpeza, entregó la gestión de la crisis catalana al aparato judicial, algunas voces denunciaron los peligros de la politización de la justicia. Ya lo habían hecho algunas veces antes. Ahora esos peligros están delante de nuestros ojos. Y  no como una amenaza sino como una realidad. Que unos funcionarios que no representan a nadie, pero que tienen ideología y amigos políticos, se crean que tienen la autoridad suficiente no sólo para pontificar sobre lo que ocurrió hace un año en Catalunya, sino también para decidir las consecuencias políticas, aparte de las penales, que esos hechos deben tener. Optando sin rubor por la posición que ante lo uno y lo otro tiene la derecha más intolerante y centralista.

La democracia española va a sufrir y mucho si esta dinámica llega hasta donde sus impulsores tienen previsto que llegue. La destrucción intencionada, mediante castigos ejemplares y terribles, de cualquier posibilidad de negociación y de entendimiento con el independentismo catalán será un drama para la sociedad española durante muchos años. Frente a eso de nada valdrá golpear de nuevo con la máxima dureza de la ley, que es lo único que saben hacer los fiscales y los jueces convertidos en líderes indiscutibles de la verdad de España.

¿Y si un día el objetivo nacional a batir no es el independentismo si no algún otro "ismo" que no comulgue con los valores de esa derecha y sus seguidores institucionales? ¿Por qué no se le podría aplicar el mismo rigor represivo, convertido en jurisprudencia si el proceso contra el 'procés' termina como ellos pretenden? ¿Quién se lo va a impedir si, al menos hasta ahora, solo los "separatistas" y la "izquierda radical", que ellos desprecian según la vieja retórica, se ha atrevido a denunciar las barbaridades que desde hace un año están cometiendo?

Sí, el proceso contra los independentistas aún no ha terminado y todavía pueden ocurrir muchas cosas antes de que se pronuncie la sentencia. Incluso que la Fiscalía General del Estado desoiga en el último momento, allá por el mes de marzo, el veredicto que su sala ha expresado ayer y rebaje sustancialmente las peticiones. O que se produzca alguna modificación de la actitud del Tribunal Supremo como consecuencia de la crisis que se ha abierto en el mismo a raíz del escándalo de la sentencia sobre las hipotecas. Pero la amenaza que para la democracia española implica que el aparato judicial se haya convertido en el nuevo demiurgo de la política española no se va a resolver con la maniobras que aún son posibles.

Es precisa una reacción de altura contra ese estado de cosas. Con el Gobierno a la cabeza. Bien asesorado para evitar una crisis institucional. Dejando bien claro que su actitud no implica intención alguna de que los hechos de septiembre y octubre de 2017 queden impunes, pero también que no se pretende venganza alguna al respecto. Y proponiendo algo así como una tregua con el independentismo. A cambio de que éste aparque provisionalmente sus planes políticos mientras se hace frente a la ofensiva política del aparato judicial y la derecha.

Y sin temor a las consecuencias electorales que esos movimientos puedan tener. Entre otras cosas, porque pueden no ser muy grandes. ¿Puede la derecha, el PP y Ciudadanos, seguir para siempre haciendo campaña únicamente con la bandera de una Catalunya española y demonizando al independentismo y a quienes no lo denuesten sin reservas? ¿Cuántos españoles, incluidos los que menos simpatizan con Catalunya o con sus causas, comparten la ideología que sostiene el escrito de la Fiscalía y los planteamientos del juez Llarena? ¿Cuántos creen que, visto lo visto, el independentismo catalán se puede domeñar a base de golpes, por muy terribles que éstos sean?

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