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Los réditos de la incoherencia

La querella presentada por una asociación de abogados de Madrid contra la jueza belga que investiga a Llarena, contra el abogado Boye y contra Puigdemont y los exconsellers es surrealista y genera hilaridad entre los juristas

No puedo avanzarles qué réditos concretos buscan estos abogados jugando esta carta. Quizá crean que sus despachos van a llenarse de españoles muy españoles y mucho españoles tras esto

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La defensa de Llarena considera que Bélgica no es competente para juzgarle

Los abogados Hakim Boularbah y Gonzalo Boye EFE

Esta es la historia de unas personas que por mor de criticar y combatir una cosa de la que abominan terminan haciendo lo mismo y elevado a la enésima potencia. Sí, esta es la historia de los preclaros defensores de la indemnidad de la jurisdicción española y de la limpieza del juego jurídico y que para limpiarlo de añagazas se convierten en trileros. Esta es, en definitiva, la historia de los que para combatir lo que consideran un inaceptable ataque a la independencia del españolísimo Llarena, a través de una demanda civil en Bélgica por declaraciones privadas, se dejan caer con un asunto penal contra una jueza belga por un acto realizado con toga y en sala de vistas.

Ustedes juzgarán. Yo me he pasado varias horas hablando con reputados juristas que trabajan en tan distintos ámbitos como la abogacía, la alta judicatura o la cátedra y me he divertido mucho con sus espantos: "Querella delirante", "absoluta gilipollez sin sentido", "demencial", "de chiste". Algunos de ellos opinan también que la demanda civil belga no tendrá recorrido; pero aquí de lo que se trata es de este nuevo y surrealista movimiento sobre cuyos posibles objetivos hablaremos más tarde. La llamada 'Asociación Movimiento 24DOS para la defensa del derecho de defensa', que se constituyó por abogados para optar a la presidencia del Colegio de Madrid, ha presentado una querella contra la jueza belga que celebró la vista del martes, contra el abogado Boye dicen que como director letrado de la demanda belga y contra Puigdemont y los cuatro exconsellers como demandantes además de a la traductora jurada. Los acusa de los delitos de prevaricación y usurpación de funciones (a la jueza belga Dessy), de inductor a la prevaricación de la jueza y del delito de presentación de traducción falsa o de falsedad documental (al abogado Boye) y de también inducción a la prevaricación y a la usurpación de funciones de la jueza (sic) a los demandantes.

Esperen, respiren. Sí, unos abogados están diciendo en una querella presentada ante la Audiencia Nacional que la jueza que se puso la toga y se sentó a cumplir el procedimiento civil belga prevaricó y usurpó funciones pero, si aún se pueden sujetar a la silla, esos mismos abogados añaden que un abogado indujo a la jueza a hacerlo y que los propios clientes indujeron a la magistrada a cometer ese delito. Sin duda hasta el más profano verá lo absurdo del planteamiento que sería hilarante si no fuera un síntoma más de lo que está sucediendo y del 'todo vale' si te alineas con el lado correcto. Sucede que, intentando imitar los pasos de los estrategas legales de los ex miembros del Govern, y puede que por ser personas tan de orden y tan de la casta, pues como que no son capaces ni de construir mínimamente un armazón legal que se sujete siquiera para la foto.

En primer lugar, y según todos los expertos consultados, son incapaces de sustentar siquiera de forma mínima que España tenga jurisdicción para un asunto así. Se remiten a la competencia de la Audiencia Nacional para unos u otros delitos pero olvidan justificar por qué España tiene jurisdicción en este caso. El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la jurisdicción española incluso para la ya restringida jurisdicción universal, no contiene ningún punto que permita afirmar que España tiene jurisdicción en este asunto. En primer lugar porque no serían delitos cometidos por españoles en territorio español ni tampoco por españoles en territorio extranjero (la jueza es belga y el abogado alemán/chileno) ni estarían comprendidos entre los considerados de Justicia Universal.

Tampoco forman parte de los delitos del 23.3 que permitirían perseguir a extranjeros en el extranjero. Así que, haciendo un juego de prestidigitación, nos dicen que hay competencia porque aplican la teoría de la ubicuidad. La citada teoría viene a decir que un delito se entiende cometido en el lugar de la acción y también en aquel en el que se produzcan los efectos. Claro que, olvidan de forma inexplicable, que la teoría de la ubicuidad es predicable de la competencia y no de la jurisdicción y es que, definitivamente, los juristas de bien no valen para estas encomiendas. Resumiendo, que esa teoría sirve para determinar si son competentes los juzgados andaluces o los madrileños pero que no se refiere a la jurisdicción española sobre actos fabulosamente delictivos cometidos en el extranjero. "No se molestan ni en hacer una construcción mínimamente aceptable que justifique la jurisdicción extraterritorial española", comenta socarrón alguien puñetero.

Respecto a los delitos que imputan, sólo he encontrado hilaridad. "Es de chiste que se considere usurpación de funciones aquí la actividad de un juez que admite una demanda en su país" y más si lo plantean como remedio contra la inaceptable actitud de los defensores de los procesados expatriados por sus abogados. "Una traducción infiel tampoco sería una falsedad, porque el juez debe verificar la traducción por sus propios medios y además tampoco se produce en España", continúa otro pasmado togado.

La primera querella presentada por VOX contra la juez belga ha caído por reparto informático en la juez Lamela que la envió ayer mismo a la Fiscalía para su informe. La presentada por los prestigiosos abogados entró por guardia en el Juzgado de Instrucción Nº 5 pero ha ido como es preceptivo a reparto al decanato y me informan de que será acumulada con la anterior en el juzgado de Lamela. Las apuestas que me cruzan los que saben me indican que es casi impensable que la Fiscalía apoye con su informe una querella de este tipo, pero ya nuestros ojos han visto tanto...

En todo caso no puedo avanzarles qué réditos concretos buscan estos abogados del establishment jugando esta carta. Lo que es seguro es que no juegan a pérdidas. Que un catedrático de procesal amigo de Marchena, un ex miembro del Tribunal Supremo hermano de Victoria Prego y una prestigiosa letrada mujer de Pedro J. Ramírez hayan intentado emular en plan cutre a los, según ellos, "fraudulentos y falsarios" abogados de Puigdemont no sabemos qué ventaja les puede reportar. Quizá crean que sus despachos van a llenarse de españoles muy españoles y mucho españoles tras esto. Tal vez busquen amedrentar a otros abogados en sus defensas o sólo posicionarse en el lado que estiman irremisiblemente ganador o hacerse simpáticos ante los magistrados que verán sus asuntos. Eso sólo ellos lo saben. Ahora sólo nos falta ver si hay alguien más dispuesto a seguirles por esta senda tan dudosa. Ya ni lo más peregrino puede darse por imposible si contribuye al único fin que ahora es relevante. Ese es el drama.

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